Interior da la callada por respuesta: ninguna petición de información contestada en 2 años

No sabe, no contesta. Esta es la respuesta más habitual de la Administración a las solicitudes de información de los españoles, según se desprende del informe Tuderechoasaber 2014, publicado por la Fundación Ciudadana Civio y Access Info Europe y que evalúa la información facilitada por las instituciones públicas a petición de los ciudadanos.

El silencio administrativo, amparado por la Ley de Transparencia, es la contestación favorita de las administraciones: 134 de las 314 solicitudes realizadas en Tuderechoasaber.es (42,7%) han acabado sin pena ni gloria. La palma se la lleva el Ministerio del Interior: el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz ha considerado que ninguna de las 36 peticiones recibidas en los últimos dos años eran merecedoras de contestación alguna, ni siquiera para trasladar al solicitante el rechazo de su pregunta. Esta tendencia se ha rotocon la entrada en vigor de la Ley de Transparencia el pasado mes de diciembre.

Esta norma ha servido para apretar las tuercas a las instituciones públicas en materia de transparencia, si bien las comunidades autónomas y los ayuntamientos aún no están sujetos a esta norma. Estos últimos han reducido en casi treinta puntos porcentuales su silencio administrativo de un año para otro, al pasar del 81,3% en 2013 al 54,4% el año pasado. No obstante, siguen siendo las entidades que menos contestan a los ciudadanos.

Para conocer cómo se está aplicando la Ley de Transparencia y qué razones están utilizando los ministerios para denegar el acceso a la información pública, El Confidencial, Civio y Access Info Europe lanzan hoy una iniciativa para dar respuesta a estas preguntas. Durante varios meses los ciudadanos podrán remitir a través del siguiente formulario los motivos esgrimidos por la Administración General del Estado para no facilitar la información solicitada.

La Ley de Transparencia establece que las respuestas negativas deberán detallar las razones de la negativa, especificando el artículo correspondiente. La recopilación colaborativa y el análisis detallado de estas contestaciones permitirán ajustar las solicitudes a la norma para lograr un mayor éxito, así como estudiar cómo y cuándo se puede recurrir una resolución ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

El objetivo último es que los ciudadanos hagan el máximo uso posible del derecho de acceso a la información pública y del Portal de la Transparencia, que en sus primeros cuatro meses de funcionamiento tramitó más de 1.500 solicitudes. No en vano, como dice la campaña lanzada por el Ministerio de la Presidencia para promocionar el Portal de la Transparencia, “conocer y poder preguntar es un derecho del ciudadano, y la transparencia es ahora una obligación de la Administración”.