Cortés Elvira, secretario de Estado con Felipe González, cobró de la red clientelar de Villar

El que fuera secretario de estado para el Deporte durante el último gobierno de Felipe González, Rafael Cortés Elvira, ha sido señalado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz como uno de los miembros de la red clientelar conformada durante los últimos años en torno al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, detenido el pasado martes y enviado dos días después a la prisión de Soto del Real sin fianza en el marco de la operación Soule.

Según entiende el magistrado, el máximo representante del organismo deportivo compraba las voluntades de los delegados territoriales federativos dándoles "muchos millones" -como confesó él mismo en una conversación telefónica en referencia a la Federación de Fútbol de Madrid- a cambio de obtener el respaldo de estos presidente regionales a su candidatura o a determinadas iniciativas políticas. Además, el juez considera que Villar y otros directivos de la RFEF facilitaron el desvío de fondos a miembros de la propia federación o a personas y mercantiles afines a través de la suscripción de contratos desventajosos para el órgano deportivo y muy beneficiosos para los receptores.

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Entre estos últimos estaría el mencionado Cortés Elvira, quien creó en 2004 la sociedad Esinet junto a la nueva de Villar, Mónica Han Cho, esposa de Gorka Villar, el hijo del presidente federativo, con el fin de establecer contratos con la RFEF para -según sospechan los investigadores- cobrar fondos del organismo a través de empresas intermediarias. Asimismo, el exsecretario de Estado creó en 2003 la mercantil General de Asesoramiento Corell con su esposa, Elena Herrero González, jefa a su vez de los Servicios Médicos de la Federación Española de Fútbol. Cortés Elvira percibió 1,5 millones de euros entre 2010 y 2012 a través de esta última sociedad del Grupo Santa Mónica, que el juez considera como un instrumento para abonar favores por parte de Villar.

"Existe una vinculación entre el Grupo Santa Mónica y la RFEF próxima al sistema de clientelismo, por la que personal de dirección de la RFEF percibe retribuciones dinerarias tanto de la propia federación como simultáneamente del Grupo Santa Mónica", subraya Pedraz en el auto que sirvió ayer para orden la prisión sin fianza tanto de Villar como de su hijio Gorka y del vicepresidente económico de la RFEF y máximo responsable de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Juan Padrón, virtuales cabecillas de esta trama que se ha extendido durante años.

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El instructor de esta causa, iniciada tras la interposición de una denuncia por parte del Consejo Superior de Deportes ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha dirigido la investigación hasta ahora, entiende que el Grupo Santa Mónica ha podido ser un instrumento al servicio de Villar. "Las relaciones entre el grupo y destacados dirigentes de la RFEF y organismos vinculados se han plasmado en la celebración de contratos entre empresas y Santa Mónica que conceden unos márgenes muy elevados al adjudicatario", superiores a los precios del mercado, con unas "comisiones fuera de los parámetros habituales", destaca Pedraz, quien destaca la "relación personal" que existía entre el propietario del grupo, el fallecido Jesús Samper, y el propio Villar.

De hecho, con Samper aún vivo, entre 2012 y 2013, tuvo lugar una operación entre la RFEF y Santa Mónica liderada por Villar y Padrón que la Audiencia Nacional considera que "cercenó de manera manifiesta los derechos y expectativas económicas de la Federación" y "causó un grave perjuicio a las arcas federativas a favor de los intereses del Grupo Santa Mónica". Sin mencionar el incumplimiento de contrato en el que había incurrido el conglomerado de Samper, la RFEF resuelve el mismo de modo llamativamente favorable a Santa Mónica, que en ese momento tenía una deuda con el organismo federativo de 19,8 millones de euros.

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De esa cantidad, 14,8 millones se compensaron "con las retribuciones tanto devengadas como por devengar a favor de Santa Mónica como consecuencia de un contrato de patrocinio" y 4,9 millones fueron condonados como "compensación por la renuncia a determinados derechos que pasaba a recuperar la RFEF". Además, la Federación cedió al grupo empresarial los derechos de cobro sobre Iberdrola, Telefónica y Movistar valorados en 17 millones de euros así como futuros derechos "que surgieran del canon fijo de determinados partidos". Con este acuerdo, la RFEF también renunciaba a percibir el 50% de los ingresos por los años de vigencia, lo que hubiera supuesto el ingreso de 15 millones más para las arcas federativas "sin ningún riesgo de cobro".

En definitiva, un agujero económico para el órgano federativo que el juez Pedraz cifra en 51,7 millones de euros, cantidad que la RFEF dejó de percibir sin motivo aparente alguno. Villar y Padrón -continúa el titular del Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional- tomaron la decisión de firmar esta resolución de contratos con Samper no solo al margen de la Junta Directiva de la RFEF sino incluso en contra de su criterio.