camino del cierre de la instrucción

Otro revés para Díaz: la UDEF ultima el cerco al fraude de los cursos en Sevilla y Huelva

Los expertos en delitos económicos de la Policía Nacional afrontan la última fase de la investigación sobre el fraude masivo en las ayudas para formar a trabajadores en Andalucía

Foto: La presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, junto a los diputados de su grupo. (Efe)
La presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, junto a los diputados de su grupo. (Efe)

La investigación de la Policía Nacional sobre el presunto fraude masivo en las ayudas para la formación de trabajadores que se habría cometido en Andalucía durante más de una década está entrando en su recta final. Según fuentes cercanas al conocido como caso Edu, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha acelerado en las últimas semanas las indagaciones para concluir cuanto antes esta fase de la instrucción y esperar la petición de nuevas diligencias por parte de los ocho juzgados de Andalucía -uno por cada provincia- que tienen sobre su mesa este escándalo. A Susana Díaz se le puede abrir un nuevo frente en plenas negociaciones para conseguir su investidura, tras el estallido del escándalo por la adjudicación presuntamente irregular de la mina sevillana de Aznalcóllar.

Las averiguaciones de la UDEF han servido por ahora para detener e imputar a más de 250 personas de seis provincias de la comunidad por su presunta implicación en el fraude de las subvenciones públicas que inicialmente iban destinadas a fomentar la creación de empleo, pero que realmente fueron a parar a amigos de los adjudicadores, según sospecha la Policía. Además, a esa cifra hay que sumar también la decena de personas que fueron arrestadas en agosto del año pasado en el marco de una trama derivada de las investigaciones principales, la denominada operación Óscar, centrada en la red societaria que utilizó el exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda Avilés para captar y malversar 48 millones de euros de esta línea de ayudas.

Agentes de la Guardia Civil retiran documentos del Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio, en Málaga, por su relación con los cursos de formación. (Efe)
Agentes de la Guardia Civil retiran documentos del Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio, en Málaga, por su relación con los cursos de formación. (Efe)

Pruebas sobre los responsables del reparto

Las únicas provincias en las que todavía no se han producido actuaciones son Huelva y Sevilla y, según las fuentes consultadas por este diario, es precisamente en estas demarcaciones dónde se concentra ahora la actividad de los expertos en delitos económicos de la Policía, que pretenden averiguar si, al igual que en el resto de territorios, la Junta y sus delegaciones territoriales adjudicaron fondos para la formación a empresas que no reunían los requisitos para acceder a esos beneficios.

Hasta el momento, la mayoría de detenciones han afectado a administradores de las sociedades mercantiles que se beneficiaron del riego por aspersión de estos fondos públicos aportados sobre todo por Bruselas. Pero esos arrestos en el nivel más bajo del sistema de reparto han permitido a la UDEF acceder a nuevas pruebas y testimonios que demostrarían que las ayudas se adjudicaron irregularmente con la connivencia de altos cargos de la Junta de Andalucía, una sospecha que los investigadores habían mantenido desde el principio. Las actuaciones han terminado situando en su punto de mira a los responsables políticos y de la administración regional que debían vigilar que estas partidas iban realmente destinadas a mejorar la formación de los trabajadores para reducir la exorbitante tasa de desempleo de la comunidad autónoma.

La última fase de las pesquisas está tan avanzada que las previsiones iniciales pasaban por haberla concluido en los primeros días de mayo. Sin embargo, los mandos policiales decidieron posponerla para evitar que interfiera en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo. No obstante, puede acabar coincidiendo con las negociaciones para la investidura del nuevo Ejecutivo autonómico andaluz. La presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, ha decidido aplazar hasta después de las municipales el diálogo con el resto de fuerzas políticas para conseguir los apoyos que necesita. 

La policía registra la casa de Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda de la Junta. (Efe)
La policía registra la casa de Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda de la Junta. (Efe)

Una estafa inabarcable

Tanto la Junta como el Partido Socialista de Andalucía criticaron duramente a la UDEF por haber efectuado las operaciones Edu Costa (con un total 87 detenidos en Almería, Málaga y Cádiz) y Edu Centro (otros 114 imputados en Granada, Jaén y Córdoba) en plena campaña de las últimas elecciones al Parlamento de Andalucía. En efecto, Edu Costa arrancó el pasado 10 de febrero y, Edu Centro, el 2 de marzo, apenas semanas antes de los comicios andaluces del 22 de marzo. Sin embargo, fuentes de Interior ya aclararon que las operaciones habían sido fijadas para esas fechas mucho antes de que Susana Díaz decidiera adelantar por sorpresa el final de la pasada legislatura y convocar elecciones en marzo.

El cierre de esta fase de la investigación permitirá establecer una cantidad definitiva de fondos defraudados. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró el pasado 29 de abril que las averiguaciones de los expertos en delitos económicos de la UDEF han permitido aflorar por ahora 14 millones de euros presuntamente malversados. A esa cantidad habrá que sumar el dinero localizado en la última parte del procedimiento.

Pero la verdadera cantidad defraudada es mucho más elevada. Como adelantó El Confidencial, los investigadores estiman que sólo durante los últimos siete años se habrían desviado fondos para formación por valor de 3.000 millones de euros. El problema es que para recuperar esos fondos habría que investigar una por una los más de 8.000 expedientes de adjudicación aprobados por la Junta en ese periodo, y ni la UDEF cuenta con los recursos necesarios para afrontar un reto de esa dimensión ni tampoco hay ningún tribunal dispuesto a volcarse en ese procedimiento. 

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