La factura de la corrupción: Cofely triplica pérdidas y recorta 360 empleos por Púnica

La trayectoria reciente de Cofely va camino de convertirse en un símbolo de los efectos de la corrupción en el mundo de la empresa cuando actúan las Fuerzas de Seguridad y aparece la Justicia. La filial española del gigante energético francés GDF-Suez ha visto cómo se disparan sus pérdidas, recorta su plantilla, provisiona fondos para nuevos resultados negativos y se le esfuman adjudicaciones que ya había conseguido desde que, en octubre de 2014, cuatro de sus directivos fueron detenidos por la Guardia Civil por su presunta implicación en la trama Púnica. Faltan años para que se conozca la sentencia pero Cofely, principal compañía involucrada, ya está sufriendo los efectos de haber saltado al lado oscuro de los negocios.

Los investigadores han acreditado que altos cargos de la compañía recurrieron al exconsejero de Presidencia de Madrid y exsecretario general del PP regional Francisco Granados y a su amigo constructor David Marajaliza para lograr que pequeños consistorios de la Comunidad y otros puntos de España les adjudicaran contratos millonarios de suministro y ahorro energético. Las expectativas de la empresa se dispararon gracias a la trama. En diciembre de 2013, una localidad como Collado Villalba, de apenas 62.000 habitantes, le concedió una licitación de 42,9 millones de euros. En esas mismas fechas, Parla (125.000 habitantes) le adjudicó un encargo de 66,1 millones de euros, y Valdemoro (73.000), otro por importe de 60,8 millones. La red se fijó también en consitorios más pequeños, como Moraleja de Enmedio (5.000). Su consistorio le adjudicó el suministro energético por 3,6 millones de euros. Y, en 2014, el entramado corrupto logró su mayor éxito, al conseguir una licitación del Ayuntamiento de Móstoles (205.000) de 75 millones de euros.

El castillo de naipes se vino abajo con el estallido de Púnica: todas esas adjudicaciones y otras que no llegaron a ejecutarse eran resultado de sobornos y manipulaciones masivas de pliegos de concursos públicos. Según la Fiscalía, los directivos de Cofely llegaron a infiltrarse en los procesos de adjudicación para teledirigirlos desde su inicio. Se estima que la filial del gigante francés amañó, en total, licitaciones por valor de 160 millones de euros, aunque la cifra aún está expuesta a variaciones.

El dinero comenzó a salir pronto del balance de Cofely, sobre todo, después de que el propio instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, animara a los consistorios a no pagar las facturas afectadas por el procedimiento. La consecuencia es que Cofely ha tenido que admitir en las cuentas y la auditoría que acaba de presentar en el Registro Mercantil, a las que ha tenido acceso El Confidencial, que Púnica ha provocado un grave daño a los resultados de su actividad en España.

“Durante el ejercicio 2015, se han resuelto de mutuo acuerdo, o suspendido y solicitada la resolución por incumplimiento de la administración, de los contratos de eficiencia energética de los ayuntamientos que están relacionados con la operación Púnica a excepción de Parla, Valdemoro y Móstoles”, explica la compañía. “Con posterioridad al 31 de diciembre de 2015, se ha producido la suspensión y solicitud de resolución contractual por incumplimiento de la administración del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Parla”.

Por lo pronto, la compañía ha tenido que provisionar 24.024.000 euros que esperaba cobrar por esas adjudicaciones y advierte de que hay otros 6,9 millones que están en su horizonte pero, probablemente, tampoco llegue a cobrar nunca. “Como consecuencia de las difíciles condiciones del mercado, de una fuerte competencia y del deterioro de la imagen de Cofely, la sociedad ha registrado un descenso de su actividad en 2015 de en torno al 14%”, añade la empresa en sus cuentas. En cifras, los 223,1 millones de euros que facturó en 2014 se redujeron el pasado año hasta 191,5 millones. El efecto en los resultados ha sido aún más negativo. En 2013, antes del escándalo, Cofely perdió 8,7 millones de euros. En el ejercicio siguiente, ya con el caso en marcha, la empresa cerró el año aumentando sus pérdidas a 14,6 millones. Y en 2015, dobló de nuevo los números rojos hasta llegar a los 30,9 millones de euros, casi cuatro veces más que solo dos años antes.

Púnica también ha tenido un coste para su plantilla. Cofely puso en marcha en 2015 un expediente de regulación de empleo para ajustar su mano de obra al nuevo escenario, según explica la compañía en sus cuentas. Los 2.179 trabajadores que tenía en 2014, entre fijos y eventuales, bajaron en 2015 hasta 1.810, es decir, 369 empleados menos de los que tenía cuando se desencadenó el escándalo.

La compañía trabaja ahora, con una nueva dirección, para iniciar la remontada. Tras una larga sequía y a la espera de la evolución del caso, ha vuelto a conseguir adjudicaciones públicas. La Universidad de Valladolid le concedió en mayo un contrato de 345.061 euros para el mantenimiento de los sistemas de calefacción, climatización y producción de agua caliente del centro. Y en junio, consiguió el contrato para mantener la instrumentación científica de la Fundación Centro de Investigación Oncológica Carlos III, que suma 276.360 euros.

“Cofely España ha manifestado formalmente al juzgado su firme intención de colaborar en la investigación de los hechos objeto de este procedimiento, a la vez que ha reafirmado su más absoluto respeto a la legislación vigente y las normas que rigen su propio código ético, que constituyen principios inmutables y de aplicación en todos los ámbitos de gestión de la empresa”, asegura la empresa. Cofely ya está cumpliendo su castigo.