Repliegue detenido, escoltas abortadas, calles vacías... Confusión policial por la DUI

La fórmula que eligió Carles Puigdemont para lanzar la declaración unilateral de independencia (DUI) no solo ha generado incertidumbre entre los partidos constitucionalistas. El presidente del Ejecutivo catalán también provocó el desconcierto de los mandos del Ministerio del Interior que dirigen el dispositivo de seguridad en el que participan más de 6.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplazados a Cataluña desde todos los puntos de España. La crisis política parece haber entrado en una nueva fase, con el artículo 155 de la Constitución encima de la mesa, que obliga a repensar el despliegue.

La confusión reinó este martes por la tarde. Los mandos policiales habían preparado un plan de reacción que contemplaba como única hipótesis que el presidente del Govern proclamaría la creación de un Estado propio. Ante el elevado riesgo de que sus palabras precipitaran una ofensiva de los sectores independentistas contra la Administración central, Interior reforzó la protección de infraestructuras críticas, como centros de producción de energía, aeropuertos y puertos, e incrementó la vigilancia de los organismos oficiales del Estado en Cataluña, sobre todo en Barcelona, como la Delegación del Gobierno, la sucursal del Banco de España y las instalaciones centrales de la Agencia Tributaria en la comunidad.

A las 18:00, ante la inminente proclamación de la independencia, los mandos de la llamada operación Copérnico decidieron enviar agentes de la Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional a las inmediaciones del Parlament para asegurar la salida de los diputados contrarios a la secesión. Los Mossos d'Esquadra habían diseñado un ambicioso plan de seguridad que incluyó el blindaje del parque de la Ciudadela, en cuyo interior se encuentra la Cámara legislativa. Decenas de efectivos de la policía autonómica controlaron los accesos al parque, más de 200 agentes de su unidad antidisturbios se apostaron junto al Parlament y otros 'mossos' recorrieron armados el interior de la Cámara durante toda la sesión.

Sin embargo, ante el clima de desconfianza que desató la actuación de los Mossos en la consulta del 1-O y la acumulación de evidencias de que agentes de ese cuerpo habrían conspirado para torpedear las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional, los responsables de Interior prefirieron movilizar a sus propios efectivos para garantizar que los representantes de Ciudadanos, Partido Socialista de Cataluña (PSC) y Partido Popular pudieran abandonar el Parlament sin incidentes.

Nada ocurrió como estaba previsto. Apenas una hora después de que las furgonetas de la UIP llegaran al parque de la Ciudadela, los agentes comprobaron que los independentistas que se habían concentrado en la zona para celebrar lo que debía ser un momento histórico comenzaban a marcharse a sus hogares por la decepción de una DUI suspendida. La retirada fue tan masiva que los grupos de UIP optaron por alejarse para evitar que los secesionistas tuvieran la tentación de arremeter contra ellos para aliviar su frustración. Y solo minutos después, ante la disolución de los congregados, los jefes del despliegue ordenaron a la UIP que regresara a su base.

El formato elegido por el Gobierno catalán para mantener su órdago secesionista también provocó dudas en Interior durante las horas siguientes. Tras la proclamación de la DUI y su paralización ocho segundos después, la Dirección General de la Policía Nacional comunicó a las 21:30 a todos los efectivos de las comisarías de Información y Policía Judicial desplazados a Cataluña desde el resto de puntos de España que se preparan para regresar este miércoles a sus ciudades de origen. Sin embargo, tras conocer que los diputados del Junts pel Sí y la CUP estaban firmando una declaración de independencia que no incluye ninguna referencia a su supuesta suspensión, la Dirección General volvió a telefonear una hora después a los responsables de esas unidades para darles una contraorden. La operación retorno quedaba paralizada. En ese lapso de tiempo, muchos agentes ya habían llamado a sus familias para anunciarles que regresaban inmediatamente a casa. La noticia se desvaneció antes de que nadie pudiera celebrarla.

Por la noche, se temía que el desengaño que habían sufrido los independentistas más radicales por la decisión del Govern pudiera degenerar en disturbios y altercados, pero las calles de Barcelona se quedaron completamente vacías cuando concluyeron los actos del Parlament en torno a las 22:30. Los defensores de la ruptura inmediata con España decidieron procesar la derrota en la cama.

Los servicios de Información vaticinan ahora la entrada en un periodo de calma. Pero, en un nuevo giro de incertidumbre, predicen que esta nueva fase caducará casi con absoluta seguridad la próxima semana, cuando se cumplan los plazos que el Gobierno de Mariano Rajoy ha dado al Ejecutivo de Puigdemont para que aclare si ha proclamado o no la independencia. De la respuesta depende que PP, PSOE y Ciudadanos accionen el mecanismo para aplicar el artículo 155, que abriría otro escenario en el que los sectores más radicales del secesionismo volverían a sentir la pulsión de regresar a la movilización callejera para escenificar la desobediencia al Estado de derecho e imponer la hoja de ruta más dura.