EL JUEZ APREMIA A LA POLICíA POR MáS PRUEBAS

Hacienda 'sólo' aprecia delito fiscal en los negocios de Oleguer Pujol y Luis Iglesias

Tras casi tres años de investigación, la Agencia Tributaria concluye que detrás de la operación inmobiliaria de 2.040 millones sólo hay un presunto delito por la tributación de las comisiones

Foto: Oleguer Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de catalán Jordi Pujol. (EFE)
Oleguer Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de catalán Jordi Pujol. (EFE)

Tras casi tres años de investigación, la Agencia Tributaria sospecha que detrás de la operación inmobiliaria de 2.040 millones de euros protagonizada por Oleguer Pujol, hijo menor del matrimonio Pujol-Ferrusola, y el que fuera su socio, Luis Iglesias, sólo hay un presunto delito fiscal. De momento, el supuesto blanqueo de capitales (“delitos de otra índole”) que debería conducir a la fortuna oculta de la familia Pujol sigue siendo sólo una línea de investigación dentro de la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz desde hace casi siete meses.

Hace un mes, Hacienda entregó al juez un informe de 117 páginas, al que ha tenido acceso El Confidencial, donde expone los resultados del análisis hecho a las operaciones realizadas por Drago Capital. De acuerdo a sus conclusiones, tanto la sociedad como los dos socios habrían podido incurrir no sólo en delitos fiscales, por lo que requiere a Santiago Pedraz que la investigación tributaria abierta en junio de 2012 (y no elevada a la Fiscalía) quede judicializada una vez que parece, por las acciones llevadas a cabo, traspasar la índole administrativa.

El nudo gordiano del trabajo de la Agencia Tributaria se centra en los 5,3 millones de euros como honorarios que Pujol e Iglesias recibieron por cerrar la operación de las oficinas del Banco Santander. Y todo, porque para su cobro ambos “emplearon la interposición de sociedades que se utilizaron para ocultar su percepción”. En concreto, hace referencia a las instrumentales Ard Choille BV (Holanda) y Aegle International LTD (Islas Vírgenes Británicas), además de Zante International LTD (Islas Vírgenes Británicas), esta última empleada sólo por Oleguer.

El juez Santiago Pedraz. (EFE)
El juez Santiago Pedraz. (EFE)

Según el relato de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) incluido en el informe elevado a la Audiencia Nacional, la comisión millonaria por la intermediación pagada por Samos Servicios y Gestiones (sociedad a través de la cual se hace la compra de las sucursales) se instrumentó a través de una serie de contratos de consultoría y asesoramiento con diversas entidades, con el resultado final de la ocultación de rentas obtenidas en España por las personas que realizaron estas labores de intermediación, es decir, por Oleguer Pujol y Luis Iglesias.

Aun así, ni siquiera este punto puede ser definitivo. De momento, el hijo menor del expresidente de la Generalitat presentó una Declaración Tributaria Especial por estas rentas ("Me acogí a la ley Monotor"). Mientras tanto, Luis Iglesias aduce en sus alegatos que hasta 2012 fue residente fiscal en Reino Unido (con certificado oficial), donde tributó por todas sus actividades profesionales, aunque para Hacienda “se han encontrado indicios que se pueden valorar como suficientes a efectos de considerarle como residente fiscal en España, sujeto a tributación aquí por renta mundial”.

Además de este punto, el informe señala cómo en siete operaciones inmobiliarias realizadas por Drago Capital se repite siempre una mecánica “de comisiones pagadas en el extranjero a través de múltiples sociedades de entradas de capital en España a través de sociedades interpuestas, consiguiendo la ocultación de los beneficiarios últimos y su tributación”. Este modelo bajo sospecha para Hacienda, según alegan los investigados, se corresponde a “estructuras complejas, pero lícitas” para canalizar de forma fiscalmente eficiente ese volumen de inversiones.

Tras esta inspección, la Agencia Tributaria considera que la investigación a Pujol e Iglesias debe profundizarse, pues argumenta que ellos son los “impulsores, directores y en parte beneficiarios de toda esta actividad inmobiliaria”. Este trabajo se entregó al juez Santiago Pedraz hace cerca de un mes, algo después de que apremiara a la Policía  (UDEF) para que emitiera un informe con el estado de la investigación sobre Oleguer y su exsocio. Este nuevo documento incluirá contenido intervenido en los registros efectuados en sus domicilios y lugares de trabajo en octubre de 2014.

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