La Abogacía del Estado advirtió a Acuamed de que sus acuerdos con FCC eran ilegales

La Abogacía del Estado advirtió a Acuamed de que sus acuerdos con FCC para compartir los gastos de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora (Almería) tras las inundaciones de 2012 que la inutilizaron eran ilegales. El abogado del Estado que se encargaba de los asuntos de la empresa pública, Pablo Fernández Ruiz, advirtió en 2014 a los servicios jurídicos de ésta que, en caso de que le pidieran un informe al respecto, este sería desfavorable, según fuentes de la investigación. Fernández Ruiz declaró el viernes ante los agentes de la Guardia Civil que investigan el caso.

El auto por el que el juez Eloy Velasco envió a prisión el pasado miércoles a parte de la cúpula de Acuamed y dejó en libertad bajo fianza a varios de los directivos de las constructoras implicadas, explicaba cómo el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, pactó con la adjudicataria de la obra (una UTE formada por FCC y Abengoa) que la empresa dependiente de Agricultura corriera con el 40% de los gastos de reparación. A la contratista le correspondería el 60% restante.

Pero ambas partes, según el juez, habrían pactaron que el monto puesto por FCC se repusiera a esa constructora con “modificados ficticios irreales” en otras obras “al parecer pactados a muy alto nivel en el ministerio”. La finalidad sería, como reza el auto, que FCC fuera compensada con un total de 40 millones de euros”, especialmente en las tareas de descontaminación del pantano de Flix (Tarragona), valoradas en 180 millones de euros y adjudicadas a esa misma empresa. El dinero presuntamente destinado a cubrir esa compensación se incluyó, según los investigadores, en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y 2016.

Uno de los indicios del interés que, presuntamente, tendría Acuamed en compensar de esa manera a FCC que manejan los investigadores es un correo electrónico enviado el 20 de junio de 2013 por el entonces presidente de la sociedad pública y secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico de Ramos -que dimitió el viernes de su cargo de subsecretario de Presidencia, número dos de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría- al director general de la empresa pública, Arcadio Mateo, ahora encarcelado por el juez Velasco.

"Arcadio, ¿podemos llevar como pide la contratista la liquidación pendiente de la obra al consejo de administración del mes de julio por valor de 9,5 millones de euros? Así vamos avanzando con esta gente a la que debemos bastante dinero en otras obras", decía ese email que adelantó la Cadena Ser. El mensaje llevaba copia para la entonces vicepresidenta de Acuamed, Liana Ardiles López, actual directora general del Agua del Ministerio de Agricultura que, como parece desprenderse del contenido de esa comunicación, también estaba al corriente de esos hechos.

Diez meses después, con la desaladora del Bajo Almanzora aún empantanada, Acuamed preguntó a la Abogacía del Estado qué tenía que hacer respecto a los desperfectos en esa instalación. El abogado del Estado encargado de la asistencia jurídica a esa empresa pública, Pablo Fernández Ruiz, concluyó que tanto Acuamed como la UTE adjudicataria (FCC y Abengoa) tenían que correr con los gastos. Su informe del 10 de abril de 2014 asegura que ambas empresas incumplieron el contrato. Acuamed no contrató el seguro para estas contingencias, seguro que la contratista debía pagar durante la explotación de la desaladora pero cuya suscripción correspondía a la empresa de Agricultura. FCC, por su parte, había cancelado su seguro de obras antes de tiempo y sin avisar a Acuamed. Así pues, según Fernández Ruiz, ambas eran responsables.

Con ese informe sobre la mesa, pocos meses después, Acuamed dio un paso más. Su asesoría jurídica volvió a preguntar a la Abogacía del Estado, pero esta vez, lo que quería saber es si negociar el pacto por el que Acuamed correría con el 40% de las reparaciones y FCC con el restante 60% era legal. Fernández Ruiz no elaboró ningún informe. Solo advirtió por correo electrónico de que, en caso de que tuviera que redactarlo, sería desfavorable respecto a las pretensiones de ese organismo. La razón, según fuentes de la investigación, es que la ley impide ese tipo de tratos cuando de lo que se trata es de dinero público.

La solución correcta, según esas mismas fuentes, hubiera sido someter el conflicto sobre los costes de la reparación de la desaladora a arbitraje o a los juzgados de lo contencioso. Mientras estos organismos lo resolvieran, Acuamed debería haber iniciado un nuevo expediente administrativo para contratar de urgencia a otra empresa que acabara con los desperfectos ocasionados por la inundación para ponerla en marcha cuanto antes. Una vez terminados los trabajos, la sociedad de Agricultura habría podido pasar la factura a FCC en el porcentaje que le correspondiera pagar según el laudo arbitral o la resolución judicial correspondiente.

Esa fue la solución que propuso Francisco Valiente, el exdirector de Ingeniería y Construcción de Acuamed que denunció los hechos a la fiscalía. En la carta que envió al Consejo de Administración sobre la desaladora del Bajo Almanzora aseguró que el arreglo propuesto por los técnicos era resolver el contrato con FCC y adjudicar con urgencia la reparación a otra empresa. La pasividad de la sociedad pública provocó que el coste de estos trabajos aumentara "de forma drástica" en pocos meses "convirtiendo un problema de unos pocos millones de euros en un gravísimo problema de decenas de millones".

La carta de Valiente, de 31 de marzo de 2014, recogía también el "principio de acuerdo" de 40%-60% de los costes de reparación que tanto la Abogacía del Estado en 2014 como ahora el juez Velasco consideran ilegal. También refleja que el encarcelado Arcadio Mateo le había asegurado que, como condición adicional, la contratista (la UTE FCC-Abengoa) reclamaba que se le pagara una liquidación de obra de 9,5 millones de euros -la cantidad que el exsecretario de Estado y expresidente de Acuamed, Federico Ramos, reclamaba para esta en su email- en lugar de los 1,7 millones que proponía la dirección de la obra.

El resultado de la pugna entre la dirección de Acuamed y los técnicos honestos como ese director de obra, lo recoge el Velasco en su auto. "Como consecuencia de la oposición de ciertos funcionarios a permitir tales irregularidades, la desaladora sigue sin arreglar y la empresa (FCC-Abengoa) sin permitir la liquidación de ese contrato". Tres años largos después de las inundaciones que la inutilizaron, la planta del Bajo Almanzora, la que dio pie a la investigación del caso Acuamed, se encuentra en la más absoluta de las ruinas.