es "una afrenta a las víctimas del terrorismo"

Gobiernos de Euskadi y Navarra critican la respuesta de la AN a la agresión en Alsasua

Dejan entrever que la detención de ocho personas y el ingreso en prisión incondicional de seis de ellas acusadas de un delito de terrorismo obedece a presiones políticas

Foto: Concentración en Alsasua de familiares y amigos de los detenidos por la agresión a dos agentes de la Guardia Civil. (EFE)
Concentración en Alsasua de familiares y amigos de los detenidos por la agresión a dos agentes de la Guardia Civil. (EFE)

Con ETA inactiva, cada operación policial y judicial llevada a cabo contra el entramado terrorista ha sido puesta en cuestión por el nacionalismo vasco y las instituciones que controla. Lo hizo con la reciente detención del último jefe de la banda terrorista, Mikel Irastorza, y ahora ha puesto en entredicho la respuesta de la Audiencia Nacional a la brutal agresión que sufrieron dos guardias civiles fuera de servicio y sus respectivas parejas en Alsasua (Navarra). En esta ocasión, además, el PNV ha ido un paso más allá, al dejar entrever que la detención de ocho personas y el ingreso en prisión incondicional de seis de ellas acusadas de un delito de terrorismo obedece a una decisión que no se limita al terreno judicial.

Gobiernos de Euskadi y Navarra critican la respuesta de la AN a la agresión en Alsasua

Los gobiernos vasco y navarro, en manos del PNV, no han dudado en arremeter contra la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ha dado plena legitimidad al testimonio de los guardias civiles agredidos en su auto, que recoge un relato pormenorizado de los hechos que enmarca de forma rotunda dentro de un supuesto delito de terrorismo. Ambos ejecutivos han dejado entrever sus sospechas de que la decisión de la Audiencia Nacional responde a presiones políticas que trascienden la labor de la Justicia, al calificar de “sorprendente” que la agresión sea investigada ahora como un delito de terrorismo, cuando las primeras actuaciones judiciales, los informes periciales de la Guardia Civil y las declaraciones iniciales del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, no traspasaban la línea de un posible delito de odio.

Uxue Barkos asume la versión ‘abertzale’ en contra del montaje policial, al afirmar que todo lo que rodea a la agresión forma parte de un “relato multimediático”

Los escenarios fueron diferentes, pero el discurso de ambos gobiernos fue similar. El portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Josu Erkoreka, puso en cuestión este martes la decisión judicial en la tradicional rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, y horas después lo hizo la presidenta de la Comunidad Foral, Uxue Barkos, en el Parlamento de Navarra, donde compareció a instancias de PP y UPN para valorar la agresión y la posterior actuación judicial.

Barkos respaldó a su consejera de Interior y Justicia, María José Beaumont, que en unas polémicas declaraciones realizadas el día anterior denunció que las detenciones no eran “necesarias”, dado que dos de los detenidos ya habían declarado ante la jueza de Pamplona y otros “se habían personado también para declarar voluntariamente”. Además, horas antes de la comparecencia de Barkos, calificó de “exageración” la decisión de decretar el ingreso en prisión de seis de los ocho detenidos. La presidenta de la Comunidad Foral compartió con Beaumont su valoración de que las detenciones fueron “innecesarias”. Es más, llegó a afirmar como cierre a su intervención que la calificación de la agresión a los dos guardias civiles como un delito de terrorismo es una “afrenta a las víctimas del terrorismo”. Lo hizo para secundar y ampliar la valoración de Izquierda-Ezkerra de que se ha "devaluado" el delito de terrorismo con esta decisión de la Audiencia Nacional.

La presidenta de Navarra asegura que la calificación de la agresión a los dos guardias civiles como un delito de terrorismo es una “afrenta a las víctimas”

Con su comparecencia, Barkos no solo rechazó destituir a la titular de Interior, como exigió de forma vehemente el PP, y dar por roto el acuerdo programático alcanzado con su socio de gobierno, EH Bildu, que no ha condenado la paliza a los dos agentes, sino que asumió la versión de la izquierda ‘abertzale’ en contra del montaje policial e informativo, al asegurar que todo lo que rodea a la agresión forma parte de un “relato multimediático y sobredimensionado”.

Fue una tensa sesión en el Parlamento de Navarra, con duros reproches y acusaciones entre los partidos que sustentan el Gobierno foral y la oposición. UPN y PP calificaron de “indigna”, “inmoral”, “vergonzosa” y “cobarde” la comparecencia de Barkos, a quien acusaron de dar “pena”, provocar "náuseas", mantener una “postura tibia”, “mirar para otro lado”, “escurrir el bulto” ante la agresión de los radicales y “doblegarse” a su socio ‘abertzale’ de Gobierno. Momentos antes, la presidenta de Navarra había mostrado su “solidaridad” a los “afectados por unos hechos que nunca debieron ocurrir” y al “pueblo de Alsasua” por su actitud, y había evidenciado su preocupación por la previsible imposición de “penas desproporcionadas” a los detenidos, que se enfrentan a una posible pena de entre 10 y 15 años de cárcel. También el PSE fue crítico y censuró la “soberbia” de la presidenta de la Comunidad Foral.

UPN y PP califican de “indigna" la comparecencia en el Parlamento de Navarra de Barkos, a quien acusan de dar “pena”, provocar “náuseas” y “doblegarse” a Bildu

Unai Hualde, exalcalde de Alsasua en la pasada legislatura y parlamentario de Geroa Bai, la marca del PNV en Navarra, acusó a la Guardia Civil de querer “meter el hocico” en la investigación y de tomar el pueblo hasta convertirlo en la “franja de Gaza”. Arremetió contra el “desembarco mediático” en este pueblo navarro y censuró la “propagandística e innecesaria” actuación judicial, que enmarcó en el “interés” que existe para que no llegue la “normalización” cinco años después del fin de la actividad violenta de ETA. Su discurso fue similar al de EH Bildu. También Podemos se sumó a estas fuertes críticas, al tildar de “graves” las detenciones y la calificación de los hechos como un delito de terrorismo, afirmando que responden a una “instrumentalización política y mediática”.

El nacionalismo vasco no quiere que la Audiencia Nacional entre a juzgar la agresión a los guardias civiles, en la que, según el auto de la jueza, participaron unas 40 personas entre gritos de “hijos de puta”, “cabrones, fuera de aquí”, “perros”, “putos picoletos” o “tenéis lo que os merecéis”. Barkos, que insistió en condenar la agresión, pidió “amparo” a las instituciones de Navarra para lograr que la acción violenta contra la Guardia Civil se derive al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, donde comenzó la instrucción del caso, con el fin de garantizar la “seguridad jurídica y física” de los arrestados. Es la misma petición que ha hecho el Ayuntamiento de Alsasua, gobernado por Geroa Bai, en una declaración en respuesta a la actuación de la Audiencia Nacional, que contó con el apoyo del portavoz socialista, Juan Miguel Pérez, que este martes nuevamente fue desautorizado por la dirección del partido en esta comunidad por su actitud (tras la agresión, secundó un texto que criticaba la “masiva presencia” de la Guardia Civil en este municipio).

Erkoreka censura la “sorprendente” actuación de la Audiencia y reclama la “revisión” del “dispositivo legal de excepción” que se construyó para combatir a ETA

La intervención de la Audiencia Nacional, que actúa a instancias de la denuncia por un delito de terrorismo y de odio interpuesta por el colectivo de víctimas de ETA del País Vasco, Covite, también causa recelos en el Gobierno vasco. En su valoración, Erkoreka incidió en que “choca y llama la atención” que ahora, cuando se cumple un mes de la agresión, se vaya más allá del delito de odio. Además, la calificación de los hechos como un posible delito de terrorismo ha servido de excusa al Ejecutivo de Iñigo Urkullu para reclamar la “revisión” del “dispositivo legal de excepción” que se construyó para combatir el terrorismo de ETA, una vez que la banda terrorista permanece inactiva desde octubre de 2011. A este respecto, Barkos lamentó la “libre interpretación” que la reforma del Código Penal de mayo de 2015 da a la hora de calificar actuaciones terroristas en su artículo 573 y que, según señaló, está cuestionada por “reconocidos” penalistas. “Falta concreción en casos como este”, aseveró.

En contraposición con estas reacciones institucionales de rechazo a la actuación de la Audiencia Nacional, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) alabó la “valentía” de la actuación judicial para “no lanzar un mensaje equivocado de impunidad” ante las agresiones a este cuerpo. Asimismo, a través de un comunicado de prensa, arremetió duramente contra Podemos y el PSOE, aunque sin citarlos, por su “vergonzosa” actitud, “poniendo en duda o condenando las detenciones de estos filoterroristas”.

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