La Audiencia Nacional ordena restituir al alto cargo de Interior que cesó en febrero
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La Audiencia Nacional ordena restituir al alto cargo de Interior que cesó en febrero

La Sección Quinta de lo Contencioso permite que el comisario principal José María Rodríguez Calderón vuelva a su puesto de subdirector de la Inspección de Personal del Ministerio

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Imagen de archivo de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior (EFE)

El comisario principal José María Rodríguez Calderón volverá a su puesto como subdirector de la Inspección de Personal del Ministerio del Interior en los próximos días. Así lo han explicado fuentes del departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz después de conocer que la Sección Quinta de lo Contencioso de la Audiencia Nacional acaba de estimar el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia del Juzgado Central 1 que obligaba a cesar al funcionario porque éste no contaba con la titulación universitaria requerida y porque Interior no había dado la debida publicidad a su nombramiento.

La resolución de la Sección Quinta –que toma partido después de que la Abogacía del Estado apelara a ella– no entra a valorar la cuestión de fondo y se limita a significar que el denunciante, el inspector Jesús Andrés de Dios, no está legitimado para interponer esa queja judicialmente al no poder acceder a un puesto en principio previsto para escalas superiores a la suya. El recurso –argumenta el fallo– “se funda en un mero interés por la legalidad (…) dirigido a evitar que sea nombrada una determinada persona”. “Procede –continúa– desestimarlo por falta de legitimación, sin entrar en ninguna consideración de fondo del asunto”.

El comisario principal, por lo tanto, volverá a su puesto en cuanto lo permita la tramitación del papeleo, que en todo caso será “con la mayor celeridad posible”, según han explicado fuentes del Ministerio del Interior.

El Juzgado número 1 de lo Contencioso de la misma Audiencia Nacional revocó el pasado 16 de julio la designación de Rodríguez Calderón –nombrado por el secretario de Estado, Francisco Martínez, el 21 de octubre de 2013–, tras el recurso del mencionado inspector. Sin embargo, el comisario principal continuó en el puesto hasta que el 11 de febrero de 2015, el juez que firmó la sentencia, José Luis Vicente, ordenó ejecutarla a petición del denunciante. Fue entonces cuando la Secretaría de Estado no tuvo más remedio que cesar a Rodríguez Calderón.

Vicente argumentó en su orden de cese que había “vislumbrado” en el recurso de la Abogacía del Estado una intención de “alargar el proceso” con el fin de que el alto cargo se mantuviera en el puesto hasta su jubilación, que será efectiva en febrero de 2016.

En la sentencia que estaba ejecutando, el instructor había determinado que la designación de Rodríguez Calderón no era ajustada a derecho porque el comisario principal no contaba con la carrera universitaria requerida. “Si la titulación es exigible a los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, no se llega a comprender que no sea exigible cuando se trate de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía”, subrayó la resolución del Juzgado Central 1 de lo Contencioso, que trataba de responder así al argumento de la Abogacía del Estado, que justificaba que los policías son funcionarios especiales y que para ellos no cuenta tanto la titulación como los méritos profesionales y los cursos internos.

La titulación universitaria de los altos mandos de la Policía ha sido un asunto controvertido durante los últimos años. El mismo inspector que ha provocado el caso Rodríguez Calderón ya originó una polémica similar en septiembre de 2012, cuando la titular del Juzgado Central 9 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, Eva María Alfageme, ordenó destituir temporalmente al jefe superior de Policía del País Vasco, Fernando Amo, también por carecer de “la titulación necesaria para el puesto”.

De ahí que la Dirección General de la Policía quiera elevar las exigencias académicas de ingreso en la corporación. La Ley de Personal, actualmente en tramitación parlamentaria, es el mecanismo que el Gobierno utilizará para incrementar estos requerimiento. En concreto, la actual legislación establece que los funcionarios del grupo A1 de la administración –donde se encuadran comisarios, inspectores jefe e inspectores– deben ser licenciados; los del grupo A2 –subinspectores–, diplomados; y los del grupo C1 –oficiales y policías–, tienen que contar con educación secundaria obligatoria. Tras la nueva Ley de Personal, los funcionarios de A1 y A2 estarán obligados a ser graduados y los del C1, a tener el bachillerato.

Estas exigencias, sin embargo, según el texto de la propia ley, no serán efectivas hasta cinco años después de la aprobación de la norma, con lo que no pocos comisarios que ahora cuentan con la plaza sin disponer de titulación universitaria estarán jubilados para entonces. No en vano, según fuentes policiales, más de la mitad de los mandos de la corporación carece de titulación.

En paralelo, la Dirección General de la Policía ha firmado un convenio con la Universidad Rey Juan Carlos para que los comisarios e inspectores jefe que lo deseen realicen un curso online de un año de duración que, unido a la convalidación de los cursos internos que los funcionarios han desarrollado durante su carrera, les permite sacarse el grado. El curso va por su segundo año y ya ha servido para que un centenar de mandos policiales obtenga la titulación universitaria, entre ellos el jefe superior de Madrid, Alfonso Fernández Díez.

Por otro lado, el director de la Policía, está empeñado en sacar una universidad dentro de la corporación, que sirva para homologar los estudios internos que desarrollan los funcionarios con los máster y grados aprobados por Aneca.

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