Interior prepara una 'autopista legal' para colocar a dedo a altos cargos afines

En la época de la transparencia, más ventanas cerradas. Así lo entiende el Gobierno, que por un lado vende a bombo y platillo la ley que defiende abrir las instituciones y, por otro, promueve normativas que apuntan en sentido contrario. Es el caso de la última enmienda introducida en la Ley de Personal de la Policíapor el Grupo Popular en el Senado, que pretende ampliar el número de cargos nombrados a discreción y a escondidas en el Ministerio del Interior.

El PP entiende que el departamento que hoy dirige Jorge Fernández Díaz es sensiblemente diferente al resto de ministerios, ya que aborda aspectos nucleares de la seguridad del Estado. Por este motivo, continúa el grupo parlamentario, los responsables de las unidades adscritas a la Secretaría de Estado de Seguridad deben también ser nombrados siguiendo otros criterios.

En concreto, argumenta el grupo parlamentario, “por razones de confidencialidad y seguridad”, es necesario “habilitar al Gobierno para que regule las especificidades del sistema de provisión” de los responsables de las mencionadas unidades adscritas, que hasta el momento se rigen por los criterios que se exigen al resto de funcionarios homólogos de la Administración General del Estado.

El PPpropone modificar la “valoración de los méritos en los concursos”, aunque no explica de qué modo, con lo que supuestamente será en un futuro reglamento donde se especifiquen los nuevos criterios. Además, añade que cambiará el “régimen de publicidad”, por lo que el proceso para cubrir las plazas podría incluso no anunciarse públicamente y llevarse a cabo en secreto.

Se trata de puestos sensibles y “por razones de seguridad” requieren también de “cierto grado de confidencialidad”

La propuesta del PP, aunque se realiza a través de la mencionada enmienda en la Ley de Personal de la Policía, se incluiría como nueva disposición final a la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se refiere a organismos como el Gabinete de Coordinación y Estudios, la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), las Subdirecciones Generales de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, la de sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado o la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.

Los nombramientos de los responsables de todas estas plazas se guiaban hasta el momento por las mismas normas de acceso que existen en departamentos homólogos de la Administración General del Estado y no por lo establecidopara altos cargos de la Policía y la Guardia Civil. Sin embargo, según argumenta el PP, se trata de puestos sensibles y “por razones de seguridad” requieren también de “cierto grado de confidencialidad” y, por lo tanto, parece más razonable el criterio seguido en las fuerzas de seguridad. “Debe tenerse en cuenta que no pocos de estos puestos de trabajo están relacionados con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”, argumenta la misma enmienda del Grupo Popular.

“Las mismas razones que aconsejaron en su momento la previsión de especificidades para la provisión de puestos de trabajo en las direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil concurren en los mencionados órganos dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad”, ahonda la justificación de la propuesta.

Para evitar recursos

Fuentes policiales explican, sin embargo, que el argumento de cambiar los criterios para cubrir estos puestos y hacer los procesos secretos no es tanto por razones de seguridad, como expone la propuesta, sino para evitar recursos como los que durante los últimos años han hecho tambalear la silla de los responsables de estos departamentos.

En concreto, Interior se cubre de este modo ante posibles recursos como el que provocó la expulsión temporal de su puesto al subdirector de la Inspección de Personal, al que laAudiencia Nacionalordenócesar inicialmenteporque su nombramiento no se ajustó a derecho -al hacerse sin publicidad y sin que el afectado tuviera la titulación requerida para ese nivel de funcionarios- yrestituir despuésporque el recurrente -un inspector- no tenía la categoría para acceder a la plaza.

El problema de la titulación, además de en este caso, ya ha dado otros quebraderos de cabeza al Ministerio del Interior. La Audiencia Nacional, de hecho, ya ordenó cesar también temporalmente al entonces jefe superior de Policía del País Vasco, Fernando Amo, por no contar con la titulación requerida. Este problema, sin embargo, lo solventa la propia Ley de Personal de la Policía que hoy se vota en el Senado y que posteriormente pasará al Congreso para ser votada en el pleno de la cámara baja.

La norma exige que todos los mandos del cuerpo tengan el grado. El requisito de la titulación quedará, por lo tanto, resuelto con esta obligatoriedad, pero también con la orden 775/2015 aprobada por el Ministerio de Educación el pasado 29 de abril, que equipara los estudios policiales que conducen a la categoría de subinspector con el grado oficial y los cursos internos que llevan al cargo de inspector con el título académico de máster.

Mientras estas normas se aprobaban, la Dirección General de la Policía ha facilitado la consecución del grado a decenas de comisarios que no lo tenían y que ocupaban altos cargos. A través de un conveniofirmado entre el Ministerio y la Universidad Rey Juan Carlos, dos centenares de inspectores jefes y comisarios han obtenido el grado en los dos últimos años.