La Policía rastrea los bienes del exdirector del FROB por la trama corrupta de la CNMV

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está investigando el patrimonio de cinco altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que participaron en las resoluciones presuntamente irregulares sobre las que giran las pesquisas de la conocida como operación Parqué. Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al procedimiento, los directivos más destacados que están en estos momentos bajo el foco de los agentes son el exdirector general de Entidades del organismo regulador, Antonio Carrascosa, actual consejero ejecutivo del Mecanismo Único de Resolución (MUR) del Banco Central Europeo (BCE), y Antonio Moreno, que ocupa el cargo de director del Departamento de Autorización y Registro de Entidades del supervisor.

Completan el grupo de investigados los directivos de menor rango J. A. y M. G., además de un quinto responsable que no ha trascendido. Los expertos en delitos económicos de la UDEF están diseccionando la evolución que han experimentado sus bienes y cuentas bancarias durante los últimos años en busca de incrementos injustificados. Las indagaciones no prejuzgan su culpabilidad, pero tratan de aclarar si pudieron recibir algún tipo de contraprestación a cambio de resoluciones aparentemente irregulares.

Las pesquisas de los expertos en delitos económicos de la Policía ya han acreditado que los cinco participaron en alguna medida en la tramitación de los expedientes bajo sospecha que provocaron la apertura del caso. El episodio más antiguo se remonta a 2007 y afecta a la gestora de carteras Vetusta. Su propietario sostiene que la CNMV le retiró la licencia imprescindible para poder operar en territorio nacional sin haber agotado la fase de alegaciones que le concedía la normativa. Por su parte, el segundo caso concluyó en 2012 y afectó a la EAFI (Empresa de Asesoramiento Financiero) Dracon Partners. El regulador bursátil le retiró igualmente la licencia tras detectar supuestas deficiencias que ahora están siendo examinadas con lupa.

Análisis de los expedientes

Una línea de investigación se centra en los expedientes que se saldaron con la pérdida de los permisos de ambas firmas. Según fuentes próximas al caso, la CNMV remitió los documentos a la UDEF a mediados de septiembre (dos meses después de que le fueran solicitados) y ya han sido escrutados por los funcionarios de la Policía. Los agentes deberán dictaminar si los altos cargos del organismo público respetaron los tiempos y procedimientos que establece la normativa del mercado de valores. En caso contrario, se enfrentarían a un posible delito de prevaricación.

Pero los agentes están desarrollando en paralelo una segunda línea de investigación para tratar de averiguar si los directivos que instruyeron los informes bajo sospecha tenían algún aliciente externo para infringir la regulación. En ese caso, podrían enfrentarse además a una imputación por cohecho, una circunstancia que elevaría considerablemente la dimensión de un caso que ya ha provocado un auténtico terremoto en el seno de la CNMV por la gravedad de las acusaciones que se ciernen sobre altos cargos de la institución.

​Un cargo de primer nivel en el BCE

El hecho de que las indagaciones afecten a un antiguo dirigente tan destacado como Antonio Carrascosa ya implica en sí mismo un salto en el procedimiento, a pesar de que las diligencias solo sean preliminares. No solo porque se trata de uno de los pocos representantes que España tiene en estos momentos en puestos de primer nivel de la Unión Europea, sino porque después de ser destituido del regulador bursátil en 2007 tras la dimisión del entonces presidente, Manuel Conthe, Carrascosa se convirtió en el hombre de confianza de Luis de Guindos, con quien trabajó en PwC.

Cuando el PP llegó al poder, Guindos nombró a Carrascosa director general de Política Económica del Ministerio de Economía y, posteriormente, lo colocó como director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), para gestionar el rescate del sistema financiero español, con Bankia a la cabeza, gracias a los 41.000 millones de dinero europeo. El segundo gran cargo investigado, Antonio Moreno, lleva 25 años al frente de la supervisión de las empresas que prestan servicios de inversión, cargo desde el que ostenta un gran poder sobre el sector.

Los funcionarios de la Policía ya han comprobado que gran parte de los clientes que gestionaba Vetusta fueron automáticamente transferidos a Renta 4. Según fuentes cercanas al procedimiento, la UDEF aún no maneja ninguna prueba que involucre directamente en el caso a la entidad que preside Juan Carlos Ureta, pero sí han constatado que fue la más beneficiada por esa resolución presuntamente irregular que acordaron los directivos de la CNMV que están siendo ahora investigados. En cuanto a Dracon Partners, todavía no se ha detectado quién ganó con su cierre.

Precisamente el pasado junio, la Audiencia Nacional dictaminó que la decisión de la CNMV de revocar la licencia de Dracon Partners se adoptó conforme a derecho. El tribunal asegura que la EAFI presentaba en 2012 hasta 10 motivos por los que esa medida habría estado justificada, por lo que decidió desestimar el recurso que planteó la firma de asesoramiento. Con todo la investigación de la UDEF sigue adelante.