en una reunión celebrada en génova

Granados pidió a alcaldes del PP que dieran contratos a Púnica en la campaña de 2011

La trama Púnica habría tenido una vinculación con el Partido Popular de Madrid más intensa de la que ahora reconoce públicamente Esperanza Aguirre

Foto: Francisco Granados sale custodiado de su domicilio. (EFE)
Francisco Granados sale custodiado de su domicilio. (EFE)

La trama Púnica habría tenido una vinculación con el Partido Popular de Madrid más intensa de la que ahora reconoce públicamente la presidenta de la formación, Esperanza Aguirre. Según han confirmado diferentes fuentes del partido consultadas por este diario, en las semanas previas a las elecciones municipales y autonómicas de 2011 se produjo un encuentro del PP de Madrid en el que se pidió a un reducido grupo de alcaldes y candidatos que contrataran con las empresas de uno de los presuntos cabecillas de la red, Alejandro de Pedro Llorca.

La reunión se produjo en la primera planta de Génova, sede del PP madrileño y, paradójicamente, el mismo lugar en el que la semana pasada fueron examinados en una prueba amañada los elegidos por Aguirre para ocupar el puesto de los dirigentes populares que se han visto obligados a dimitir por su implicación en el caso Púnica. Las fuentes consultadas aseguran que la instrucción de contratar con Pedro Llorca partió de otro de los cabecillas de la red, Francisco Granados.

Granados y Esperanza Aguirre. (EFE)
Granados y Esperanza Aguirre. (EFE)

En aquel momento, Granados tenía el poder suficiente como para imponer una decisión de ese tipo. Entre otros motivos, porque ocupaba la secretaría general del PP y, por tanto, dentro del partido era el responsable de la confección de las listas electorales. No abandonó ese puesto hasta seis meses después de los comicios. Aguirre le destituyó fulminantemente en noviembre de 2011 alegando una “pérdida de confianza”, y colocó en su lugar al actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

El grupo de imputados

A esa reunión habrían asistido, entre otros dirigentes populares, los cuatro alcaldes de la formación detenidos por su vínculo con la trama corrupta desmantelada el pasado 27 de octubre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se trata de Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco), José Carlos Boza (Valdemoro), Agustín Juárez (Collado-Villalba) y David Rodríguez (Casarrubuelos), responsables de cuatro de los municipios que supuestamente participaron en el amaño de contratos de suministro energético para la multinacional francesa Cofely. Los investigadores también han indagado en adjudicaciones similares concedidas a la misma compañía por los ayuntamientos de Móstoles y Alcalá de Henares, gobernados asimismo por el PP, aunque por ahora no se ha producido la detención de sus regidores.

Agustín Juárez deja la alcaldía de Collado Villalba por la Operación Púnica. (EFE)
Agustín Juárez deja la alcaldía de Collado Villalba por la Operación Púnica. (EFE)

Las fuentes del PP consultadas aseguran que al encuentro en la primera planta de Génova también asistieron otros ediles. Sin embargo, sólo una parte de ellos habría obedecido la supuesta orden de Granados y medió para conceder adjudicaciones irregulares al entramado societario de Pedro Llorca.

La Comunidad también contrató

La investigación de la Guardia Civil no sólo ha permitido detectar esos amaños. También ha servido para averiguar que el propio Granados formaba parte de la misma red a la que trató de favorecer con esa supuesta orden. Según el instructor del procedimiento, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, se han recabado suficientes pruebas como para sostener que Granados actuó como intermediario, junto a su socio –el constructor David Marjaliza–, el también empresario del ladrillo José Antonio Alonso y, por último,  Pedro Llorca, para conseguir que dirigentes populares, socialistas y de al menos una formación independiente otorgaran contratos a Cofely, la firma sobre la que giraría el grueso del fraude.

Los agentes de la UCO vinculan directamente a Pedro Llorca con dos sociedades limitadas, Eico Online Reputation y Madiva, aunque en el Registro Mercantil sólo aparece vinculado con la primera. Para controlar la segunda usó presuntamente a un testaferro. Los alcaldes imputados no fueron los únicos que contrataron con la red. La Guardia Civil también se llevó de diferentes dependencias de la Comunidad de Madrid documentos sobre otras supuestas adjudicaciones irregulares que en las próximas semanas podrían acabar salpicando a más altos cargos del PP.   

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