Otegi y los 46 'abertzales' que no se podrán presentar a las elecciones vascas

El pasado diciembre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional remitió a la Junta Electoral Central una 'lista negra' con 47 nombres que a su criterio no deben presentarse a las elecciones vascas del próximo septiembre. La razón, según el Ministerio Público, es que todos ellos tienen aún una condena de inhabilitación para cargo público que se lo impediría, debido a que expira después de los comicios autonómicos. Aunque muchos están a punto de salir de prisión o lo están haciendo estos días, todos están pendientes de cumplir esa pena que le impuso el alto tribunal cuando dictó su sentencia.

Todos los que conforman la lista fueron condenados en las resoluciones judiciales que pusieron fin a los casos Ekin, Bateragune y Gestoras Pro Amnistía. Entre ellos, destaca Arnaldo Otegi, que abandonó la prisión de Logroño el pasado 1 de marzo después de haber estado seis años y medio encerrado por un delito de pertenencia a organización terrorista. Fue condenado a diez años de cárcel por la Audiencia Nacional el 16 de septiembre de 2011 en el marco del caso Bateragune, pena que un año después redujo a los mencionados seis años y medio el Tribunal Supremo, que mantuvo sin embargo la inhabilitación en los mismos términos que había dictado la primera instancia.

De ahí que el exlíder de Batasuna que pretende optar a la presidencia del Gobierno vasco no pueda presentarse hasta 2021, año en el que se cumpliría la decena de años a los que fue condenado a inhabilitación. La misma suerte corrió el que fuera máximo responsable del sindicato 'abertzalez' LAB, Rafa Díez Usabiaga, quien también fue castigado inicialmente a pasar en prisión diez años que luego el Supremo redujo a seis y medio al tiempo que mantuvo la pena de inhabilitación para cargo público, como ocurrió con Otegi. Al contrario que este último, sin embargo, Díez Usabiaga -que también forma parte de la 'lista negra'- aún no ha abandonado la prisión de El Dueso en la que ha pasado su condena y que prevé dejar a finales de este mes.

Por Bateragune fueron condenados además Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto, aunque esta vez a ocho años de prisión que el Supremo rebajó a seis. El alto tribunal mantuvo para ellos la pena la inhabilitación en los ocho años iniciales, con el mismo criterio que aplicó para los dos dirigentes antes mencionados, con lo que ninguno de los tres podría presentarse para cargo público hasta al menos 2019, motivo por el que también han sido incluidos en la lista presentada por la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza ante la Junta Electoral.

El Ministerio Público también ha incluido en el registro de los que denomina "inelegibles" a los condenados por la Audiencia Nacional en 2008 por el caso Gestoras Pro Amnistía en sentencia ratificada por el Supremo un año después: Juan María Olano, Julen Celarain, Jagoba Terrones, Julen Larrinaga, Jon Imanol Beascoa, Gorka Zulaica, Aratz Estomba, Ainhoa Irastorza, Iker Zubia, María Teresa Díaz de Heredia, Jesús Mirena Beaumount, Joseba Gotzon Amaro, Jesús Felipe Arriaga, Jesús María Olabarrieta, Joseba Iñaki Reta, Alejandro Velasco, Asier Virumbrales, Jorge Chocarro, Iñaki Loizaga y Sabin Juaristi.

Todos ellos fueron condenados a entre ocho y diez años de prisión más dos años más cada uno de inhabilitación para cargo público por pertenencia a organización terrorista. La mayoría se encuentran ya fuera de prisión, aunque aún mantienen la pena de prohibición de ocupar un empleo público vigente, con lo que tampoco podrían presentarse como candidatos en las próximas elecciones vascas.

La Fiscalía también incluye en la 'lista negra' a los 22 condenados por el caso Ekin en 2009. En concreto, se trata de Javier Alegría, Segundo Ibarra, Vicente Askasibar, Iker Beristain, José Luis García, Javier María Salutregi, Carlos Trenor, José María Matanzas, Rubén Nieto, Juan María Mendizabal, Xabier Arregi, Pablo Asensio, Francisco Javier Balanzategi, Iker Casanova, Olatz Egiguren, Imanol Iparraguirre, Ana Lizarralde, Elena Beloki, Miguel Ángel Egibar, Miguel Ángel Korta, José María Olarra y José Antonio Echeverreía.

Todos ellos fueron condenados por pertenencia a organización terrorista a penas de entre siete y diez años de prisión, además de la misma inhabilitación. La mayoría se encuentra ya fuera de prisión, pues comenzaron a cumplir los años de castigo a partir de 2013, aunque todavía quedan algunos que abandonarán la cárcel este año o el que viene, como Beloki, Matanzas o Trenor. Los 22, sin embargo, no podrían presentarse como candidatos en las listas electorales al estar pendientes aún de la inhabilitación, para la que no computarían los años que los reclusos pasaron en prisión provisional, situación que sí cuenta para el tiempo entre rejas.

Así lo entienden desde la Fiscalía General del Estado, que argumentan que la administración de justicia ha podido incurrir en un error que habría llevado a reducir del tiempo de condena de inhabilitación el periodo pasado en prisión provisional. El departamento dirigido por Consuelo Madrigal se expresó en este sentido en respuesta a un escrito presentado por la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, que mostró su desacuerdo con la decisión de la Fiscalía Superior del País Vasco de permitir que Iker Casanova se convirtiera en parlamentario a pesar de la pena de inhabilitación que tenía.

El Ministerio Público autonómico arguyó que la prohibición para ocupar cargo público estaba cumplida al entender que no era principal sino accesoria y que la sentencia de la Audiencia Nacional no especificaba qué empleo no podía ocupar. Dignidad y Justicia, sin embargo, contraatacó judicialmente mostrando un auto del Tribunal Supremo de 2015 -dictado tras la petición de aclaración de la misma asociación a raíz de sentencias del caso herriko tabernas que tampoco concretaban los cargos públicos- que especifica a qué puestos no podrán acceder los condenados.

El escrito de Dignidad y Justicia, además de a la Fiscalía General -que lo remitió al Ministerio Público de la Audiencia Nacional-, también fue remitido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que a su vez lo mandó igualmente al departamento dirigido por Zaragoza. El fiscal jefe del alto tribunal de la calle Génova, por lo tanto, recibió la 'lista negra' por dos vías: la de la superioridad jerárquica y la de la Sala de lo Penal. Tras estudiarla, la envió a la Junta Electoral Central, que según las fuentes consultadas tendrá muy en cuenta los 47 nombres a la hora de valorar las candidaturas cuando éstas se hagan públicas.