EXIGIRÁ AL PP QUE CUMPLA LO PACTADO

Limitar mandatos, ley electoral... Rivera dará la batalla de la regeneración a Rajoy

Rivera tiene claro que la batalla para los próximos meses serán la limitación de mandatos, la reforma de la ley electoral y el resto de acuerdos que el PP ha sorteado hasta ahora

Foto: Mariano Rajoy y Albert Rivera formalizan el pacto de investidura justo hace un año, en agosto de 2016. (EFE)
Mariano Rajoy y Albert Rivera formalizan el pacto de investidura justo hace un año, en agosto de 2016. (EFE)

El periodo de sesiones que arrancará en pocos días supone el inicio de un nuevo curso político en el que los objetivos de cada formación están prácticamente definidos. Se cumple precisamente un año del pacto firmado entre PP y Ciudadanos para reelegir presidente a Rajoy, y los nuevos partidos ya no son tan nuevos, al menos en lo que a ingenuidad política se refiere. La relación entre los socios de investidura ha pasado por momentos estables y otros más complicados. Los centristas cifran en un 20% el cumplimiento del acuerdo suscrito con el Gobierno y tienen claro que la batalla para los próximos meses debe ser el bloque referido a la regeneración democrática. Las medidas impulsadas para la lucha contra la corrupción constituyen, fuera de toda duda, el máximo escollo entre ambas formaciones. El partido naranja, sin embargo, está decidido a atajar el escaqueo.

En septiembre, la prioridad del Ejecutivo será iniciar las negociaciones de los Presupuestos de 2018. Ciudadanos volverá a jugar un papel clave para su aprobación, como ocurrió en los del presente ejercicio, y están convencidos de seguir trabajando para dar estabilidad y conseguir arrancar algunas de sus propuestas para el próximo año. Fuera del marco económico y en uno estrictamente legislativo, el equipo de Rivera tiene claras sus prioridades: abordar de una vez por todas la limitación de mandatos (punto 96 del acuerdo), seguir adelante con la reforma de la ley electoral y luchar por suprimir los aforamientos.

Los tres puntos fueron compromisos adquiridos por el PP. El problema es que los tiene atragantados y no es partidario en absoluto de sacarlos adelante. Con respecto al primero, la limitación de mandatos, volvió a la palestra pública hace solo unas semanas cuando Rajoy pronunció cinco palabras mágicas: "Me encuentro en plena forma". Se refería a ganar las próximas elecciones a pesar de la encuesta del CIS, que alertaba de una importante bajada para el PP en la intención de voto. Además, Albert Rivera sacó este miércoles a relucir la citada limitación de mandatos en el transcurso de la comparecencia de Mariano Rajoy en el Pleno del Congreso para ser interpelado por la trama Gürtel.

Los integrantes del equipo negociador del PP y Ciudadanos, durante el pasado verano. (EFE)
Los integrantes del equipo negociador del PP y Ciudadanos, durante el pasado verano. (EFE)

El punto 96 del acuerdo no deja lugar a dudas: "Establecer el compromiso de que quien haya ostentado durante ocho años consecutivos el cargo de presidente del Gobierno no opte a la reelección. En el seno del Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia, se procurarán las fórmulas precisas para regular este compromiso". Aunque las quinielas de la posible sucesión son inevitables en las filas populares, el debate real sobre esa cuestión es inexistente en el Partido Popular. De hecho, los dirigentes conservadores han insistido en más de una ocasión en que el pacto con Ciudadanos entraría en vigor a partir de la firma (el segundo mandato) y que, por tanto, la primera legislatura no debería computar en el máximo de ocho años. Es decir, allanan el camino para que Rajoy aspire a la reelección.

En la formación de Rivera no lo ven con los mismos ojos. Más allá de los deseos del PP, insisten en que se trata de un compromiso para regenerar la vida pública y dar oxígeno a las instituciones. "Lo han firmado y lo que se firma, hay que cumplirlo", zanjan.

La reforma de la ley electoral constituye otro de los objetivos para los centristas. El pasado marzo, el Congreso aprobó la creación de una subcomisión para estudiarla con el fin de adaptarla a las actuales demandas sociales. Ciudadanos defiende la necesidad de desbloquear las listas electorales y que el voto sea más proporcional, frente a los "desequilibrios exagerados" que existen dependiendo de la provincia. Aunque estaba previsto que los trabajos se prolongaran hasta diciembre, en el partido de centro temen que se vayan a aprobar prórrogas sucesivas de seis meses. Más todavía teniendo en cuenta que la coordinación de la subcomisión recae en el presidente de la comisión Constitucional, el popular Jesús Posada.

El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando (i), y el portavoz de C's, Juan Carlos Girauta. (EFE)
El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando (i), y el portavoz de C's, Juan Carlos Girauta. (EFE)

La supresión de aforamientos pertenece al mismo bloque de regeneración, al tercero, y está recogida en el punto 94. El gran obstáculo para llevarla a cabo radica en que es necesaria una reforma de la Constitución. Aunque Albert Rivera acordó con Pedro Sánchez en su último encuentro el impulso de una mesa de trabajo preliminar sobre un posible cambio en la Carta Magna, ambos son conscientes de las enormes dificultades que encontrarán para que haya un consenso suficiente. Sin el PP, no será posible sacarla adelante: primero, porque se necesitan dos tercios de la Cámara Baja, y segundo, porque tiene la mayoría absoluta en el Senado.

Aun así, el caso murciano es el que ha animado en estos meses a Ciudadanos a seguir apostando por que la iniciativa salga adelante. El pasado abril, la Asamblea de Murcia se convirtió en el primer parlamento autonómico que aprobó la modificación de su estatuto para eliminar ese privilegio a todos sus diputados. Fue la última condición que los centristas pusieron al Partido Popular para seguir apoyándolo en la Región después de que Pedro Antonio Sánchez dimitiera. Eso sí, la modificación del estatuto tendrá que ser ratificada por las Cortes Generales para entrar en vigor, en un proceso que puede alargarse un mínimo de seis meses.

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