Rajoy activa la maquinaria para tumbar la 'declaración trampa' de Puigdemont

Mariano Rajoy responderá este miércoles a la declaración de independencia con freno (suspensión provisional) pero sin marcha atrás que anunció Carles Puigdemont en el Parlamento autonómico catalán con el fin de alargar el proceso secesionista y buscar una "internacionalización del conflicto". El presidente del Gobierno convoca un Consejo de Ministros extraordinario para estudiar medidas de réplica, las mismas que tenía previstas en previsión de esa proclama del presidente de Generalitat "en diferido": constitucionales como la aplicación del artículo 155 y legales complementarias como la Ley de Seguridad Nacional.

La 'declaración trampa', que queda más en evidencia con el texto suscrito después por los partidos del bloque independentista para poner en marcha la república nacionalista catalana, aspira a añadir incertidumbre y confundir a los partidarios del diálogo por encima de todo con tal de que se acepten las vulneraciones de la Constitución, las leyes y la convivencia en Cataluña. Ese es el primer análisis que hizo el Ejecutivo después de asistir al último espectáculo de Puigdemont en la Cámara catalana.

"Sin volver a la ley y a la democracia no cabe mediación ni diálogo", advirtió la vicepresidenta, Soraya Sánz de Santamaría, antes y después de oír al jefe del Ejecutivo autonómico en su confuso anuncio de "asumir" primero la proclamación de independencia fruto del referéndum ilegal del 1-O, dejarla en suspenso segundos después para dialogar (desde los delitos consumados) y firmar después con sus aliados separatistas un compromiso de ponerla en marcha después.

En La Moncloa, donde desde el principio hablaban de 'declaración trampa', constataron después la intención de Puigdemont de ganar tiempo y buscar complicidades dentro y fuera de España para presentarse como el primer partidario del diálogo que Pedro Sánchez propugna como salida al conflicto. Pero lo hacía sin dar un paso atrás, sin renunciar a sus leyes de ruptura impuestas en la Cámara catalana. Era un trágala que no 'compró' ni su principal destinatario: el PSOE.

Pese a las claras palabras del presidente de la Generalitat al respecto, desde el PSC cuestionaron incluso que Puigdemont hubiera proclamado la independencia. El Gobierno, el PP y Ciudadanos entendían lo contrario, y las tres asociaciones de fiscales suscribieron un comunicado en el que sostenían además que se había consumado "el golpe al Estado de derecho y al régimen de libertades de todos los ciudadanos, fracturando el orden constitucional básico para una convivencia pacífica".

Rajoy llamó a La Moncloa a Pedro Sánchez para analizar el último movimiento de los secesionistas y volver a recabar su apoyo para las medidas que apruebe el Consejo de Ministros. Después de la breve declaración de Sáenz de Santamaría para descalificar la maniobra de Puigdemont y de la visita del secretario general de los socialistas, su número dos, José Luis Ábalos, se sumaba a las críticas constitucionalistas a la impostura del presidente de la Generalitat. El dirigente del PSOE anotaba el proceder del independentista al hablar de diálogo y exigir al tiempo por escrito una negociación bilateral entre estados, desde fuera de la ley y sin darle forma jurídica alguna con el fin de evitar las responsabilidades legales y penales.

Sáenz de Santamaría anunció que el Consejo de Ministros procederá a tomar medidas de réplica al nuevo paso dado por Puigdemont y que procurará buscar el máximo consenso sobre las mismas entre los partidos que apoyan al Gobierno frente al desafío independentista, el PSOE y Ciudadanos. A falta de comprobar hasta dónde llega la discrepancia entre la opinión de Sánchez y la posición del PSC, Rajoy puede acometer hoy el primer trámite de aplicación del artículo 155 de la Constitución, como es requerir formalmente a Puigdemont para que cumpla las leyes que viola, o intervenir las competencias sobre el mando de la policía autonómica catalana por la vía de la Ley de Seguridad Nacional. También podría apostar por las dos al mismo tiempo, dadas las pruebas acumuladas contra los mandos de los Mossos sobre sus prácticas sediciosas (implicación en el golpe del día 1-O) y el hecho de que el Senado tardaría algunos días en aprobar la intervención general de la Generalitat.