Saquear 3 millones a un pueblo: la UCO acredita otro pelotazo diseñado por Púnica

La voracidad de la trama Púnica vampirizó incluso ayuntamientos de apenas 3.000 habitantes. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han concluido en un nuevo informe aportado al sumario que la multinacional francesa de eficiencia energética Cofely recurrió en 2014 a la red corrupta para que el entonces alcalde del Partido Popular de Casarrubuelos (Madrid), David Rodríguez, les concediera una adjudicación de tres millones de euros. El único motivo por el que no llegó a cerrarse el amaño fue que la operación policial tuvo que precipitarse porque un chivatazo de un agente de la UCO advirtió a los cabecillas de la trama de que estaban siendo investigados.

El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, desglosa en sus 93 páginas los métodos que utilizó Púnica para crear una falsa necesidad pública, convertirla luego en un negocio y terminar fabricando un concurso amañado para que lo ganara Cofely. En Casarrubuelos, tuvo un papel destacado uno de los presuntos cerebros de la red corrupta, el constructor David Marjaliza. La Guardia Civil le implica en las gestiones para conseguir que el alcalde accediera a sacar el suministro energético del pueblo a concurso. A cambio, iba a repartirse con Marjaliza y otros funcionarios una comisión cercana al 3% del total de importe de la propia licitación.

El primer paso consistió en lograr que el Ayuntamiento adjudicara en mayo de 2013, sin concurso, una auditoría sobre el gasto eléctrico del pueblo a la consultora Asproener, implicada también por la UCO en el caso. Su papel consistió en emitir un informe supuestamente objetivo que destacara las ventajas y el ahorro que suponía adjudicar a una compañía privada el abastecimiento energético municipal. El informe fue entregado al alcalde tras seis meses de teóricos trabajos y este se lo reenvió a su vez al arquitecto municipal, D. M., para que emitiera un dictamen avalando las recomendaciones formuladas por Asproener en ese documento y solicitara ya oficialmente la adjudicación del suministro a una empresa de eficiencia energética.

D. M. cumplió las órdenes del alcalde sin esforzarse demasiado. Según los investigadores, se limitó a estampar su firma en un documento de 10 páginas que en realidad había sido redactado por Cofely. El arquitecto municipal lo reconoció cuando declaró ante los agentes en diciembre de 2015. “Con la instalación de luminarias de tecnología LED en todos los faroles de la villa y luminarias viales del municipio podemos conseguir un ahorro en el consumo eléctrico (kWh) cercano al 63% respecto del consumo actual”, se lee en el informe. En su última página, enumeraba aún más ventajas: “La externalización del servicio supone que el adjudicatario asume todo el riesgo técnico y económico”; “empleo de una plataforma de control, que permita controlar y gestionar la instalación de alumbrado público”; “mejora al ciudadano, por la renovación de los equipos de alumbrado público, con el efecto de aumento de la satisfacción”.

El encargado de remitir al arquitecto ese falso informe técnico fue el director comercial de Cofely, Pedro García Pérez, uno de los 51 detenidos en la primera fase de Púnica. Durante la investigación, se detectaron decenas de llamadas entre ese directivo, Marjaliza y David Rodríguez. También se descubrió la implicación de un asesor de Urbanismo colocado en el Ayuntamiento de Parla por Izquierda Unida, Avelino Pérez, que habría actuado como engrasador de voluntades. Asimismo, los agentes documentaron con imágenes sus reuniones para garantizarse que de las arcas públicas de Casarrubuelos salían tres millones de euros para costear un servicio absolutamente innecesario. En una de las llamadas intervenidas, García Pérez llegó a asegurar a Marjaliza que el alcalde ya había accedido a participar en el pelotazo.

El último paso y más delicado era aprobar el concurso pero, según el informe UCO al que ha tenido acceso El Confidencial, la trama también dejó atada esta parte del proceso. El director comercial de Cofely envió al alcalde el 4 de septiembre de 2014 los pliegos que debía aprobar el consistorio para que su compañía se llevara el contrato. Mes y medio después de recibir los pliegos, el 21 de octubre, el alcalde remitió ese mismo documento al arquitecto municipal. La única diferencia entre los pliegos entregados por Cofely y los que iba a aprobar el consistorio es que estos últimos llevaban el logotipo del ayuntamiento.

Todo estaba preparado, pero hubo un problema de última hora. En una comisión previa al pleno municipal en el que iba a aprobarse la convocatoria del concurso, la Intervención Municipal advirtió de que no había fondos consignados en los presupuestos de 2014 para afrontar un contrato de ese importe. La Intervención resolvió que era necesario esperar a que los presupuestos de 2015 fueran aprobados con esa partida, algo que ocurriría solo unos meses después. La trama accedió a esperar. Sin embargo, el 27 de octubre se desencadenó la operación Púnica. Un chivatazo de un agente de la UCO obligó a los investigadores a precipitar el fin de unas pesquisas que habían sido diseñadas para durar un año más. Solo esa filtración impidió que Casarrubuelos sacara a concurso el contrato amañado.

A juicio de la UCO, el alcalde podría haber incurrido en los delitos de fraude, revelación de secretos e infidelidad en las custodia de documentos públicos

La UCO termina este nuevo informe concluyendo que de los hechos analizados se derivarían responsabilidades penales para un total de 13 personas. En concreto, a juicio de la UCO, el alcalde podría haber incurrido en los delitos de fraude a la Administración Pública, revelación de secretos e infidelidad en las custodia de documentos públicos y tráfico de influencias. Por su parte, el técnico municipal, D. M., habría incurrido en un delito de fraude. Asimismo, los dos responsables de Asproener, Juan José Guzmán y Adolfo Carvajal, podrían ser acusados de fraude y revelación de secretos.

Completan la lista siete empleados de Cofely que, según la Guardia Civil, propiciaron el intento de amaño, de los que cuatro serían directivos de la compañía, entre ellos, Pedro García Pérez; y el asesor de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Parla Avelino Pérez, autor de un delito de cohecho. El último implicado sería David Marjaliza, presunto responsable de los delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. Los investigadores han acreditado que, gracias a su actividad como corruptor, Cofely habría logrado adjudicaciones en la Comunidad de Madrid por valor de más de 160 millones de euros solo entre 2012 y 2014. El negocio iba tan bien que la trama ya había dado el salto a otras comunidades.