LEY DE TRANSPARENCIA

¿Qué información tendrán que publicar las instituciones a partir del próximo miércoles?

Contratos menores, anteproyectos de ley o análisis del impacto de una norma deberán publicarse cuando entre en vigor la Ley de Transparencia el próximo día 10

A cinco días de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, el Gobierno está apurando los plazos para cumplimentar con los imperativos legales de la norma aprobada hace un año. El portal de transparencia se encuentra “en fase de pruebas para su lanzamiento antes del 10 de diciembre”, según afirmó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Congreso hace casi un mes. Mientras, las unidades de información creadas en cada ministerio están subiendo los contenidos a esta plataforma. ¿Pero de qué tipo de información se trata?

La publicidad activa rige para mucha información que ya era pública, como el organigrama de la entidad, los currículos de los responsables o las retribuciones anuales de los altos cargos. Pero la Ley de Transparencia incluye algunos contenidos a los que la opinión pública no podía acceder hasta la fecha, pero que a partir del próximo miércoles deberán ser dados a conocer. Pese a estos avances, la norma española se sitúa en un discreto puesto 72 de 96 leyes, según un estudio elaborado por Access Info Europe, al no incluir otra mucha información de interés público.

Diez documentos a los que no podrá acceder a pesar de la Ley

En el plano económico, la principal novedad vendrá de la publicación de los contratos menores –aquellos cuya cuantía es inferior a 50.000 euros para obras y de 18.000 para el resto– cada tres meses por parte de la Administración y entidades públicas. Partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales no se verán afectados por este apartado. “Con esta medida tendremos acceso a todas las adjudicaciones de las instituciones”, subraya Javier de Vega, responsable de comunicación de la Fundación Ciudadana Civio. Además, los ciudadanos podrán conocer el porcentaje de contratos adjudicados por cada organismo según el procedimiento de licitación.

En cuanto a la información jurídica, las Administraciones Públicas se verán obligadas a publicar dos documentos a los que hasta la fecha no se podían acceder: los anteproyectos de ley y las memorias de análisis del impacto normativo. Estos textos permitirán a los ciudadanos supervisar la justificación y el recorrido de las leyes.

“Los anteproyectos de ley serán muy útiles para conocer en qué está trabajando el Gobierno, cómo entra y sale cada norma del Congreso y cómo es la toma de decisiones”, asegura Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe. “Que la gente vaya a tener acceso a la actividad legislativa previa es bastante positivo”, añade Javier de Vega. Respecto a las memorias de impacto de cada ley, el representante de Civio considera que “servirán para conocer qué argumentos se han utilizado para su elaboración y saber si la decisión de elaborar una determinada norma ha sido por motivos políticos o técnicos”.

“Arbitrariedad” en el desglose de la información

Uno de los temores de las organizaciones a favor del acceso a la información es el desglose que proporcionarán las instituciones, ya que la Ley de Transparencia no establece ningún mínimo al respecto. “Al tratar cuestiones muy genéricas, podemos encontrarnos con currículos de cinco líneas o de varias páginas”, pone como ejemplo Anderica. “La ley deja tanto espacio a la arbitrariedad de cada institución que la indefinición y la incertidumbre permanecen”, incide De Vega.

Tanto Civio como Access Info aún se encuentran a la espera del reglamento que articule la Ley de Transparencia para aclarar estas cuestiones, ya que, según De Vega, “una vez que se publique se podrá especificar más cómo se debe aplicar la ley”. “Hay una falta de detalle que al final la norma obliga a cuestiones muy genéricas en las que puede haber diferencias muy grandes”, sentencia Victoria Anderica.

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