La UDEF rastrea el ordenador del alcalde de Granada en busca de contratos manipulados

La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga una docena de operaciones inmobiliarias sospechosas vinculadas con la trama de técnicos, empresarios y políticos de Granada que falseaban las condiciones y el valor del suelo para favorecer a las mercantiles que los adquirían. Los agentes registraron ayer durante todo el día tanto la sede del ayuntamiento de la capital como los domicilios y las sociedades de las 17 personas que en estos momentos se encuentran investigadas por el Juzgado número 2 de Granada, que dirige las pesquisas.

La investigación comenzó después de que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo interpusiera dos querellas en el mencionado juzgado contra estos 17 imputados, 16 de los cuales fueron detenidos ayer por la Policía y puestos en libertad en cuanto acabaron los registros. Entre los apresados temporalmente se encontraban el alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.

Tras la operación policial, el Partido Popular decidió ayer suspender de militancia al regidor granadino. El grupo municipal de Izquierda Unida solicitó una moción de censura que diera lugar a un cambio de color político en el consistorio, que pasaría a ser dirigido por el PSOE, pero que necesitaría del apoyo de Podemos, de la propia IU y de Ciudadanos. Este último partido permitió con su apoyo que Torres Hurtado fuera nombrado alcalde tras las pasadas elecciones municipales. Sin embargo, el diputado y portavoz de Ciudadanos en Granada, Luis Salvador, confirmó ayer la ruptura de relaciones con el PP de Granada tras calificar como "gravísimo" el caso y se mostró favorable a la moción de censura.

Durante la batida policial de ayer en las dependencias municipales, los agentes se llevaron documentación, tanto en papel como en formato digital, presuntamente vinculada con la trama de corrupción. Los investigadores accedieron a los ordenadores del alcalde y de la concejala de Urbanismo, así como a los de los técnicos municipales encargados de elaborar los informes relativos a la calificación del suelo y a los soportes informáticos de los empresarios involucrados en la organización ilícita. Toda esta documentación que se descargaron los especialistas de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT), que acompañaron a los de la UDEF, será ahora analizada por los investigadores, con el objetivo de probar que la trama llevaba años operando, así como determinar el alcance de la misma en términos económicos y la estructura de los que la formaban.

Por el momento, la titular del Juzgado número 2 de Granada, María de los Ángeles Jiménez, imputa a los investigados los delitos de prevaricación, asociación ilícita, administración desleal, malversación de caudales públicos, estafa, cohecho, fraude en la contratación, falsedad documental, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio. Los 10 delitos no son achacables a todos los imputados, sino que cada uno está acusado de algunos de ellos.

Los investigadores sospechan que la trama corrupta en torno al consistorio estaba instaurada en el mismo desde hacía años. Los imputados pasarán a disposición de la magistrada Jiménez, que ha declarado secretas las actuaciones, a lo largo de los próximos días, después de que la Policía tratara ayer de tomarles declaración y gran parte de ellos se negara a hacerlo.

La documentación que los agentes de la UDEF recabaron ayer en los mencionados registros ayudará a la Fiscalía, impulsora de la investigación desde el primer momento, a concretar quiénes eran los autores intelectuales de las irregularidades dentro del consistorio, ya que a nivel político el alcalde y la concejala firmaban las recalificaciones, pero eran los técnicos quienes preparaban los informes.

Las pesquisas se centran en un conjunto de terrenos sobre los que el ayuntamiento ha actuado durante los últimos años, supuestamente variando las condiciones y el valor, y que finalmente fueron utilizados con objetivos muy diversos, como la construcción de edificios o la puesta en marcha de servicios para la comunidad, explican fuentes de la investigación.

Algunas de las empresas que la UDEF investiga han tenido vínculos con el propio alcalde Torres Hurtado, aunque las fuentes consultadas no terminan de explicar la relación entre el primer edil de la ciudad y las constructoras rastreadas.

Los registros de ayer fueron realizados tanto por los agentes de la UDEF Central, que viajaron desde Madrid únicamente para esto, como por los miembros de la Sección de Delitos Económicos de la Brigada de Policía Judicial de Granada, que dieron apoyo a los investigadores.

El pasado agosto, El Confidencial ya contó que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo había pedido a la Policía investigar al alcalde de Granada por la presunta comisión de ilícitos penales vinculados con una trama inmobiliaria. En concreto, el Ministerio Público se refería a la posible existencia de prevaricación y tráfico de influencias al modificar "sucesivamente" las condiciones de la concesión del concurso del pabellón Mulhacén a un empresario "hasta desvirtuar por completo su objeto", según señaló la Fiscalía en la denuncia que interpuso ante el juzgado.

El Juzgado número 2 de Granada instruye también el conocido como caso Serrallo, que investiga una presunta prevaricación en las supuestas irregularidades urbanísticas en una parcela situada junto al centro comercial Serrallo Plaza, destinada inicialmente a zona verde y donde el consistorio autorizó levantar un espacio de ocio con una pista de patinaje, una discoteca y un restaurante.

Por el momento, las fuentes judiciales y policiales consultadas no confirman ni descartan que la redada de ayer tenga relación con alguno de estos dos asuntos judiciales, que abordan operaciones inmobiliarias relacionadas con el ayuntamiento.