LA FISCALÍA PIDE INVESTIGAR A TORRES HURTADO

Un escándalo de corrupción urbanística salpica al alcalde de Granada

José Torres Hurtado gobierna desde junio sin mayoría absoluta. Esta investigación judicial podría acelerar el relevo del veterano político 'popular' en la corporación granadina

Foto: José Torres Hurtado (PP), alcalde de granada. (EFE)
José Torres Hurtado (PP), alcalde de granada. (EFE)

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, está salpicado por un escándalo de corrupción urbanística. Torres Hurtado será investigado por la Policía, tras petición de la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía de Granada, por indicios penales contra él, dos concejales y varios técnicos municipales al detectar presuntas irregularidades urbanísticas en el pabellón Mulhacén de la capital granadina.

La Fiscalía entiende la posible existencia de delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias al conceder al empresario Roberto García Arrabal, como representante legal de la empresa Fontdeis SL, la modificación del concurso-licitación de la concesión administrativa de una parcela de uso deportivo mediante la “alteración sucesiva” de sus condiciones “hasta desvirtuar por completo su objeto”, según la denuncia.

Ramón Arenas, el empresario denunciante, tilda el asunto de “estafa inmobiliaria”. Se trata de una parcela que había comprado y “ha sido invadida” por la construcción del pabellón deportivo Mulhacén, próximo al Palacio de los Deportes de Granada, que fue adjudicado en el año 2007 por concesión administrativa. En ese espacio estaban previstas zonas verdes y un aparcamiento de unas 200 plazas.

Este pabellón fue rechazado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para la celebración del Mundobasket 2014 al no reunir los requisitos exigidos para los acontecimientos deportivos de nivel, "cuando este mundial era una de las razones determinantes por las que se realizó el concurso de concesión administrativa de la parcela", como aporta la denuncia de Arenas, informa Europa Press.

José Torres Hurtado en la clausura de la Universiada de Granada 2015. (EFE)
José Torres Hurtado en la clausura de la Universiada de Granada 2015. (EFE)

Según la fiscalía granadina, el Ayuntamiento ha tenido que realizar una serie de construcciones para acoger las pruebas de la Universiada de este año en Granada que han invadido su parcela, y no se han construido ni las pistas de pádel ni las 196 plazas de garaje. A eso se suma que Fontdeis ha realizado "un negocio privado" y ha cedido parte de la explotación de la concesión, "incumpliendo la misma", a McDonald's España. Para el viceportavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Baldomero Oliver, el asunto “merece una explicación contundente y responsabilidades políticas más allá de la investigación policial que se lleve a cabo”. El PP lo achaca todo a un “error” de los técnicos.

En el aire el pacto con Ciudadanos

Tras varios mandatos con mayoría absoluta, Torres Hurtado gobierna desde el pasado mes de junio sin mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Granada. Necesita los apoyos del grupo municipal de Ciudadanos para continuar al mando de la capital nazarí. El portavoz de C’s en Granada, Luis Salvador, que aspira a ser diputado en el Congreso en la próxima legislatura, respaldó a Torres Hurtado, pero en principio sólo hasta finales de año. Esta investigación judicial podría acelerar el relevo del veterano político popular en la corporación granadina.

“Al igual que ya lo estamos siendo en Andalucía, Ciudadanos será implacable ante los casos de corrupción política en Granada y pedirá la dimisión de cualquier cargo público afectado”, señaló Salvador a través de un comunicado de prensa tras abundar en la necesidad de “no precipitar juicios de valor y de conocer cuanto antes todos los detalles de la investigación”.

El portavoz de C’s Granada ha recordado que la dirección provincial del PP firmó el documento de regeneración democrática y anticorrupción que Ciudadanos defiende a nivel nacional y que contempla “la separación de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a los imputados por corrupción política”, además de la “prohibición de las donaciones por parte de presidentes, consejeros delegados y otros directivos” o la “responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos en casos de corrupción de sus cargos públicos”.

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