caso acuamed

El juez apunta a un sobrecoste ficticio entre Acuamed y FCC amparado por Agricultura

El gasto se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2015, pero Agricultura no lo ejecutó al conocer que uno de los trabajadores de Acuamed había denunciado el caso en Fiscalía

Foto: Foto: EFE.
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El Gobierno pactó de forma irregular con Fomento de Construcciones y Contratas falsear obras públicas para abonarle 40 millones de euros. Así lo recoge el auto por el que el juez Eloy Velasco envió la tarde del miércoles a prisión a cuatro directivos de Acuamed, empresa pública del Ministerio de Agricultura, y estableció fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros para el resto de detenidos. La resolución explica cómo la cantidad destinada a esos trabajos de FCC se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, pero el gasto, al final, no se ejecutó. ¿La razón? Agricultura tuvo conocimiento de la denuncia presentada por un trabajador de Acuamed en Anticorrupción.

El auto apunta a que FCC pactó la adjudicación de obras con el Ministerio de Agricultura "a muy alto nivel". Entre esas obras se encuentra la descontaminación del pantado de Flix (Tarragona), valorada en 180 millones de euros, la mayoría procedentes de fondos europeos. El juez afirma que ambas partes acordaron fijar "modificados ficticios irreales para al final conseguir compensar en 40 millones de euros" a la constructora.

El juez relata cómo los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y 2016 previeron cubrir esa "compensación indebida" supuestamente amañada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el ministerio. En los primeros, se consignaron para ello 36 millones de euros, manteniendo otros gastos de ocho y 14 millones en los del año siguiente. Ese gasto, según Velasco, no se llegó a ejecutar, al conocerse la denuncia que uno de los trabajadores de Acuamed había presentado en la Fiscalía Anticorrupción. La denuncia que, finalmente, ha dado lugar al caso Acuamed.

El juez apunta a un sobrecoste ficticio entre Acuamed y FCC amparado por Agricultura

Gran parte de esa compensación trató de llevarse a cabo en las obras de descontaminación de Flix, las más importantes realizadas en España, según el ministerio, y adjudicadas a la UTE formada por FCC Ámbito y FCC Construcciones. El juez explica cómo Acuamed avaló una reclamación ilegal de la adjudicataria de esos trabajos de 30 millones de euros, reclamación que, sin embargo, era rechazada por los técnicos del proyecto.

El 'modus operandi' pactado por ambas partes para reclamar esa cantidad, según Velasco, eran cambios en las certificaciones de obras para retirar penalizaciones y pasar así de una facturación de 3,5 millones a 40 millones que el juez considera "ficticios". Esa cantidad se intentó justificar "certificando unidades de obras no ejecutadas en expedientes paralelos" y creando otros expedientes "para meter conceptos extraordinarios que no existían con documentención falsa".

El objetivo era "justificar unos conceptos por otros" con convalidación del gasto de 32 millones y un proyecto complementario, "causando un perjuicio a la Administración de 40 millones de euros para compensar a FCC siguiendo las instrucciones emanadas de la superioridad".

La resolución recoge otras irregularidades de Acuamed en connivencia con las adjudicatarias de sus obras. En la desaladora del Bajo Almanzora (Almería), por ejemplo, el director general de empresa de Agricultura, Arcadio Mateo, permitió que no fueran los seguros de las adjudicatarias -Abengoa y FCC- las que pagaran los desperfectos que generó en la instalación una inundación. Al final, fue Acuamed la que se comprometió a correr con el 40% del gasto, dejando el resto a ambas compañías y prometiéndoles compensaciones en otras obras por ello.

El juez apunta a un sobrecoste ficticio entre Acuamed y FCC amparado por Agricultura

El juez relata otras tratos de favor similares en la presa de avenida Rambla Gallinera, en Valencia, adjudicada a Sogeosa y Torrescámara. La resolución asegura que las adjudicatarias llegaron a certificar obras por dos millones de euros. Entre esas obras, que no estaban en el contrato firmado con Acuamed, se encontraba una escollera que jamás se construyó.

En el caso de la desaladora de Torrevieja, la más grande de Europa, el juez relata cómo Acciona, la adjudicataria de la obra, pretendió que se le abonaran 17 millones de euros de más en la liquidación final. El sobrecoste finalmente satisfecho a la contratista, según Velasco con la connivencia de Acuamed, se quedó en 10 millones. Ese gasto extra se justificó con "partidas hinchadas, mediciones incorrectas y reclamaciones improcedentes", relata la resolución.

En otros casos, el fraude consistió, simplemente, en la adjudicación de contratos a dedo. Como en las conducciones de la desaladora de Campello-Mutxamel (Alicante). Acuamed amañó el contrato para entregarle los trabajos a Altec-Altyum a pesar de que los informes técnicos aseguraban que esa empresa jamás hubiera podido lograr ese contrato.

Arcadio Mateo y María Gabriela Mañueco. (Acuamed)
Arcadio Mateo y María Gabriela Mañueco. (Acuamed)

El juez señala como cerebro de toda la trama al director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, al que envió a prisión incondicional la noche del miércoles. Velasco asegura que, desde su cargo, Mateo "no dudó en destituir de su puesto a funcionarios técnicos y probos que no se plegaban a sus irregularidades". Los sustituía, según el auto, por "personas de su confianza que sí lo hacían".

El brazo derecho de Mateo era, según Velasco, Gabriela Mañueco, la directora de Ingeniería y Construcción de la empresa pública, para la que también se dictó prisión incondicional. La misma medida cautelar se adoptó contra Francisco Javier Gómez Pastor, responsable de contratación, y Pablo Martín Mira, gerente territorial de la sociedad pública en la Comunidad Valenciana.

Entre los cargos de constructoras investigados, el juez solo decretó prisión contra el presidente de Altyum, Nicolás Steegmann. A Manuel Moreno Maestre, presidente de Boru Spin y Pipeline, y a José Ramón González, director técnico de Altyum en Madrid, les impuso una fianza de 12.000 euros. Esa cantidad ascendió a 20.000 en los casos de Javier Delgado López, delegado de Acuamed en Alicante, David José Blanca, Miguel Roset Ramos (ingeniero de FCC) y Santiago Farré, directivo de esa misma compañía.

Las fianzas más altas, de 50.000 euros, fueron para Justo Vicente Pelegrini, director de Infraestructuras de Acciona, y Miguel Jurado, presidente de FCC Construcción. Todos eludieron la cárcel al hacer efectivas esas cantidades en el juzgado nada más terminar su declaración, por lo que salieron en libertad.

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