empresa pública dependiente de agricultura

El juez envía a prisión a los directivos de Acuamed detenidos en la operación Frontino

El juez les imputa oganización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos, falsedad y prevaricación administrativa

Foto: Registro de la sede de Acuamed. (EFE)
Registro de la sede de Acuamed. (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a prisión incondicional a cuatro de los directivos de Acuamed detenidos por el fraude en la contratación de obras de esa empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura. El magistrado ha acordado igualmente la libertad eludible con fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros para el resto de arrestados, entre ellos, varios cargos de contratistas.

Los que irán a prisión incondicional son el director general de la empresa, Arcadio Mateo, la directora de ingeniería, María Gabriela Pfeiffer, el responsable de contratación, Francisco Javier Pastor, y el jefe de proyectos en Valencia, Pablo Martín Mira. También será encarcelado Nicolás Steegmann, presidente de la empresa Altec.

El juez les imputa a todos ellos los delitos de organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos, falsedad de documento oficial y prevaricación administrativa.

En el auto, el juez Velasco explica que al menos desde mediados de 2014, el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, urdió un conjunto de actuaciones para imponer en el seno de la empresa pública "numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos, con el correlativo beneficio injusto (pero también querido) retribuido en parte en regalos en especie para él y para otros" y entre ellos cita "implantes de pelo" o "viajes a Turquía".

El juez les imputa a todos ellos los delitos de organización criminal, fraude, malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación...

La trama actuaba, según el juez, a favor de diversos contratistas de obra pública "con ocasión de la adjudicación en algunos casos y del desarrollo de la ejecución en otros" de diversos contratos públicos de obra para la ejecución de infraestructuras acuarias en diversos puntos de la cuenca mediterránea.

De la trama, según la resolución, también formaban parte varios contratistas que, en connivencia con Mateo, "ayudaban y cooperaban a la perpetuación de estas irregularidades". También "presionaban a los directivos de Acuamed para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades".

De esa forma, según Velasco, consiguieron -con la ayuda de Mateo y su equipo más próximo- que, en caso de que los funcionarios se negaran a cometer alguna ilegalidad, estos fueran removidos de su cargo o destituidos.

El juez relata cómo actuaron, con ocasión de una inundación en la desaladora del Bajo Almanzora (Almería), Mateo y las adjudicatarias de esa infraestructura, FCC y Abengoa, para que no fuera el seguro de estas últimas el que corriera con los desperfectos. El plan urdido por Mateo y las dos contratistas supuso que Acuamed corriera con el 40% de esos daños. El 60% restante, con el que tenían que correr ambas empresas, se compensó con otras obras "al parecer pactadas a muy alto nivel en el ministerio", especialmente en la descontaminación del pantano de Flix, donde FCC quería fijar modificados ficticios. El objetivo era compensar a esa empresa con 40 millones de euros, según el auto.

El juez envía a prisión a los directivos de Acuamed detenidos en la operación Frontino

Esa operación, pactada según el juez entre la cúpula de FCC y altos cargos de Agricultura, se recogió en los Presupuestos Generales del Estado de 2015. Al final, el Gobierno no ejecutó ese gasto, y no lo hizo, según el auto, al tener conocimiento de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción que ha dado lugar al caso Acuamed.

Las irregularidades alcanzaron también una cifra muy importante en las obras de descontaminación del pantano de Flix (Tarragona). FCC reclamó -según el juez, de forma ilegal- 30 millones de euros a Acuamed, reclamación apoyada por los cargos de la empresa pública pero negada por sus técnicos. Acuamed y FCC pretendían hacer cambios en las certificaciones de obra para retirar penalizaciones y pasar de una facturación de 3,5 millones a 40 millones de una manera que el juez califica de "ficticia".

Esos 40 millones se trataron de justificar certificando unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos, creándolos para meter conceptos extraordinarios que no existían con documentación falsa, pretendiendo justificar unos conceptos con otros, con convalidación del gasto de 32 millones. En total, el perjuicio que pretendían causar a la Administración ascendía a 40 millones de euros, que tenían como objetivo "compensar a FCC siguiendo instrucciones emanadas de la superioridad".

Otra de las irregularidades consistió en certificar obras que jamás se construyeron. Como en la presa de Rambla Gallinera, en Valencia, donde se llegaron a dar por ejecutados trabajos valorados en dos millones de euros por una escollera que nunca existió.

En la desaladora de Torrevieja, la mayor de Europa, la liquidación final pretendida por la adjudicataria, Acciona, pretendió que se le facturaran 17 millones más del coste de la obra. Lo hicieron, según el auto, "mediante liquidaciones y reclamaciones basadas en partidas hinchadas, mediciones incorrectas, reclamaciones improcedentes y mediciones irreales". Al final, el sobrecoste exigido por Acciona se quedó en 10 millones.

En otros casos, las irregularidades consistieron en adjudicaciones a dedo. Como en las conducciones y tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel (Alicante), donde el concurso fue amañado para que la adjudicataria fuera Altec. Según los informes de los técnicos, esa empresa nunca habría podido lograr ese contrato.

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