La izquierda abertzale busca rentabilizar la polémica judicial sobre el 'mártir' Otegi

La izquierda abertzale tiene el espejo en el que mirarse, 2011, y ha activado todos los mecanismos para intentar repetir la historia de hace cinco años de cara a las elecciones vascas del 25 de septiembre. En los comicios municipales y forales, la antigua Batasuna logró un éxito impensable sustentado en el polémico conflicto judicial que derivó en su vuelta a la legalidad después de largos años de sombra electoral por efecto de la Ley de Partidos. Sobre la bocina, a menos de una hora para el cierre de las candidaturas definitivas, el Tribunal Constitucional enmendó al Supremo en una decisión sin precedentes con el voto de seis magistrados a favor y cinco en contra, y avaló las 254 listas de Bildu que habían sido previamente anuladas con el argumento de que se había vulnerado el derecho a la participación política.

¿Resultado? Los sucesores de Batasuna, bajo las siglas de la coalición Bildu, explotaron su papel de víctimas de la “represión” de la Justicia española y lograron unas cotas de poder inimaginables hasta entonces, llegando a gobernar por primera vez la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián. Rentabilizaron su victimismo con 45 escaños en los tres parlamentos territoriales (273.273 votos) y con cerca de un millar de concejales en los ayuntamientos vascos (276.151).

Ahora, la antigua Batasuna busca que la historia se repita. En esta ocasión, el trasfondo no es un supuesto “ataque” contra la marca, sino contra el nombre, Arnaldo Otegi, su candidato a lehendakari, sobre el que pesa una condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público hasta abril de 2021 dentro de la sentencia que le mantuvo seis años y medio en prisión por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna. Los movimientos judiciales y políticos para evitar la presencia del ex líder de Batasuna en las elecciones vascas se han acelerado en los últimos días (las listas se proclamarán el 29 de agosto) y, en este escenario, EH Bildu va a activar todos sus altavoces para exprimir el papel de mártir de su candidato a lehendakari con vistas a lograr nuevamente réditos políticos.

En 2011, los herederos de Batasuna ya obtuvieron un elevado apoyo social prestado a modo de solidaridad que no supieron retener por una gestión en las instituciones basada en la imposición. De este modo, con estos precedentes, la estrategia de la izquierda abertzale es clara: volver a explotar la vieja condición de “víctimas” del Estado español, y más después de que a nivel interno se haya asumido que el efecto Otegi por sí sólo no va a tener los resultados que preveían antes de su salida de prisión por la fuerte irrupción de Podemos en el panorama político vasco.

De hecho, buena parte de sus aspiraciones de recuperar el voto ido a la formación de Pablo Iglesias pasa por rentabilizar esta cuestión, por lograr hacer un activo de la incierta situación que amenaza a Otegi. Podemos, que tiene en Euskadi y Cataluña sus dos grandes bastiones electorales en España, como ha quedado demostrado en las elecciones generales del 20-D y 26-J, asiste al desarrollo de los acontecimientos con cierta preocupación ante una posible fuga de votos al lugar de origen.

El incierto futuro de Otegi está, de momento, marcando la precampaña vasca. Y a este protagonismo judicial que rodea al candidato abertzale se agarra el PSE para ponerse de perfil ante la polémica y no sumarse a la nómina de formaciones que impugnarán la lista electoral del líder de Bildu, y que está integrada por PP, Ciudadanos y UPyD. Los tres partidos ya han anunciado que impugnarán la candidatura del dirigente abertzale, alertados por el Colectivo de Víctimas del País Vasco, Covite, que ha advertido de que sólo habrá dos días hábiles (25 y 26 de agosto) para presentar esta petición ante la Junta Electoral Provincial de Gipuzkoa (Otegi es candidato por este territorio). Sin embargo, los socialistas vascos defienden su postura de no actuar contra el ex líder Batasuna para “no hacerle la campaña a él ni a Bildu” y se remiten a la decisión de los tribunales, la cual “respetaremos”.

En el ámbito judicial, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha posicionado de forma rotunda en contra de la presentación de Otegi a las elecciones vascas al sostener que está inhabilitado para ejercer cargo público.

Frente a estos argumentos, EH Bildu se ampara en el precedente de su parlamentario vasco Iker Casanova, que fue elegido miembro de la Cámara de Vitoria a pesar de estar inhabilitado para “empleo o cargo público” hasta finales de este año a raíz de una condena por pertenencia a organización terrorista dentro del denominado ‘caso Ekin’, y por el que fue condenado a siete años y medio de prisión. En el caso de Casanova, que accedió al Parlamento en octubre de 2014 en sustitución de la ex portavoz Laura Mintegi, que abandonó el hemiciclo por “razones personales”, la Fiscalía argumentó que la sentencia no detallaba a qué empleos y cargos públicos afectaba la inhabilitación para no actuar contra su persona, como exigía Dignidad y Justicia, que había reclamado su salida de la Cámara.

Sin embargo, el Ministerio Público considera que la situación de Otegi es distinta y no se le pueden aplicar los mismos razonamientos, por lo que ha avisado a la Audiencia Nacional a través de un escrito remitido por el fiscal jefe Javier Zaragoza de que el candidato de Bildu es “inelegible” al estar inhabilitado por sentencia firma hasta 2021.

En todo caso, pese a la amenaza judicial y política que pende sobre su candidatura, el propio Otegi ha lanzado un órdago al Estado al poner de manifiesto que “no va a haber tribunal, ni Estado, ni Guardia Civil, ni Ejército español que vayan a impedir” su presencia como candidato a Ajuria Enea el 25 de septiembre. Frente a las leyes, advierte de que él sólo se guía por las decisiones adoptadas de “manera soberana” por la izquierda soberanista vasca.

En las dos semanas que faltan para la proclamación de las candidaturas a las elecciones vascas del 25 de septiembre, la izquierda abertzale va a tratar de redoblar la presión social para lograr apoyos a la causa de Otegi. De decretarse su inhabilitación, utilizará todos los mecanismos legales para lograr que su líder sea el aspirante a Ajuria Enea. El Constitucional, ese tribunal contra el que tanto arremete, ya se posicionó en su favor en 2011 ante las elecciones municipales y forales, y también en 2012, cuando anuló la sentencia del Supremo que prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos por ser sucesora de la ilegalizada Batasuna.