10% de recargo: así traficaba la Federación con la final de España en el Mundial

El tráfico de entradas de grandes partidos de la selección española para enriquecimiento ilícito de directivos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha convertido en uno de los focos de la investigación sobre las actividades de la trama destapada a través de la operación Soule. Un denunciante ha aportado en la Audiencia Nacional pruebas que apuntan a la reventa irregular de 'tickets'. Según explica en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, directivos de la RFEF vendían los pases con recargo, minutos antes de los encuentros, y exigían el pago en efectivo. Esta forma de actuar se desarrolló durante años a gran escala y salpica, además de al organismo deportivo español, a personas de la FIFA, asegura el denunciante.

Como figura central aparece el presidente de la RFEF, Ángel María Villar, que salió de prisión hace unos días tras ser encarcelado por el desvío de fondos de la Federación en beneficio propio y de sus allegados. El denunciante, Pablo Casanova, explica que compró 40 de estas entradas hace siete años, menos de media hora antes de la histórica final que enfrentó en el Mundial de Sudáfrica a España con Holanda. Ha entregado al juez encargado de la causa, Santiago Pedraz, un contrato de compraventa manuscrito en el que un directivo de la RFEF exige aplicar al coste de 40 entradas un recargo de un 10 por ciento en concepto de "gastos de gestión". Otra de las exigencias de esta reventa de lujo, minutos antes de que comenzara la final, fue que el pago (más de 45.000 euros) se efectuara en efectivo, afirma el denunciante.

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Casanova era por aquel entonces administrador de una de las agencias de viajes que ofrecía desplazamientos a Johannesburgo para asistir al encuentro en el que un gol de Iniesta dio a España su primer triunfo en un mundial. Quería ofrecer un paquete comercial que incluía el viaje de ida y vuelta, traslados al hotel y entradas para ver el partido de fútbol. Las cosas no salieron como planeaba y se encontró, poco antes del partido, con que no contaba con los 'tickets' que sus clientes ya habían adquirido.

Según su relato, "ante esa situación patética y angustiosa, y prácticamente cercana la hora del evento" intentó conseguir esas entradas que faltaban con la urgencia que requería la situación. Encontró en el hotel donde se alojaban los directivos de la RFEF a un empleado que le remitió a Ángel de Pedro, directivo de la Federación Española de Fútbol y responsable de la venta de entradas. De Pedro es, además, hermano de la secretaria personal de Villar, añade el denunciante.

Casanova contactó directamente con De Pedro, que le ofreció solucionar parcialmente su problema vendiéndole a crédito 40 entradas de diferentes categorías en el mismo 'hall' del hotel. En concreto, 11 a 1.300 dólares, 26 a 900 dólares, dos a 600 y una a 400. El escrito asegura que "a pesar de lo angustiado que estaba por el engaño de que había sido objeto, De Pedro le comunicó que se debería añadir al precio una tarifa en concepto de comisión del 10%".

Todo se plasmó en un documento manuscrito que redactó el propio directivo y en el que identificó claramente el 10% de esa comisión. En este documento se acordó el pago en un número de cuenta pero, siempre según el denunciante, después de la final recibió una llamada de la RFEF en la que se le exigió una entrega en efectivo. El pago se efectuó en la propia sede de la RFEF. Casanova entregó en un sobre la cantidad total de 45.297 euros siguiendo las instrucciones recibidas, "cantidad muy superior a la oficial".

El denunciante trata ahora de defender su inocencia tras ser condenado por incumplir el compromiso adquidido con los clientes de su agencia. Las entradas compradas al representante de la RFEF no alcanzaban para que todos fueran al encuentro. Ha presentado escritos ante el Tribunal Supremo y el Constitucional en los que defiende ser un estafado más del ciudadano norteamericano con el que cerró la venta inicial, Aaron Michael Isley, responsable de la empresa Euroteam. El nacional de EEUU ha aceptado dos años de prisión tras admitir que comercializó entradas falsas que dejaron sin la final del triunfo a decenas de personas.

"La operativa de desvío de dinero y entramado de reventa de entradas, sin duda está relacionada al caso que nos ocupa", dice, y apunta que existen "claros indicios" de que fue engañado por una supuesta trama o banda organizada compuesta "por miembros y directivos de la RFEF y de la FIFA". "Hay indicios de que la Federación compraba las entradas a la FIFA o a la UEFA, las pagaban con fondos propios de la propia RFEF y después, las vendía, desconociéndose los ingresos íntegros de esas ventas". Ni dónde fueron a parar.

"En cuestión de minutos"

"En medio de todo ello aparece la RFEF, que horas antes de la final del mundial de Sudáfrica disponía de al menos 40 entradas de diferentes categorías y sin conocer absolutamente de nada a Casanova, le redactó un documento manuscrito por un directivo de la RFEF donde se fijaba incremento de un 10% del precio oficial de las entradas", resume el denunciante, que concluye: "La RFEF se apropió supuestamente de una cantidad importante en cuestión de unos minutos".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional apuntó en el auto por el cual decretaba prisión para Villar, su hijo Gorka y Padrón que al menos desde 2009 el directivo creó un entramado para la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos para garantizar su permanencia al frente del puesto que ostenta desde el año 1988. Apuntó de forma concreta a la reventa ilegal de entradas en relación con la Federación tinerfeña.

Pedraz sospecha que Villar nombraba a su antojo a los miembros de la junta directiva, a modo de recompensa para premiar la lealtad de los presidentes de las federaciones afines o vetar a los que le son contrarios. También benefició económicamente a los que favorecieron su candidatura. El magistrado destacó que estableció una red de "clientelismo" para la contratación del personal que recae en familiares de los acusados como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros. Además, afirmó que los acusados cometieron estos hechos con la voluntad "de enriquecerse y favorecer el enriquecimiento de terceros".