diez años de contratos de obra y mantenimiento

ACS, Indra y Ferrovial se llevan ocho de cada diez euros para las vallas de Ceuta y Melilla

El Estado ha destinado 75 millones desde 2004 para levantar y mantener los muros que separan la frontera hispano-marroquí. 59 millones han acabado en las arcas de las tres empresas del Ibex

Foto: Intento de entrada en España en marzo de 2014. La Comisión Europea ha reconocido la nula efectividad de las vallas fronterizas. (Reuters)
Intento de entrada en España en marzo de 2014. La Comisión Europea ha reconocido la nula efectividad de las vallas fronterizas. (Reuters)

El pasado 4 de septiembre, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, llamaba consternado a Mariano Rajoy. En esa conversación, según aseguró el club blanco, se comprometió a donar un millón de euros en apoyo a los refugiados que sean acogidos en España.

Sólo en los últimos diez años, Dragados, empresa del grupo ACS [ver cotización] que preside Florentino Pérez, ha sido junto a Indra [ver cotización] y Ferrovial [ver cotización] una de las mayores adjudicatarias de las vallas de Ceuta y Melilla, principal obstáculo para migrantes y refugiados que intentan llegar a España desde la 'frontera Sur'. Las tres empresas se han llevado 59 de los 75 millones (79%) que el Estado ha adjudicado en concurso público para levantar y mantener las dos barreras entre 2004 y 2014. La cifra se desprende de la respuesta a una solicitud de acceso a la información enviada por El Confidencial al Ministerio del Interior [puede consultar aquí el documento de Ceuta y aquí el de Melilla].

Se trata de la parte de la crisis de los refugiados que queda alejada de las cámaras, la del negocio, y que se repite en Grecia o Hungría. Si por un lado los traficantes de personas se aseguran ingresos millonarios para rodear las fronteras cerradas de Europa, por el otro la industria encuentra una posibilidad de beneficio por levantar esas mismas fronteras. Tal y como ha documentado la investigación The Migrants Files, las mafias engordan sus ganancias gracias al gasto público que sale del bolsillo de los ciudadanos, no sólo en España, sino en toda la Unión Europea.

Los datos facilitados a este diario ponen de manifiesto, por primera vez, el panorama de lo que ha implicado la seguridad fronteriza en los últimos diez años para las grandes empresas españolas. Y también para los contribuyentes, ya que las vallas suponen un gasto superior a los 10 millones de euros anuales.

Los trabajos de Indra se han centrado en Melilla y su mayor licitación se remonta a 2005, cuando instaló el tercer vallado perimetral. Incluyendo su participación en una UTE con Sallen Seguridad, los trabajos de esta cotizada han alcanzado los 30 millones de euros entre 2005 y 2014. A las preguntas que este diario envió a la empresa sobre sus proyectos europeos en el campo de la seguridad fronteriza, Indra aseguró que "los desarrollos no deben detenerse, a riesgo de que la inversión en el área de la vigilancia marítima se abandone o se atasque".

Dragados, en cambio, sólo ha actuado en Ceuta, llevándose 17,7 millones de euros, sobre todo para obras de mantenimiento y reparación. Su grupo, ACS, ha optado por no contestar a las preguntas enviadas para esta información. Ferrovial, por su parte, ha visto completar su mayor contrato (de poco menos de 5 millones de euros) en 2014, después de que durante cuatro años se dedicara al mantenimiento de las instalaciones de Melilla.

Los datos de llegadas a España durante el período analizado confirman que estas vallas no sirven para frenar el viaje hacia Europa de miles de personas. La misma Comisión Europea ha esgrimido su escasa eficacia como razón para no ayudar a los estados miembros en su construcción. "Vallas y muros son medidas a corto plazo que no resuelven el problema de la gestión migratoria de una manera estructural", aseguró la institución tras rechazar ayudar a Grecia para levantar su muro fronterizo con Turquía. 

Eduard Sagarra Trias, abogado y profesor titular de derecho internacional UB y ESADE, va más allá: "La propia existencia de las vallas y el limbo jurídico de la devolución en caliente sin garantías atentan contra nuestro sistema jurídico y los valores democráticos, así como los acuerdos internacionales".

La Unión Europea, eso sí, nunca ha tenido reparos en favorecer los programas de control fronterizo que prevén cámaras u otros detectores de personas en las vallas, tanto en España como en otras fronteras.

Grecia y Hungría: Europa se encierra

Francia (en la localidad norteña de Calais), Bulgaria, Grecia o Hungría son los otros países europeos que están impidiendo la entrada de migrantes con muros y vallas en sus fronteras. Desde Budapest se ha decidido ampliar la protección a lo largo de la frontera con Rumanía. La que ya existe, anunciada el pasado mes de junio, recorre 175 kilómetros de la frontera con Serbia.  

Esta valla no ha sido objeto de licitación sino que se ha encargado directamente el Ministerio de Defensa húngaro. Lo ha hecho aprovechándose de los parados de larga duración que, por el sistema de desempleo del país, tienen que dedicarse a trabajos públicos a cambio de una remuneración simbólica. Parte del Ejército y prisioneros también han participado en su creación, como recogen los medios húngaros.

El coste de la valla, incluyendo expropiaciones y su construcción, ha alcanzado los 30 millones de euros. Impermeabilizar la frontera española con Marruecos entre 1995 y 1999 costó más de 34 millones de euros de la época, por encima de lo que los húngaros se han gastado en un sólo año.

Más al sur, a la orilla del río Evros, empezó a hablarse de una valla fronteriza en 2011. El Gobierno griego de entonces quiso inspirarse en la valla que recorre la frontera entre México y Estados Unidos. Un año después la valla helena estaba lista, impidiendo a los migrantes recorrer a pie los únicos diez kilómetros de tierra de la frontera con Turquía.

Como en España, el Estado heleno encargó la construcción a una empresa privada pagando, sin contar el consiguiente mantenimiento, 3,16 millones de euros. Un gasto que obligó al Gobierno a enmendar la Ley, ya que la Policía nacional nunca había tenido que encarar un gasto tan alto, según un informe de varios entes helenos financiado por la Open Society Foundation. Tras los refuerzos añadidos, el coste final ha sido, según los medios locales, de 7,5 millones de euros.  

 

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Marta Orosz (para Hungría) y Katerina Stavroula (para Grecia) han colaborado en la elaboración de esta información.

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