Temor en Génova a que la corrupción mine el PP de Aguirre a 7 meses de las elecciones

Las disculpas pedidas por Mariano Rajoy por los últimos casos de corrupción llevan añadido un nuevo choque con Esperanza Aguirre. La presidenta del PP de Madrid se avergüenza de haber nombrado a Francisco Granados, pero niega conocer a los alcaldes detenidos mientras en la sede de Génova recuerdan que es ella quien quita y pone a todos los ediles populares en la Comunidad desde 2003. Y que se empeñó en diciembre pasado en celebrar la tradicional cena de Navidad del PP regional precisamente en Collado Villalba, feudo del ahora arrestado Agustín Juárez. Allí tuvo que concurrir Rajoy.

El presidente del Gobierno se vio obligado a salir al paso de los escándalos acumulados estos días (tarjetas opacas y la trama municipal de Madrid) con una declaración ante el Senado en la que pedía perdón en nombre del PP por depositar confianza y responsabilidad “en personas que no eran dignas de ella”. Lo hizo sin distingos al día siguiente de que Aguirre intentara desentenderse de sus alcaldes detenidos.

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El regidor de Valdemoro, José Carlos Boza, y el consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad, José Martínez Nicolás (también arrestado) son hombres de Granados, pero Aguirre siempre ha presumido de tener un control absoluto y personal sobre el partido en Madrid, sus cargos internos e institucionales, según recuerdan en fuentes de la dirección del PP. Hasta el extremo de considerar a la organización como un especie de partido dentro del partido, el único foco interno de oposición al marianismo.

La lideresa, además de nombrar a sus consejeros y decidir sobre los candidatos a diputado regional, ha elegido a cada cabeza de cartel municipal del PP en cada localidad importante de la región desde hace once años; y sin importar que los designados fueran o vivieran en la ciudad correspondiente, como ocurre por ejemplo en Getafe con Juan Soler.

La mesa presidencial de Villalba: Rajoy y Aguirre con Juárez

Collado Villalba tiene 62.000 habitantes y en diciembre pasado fue la localidad elegida para la cena de Navidad porque el PP de Madrid tenía un especial interés en reforzar la figura de Agustín Juárez con la presencia de Rajoy. Las fotos del acto dejan evidencia de que el presidente del Gobierno se sentó en la mesa con él, igual que con Aguirre.

En Madrid se asentó la red Gürtel y a Aguirre se le reconocen los reflejos de haber procedido con rapidez durante la anterior legislatura a la hora de depurar a los cargos del PP implicados. Pero ahora aparece una nueva trama de corrupción en la Comunidad y organizada por su antiguo hombre de confianza en el partido (Granados), con 5 alcaldes detenidos y sin que se sepa hasta dónde llegan las ramificaciones.

El desconcierto en Génova es absoluto: siguen sin cerrar el caso Bárcenas, buscan soluciones para terminar la depuración interna en la Comunidad Valenciana y ahora no saben qué más puede pasar en Madrid a siete meses de las elecciones municipales y autonómicas.

De momento, la Comisión de Derechos y Garantías del PP ha decidido ir dando la baja en el partido a todo arrestado que sea a la vez imputado, según ha sabido El Confidencial. No avisan ni consultan a los órganos de regionales, tampoco a los de Madrid.

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La trama de Granados es otro factor que tendrá que ser tenido en cuenta a la hora de decidir las candidaturas del PP de Madrid a la presidencia de la Comunidad y a la alcaldía de la capital. Es una baza que juega en contra de las aspiraciones de Aguirre, apuntan en fuentes de la dirección del partido, donde también siguen pendientes del fallo de los tribunales sobre el incidente de tráfico y fuga de la lideresa. Porque si se queda en falta, dicen, “todavía es capaz de darle la vuelta al episodio e insistir en que quiere ser alcaldesa”.

Acebes, trato aparte por orden de Rajoy

Mientras sigue el desconcierto por el alcance de la Operación Púnica, en la sede de Génova insisten en distinguir ese caso de la imputación de su exsecretario general Ángel Acebes por las denuncias de Luis Bárcenas. La Comisión de Derechos y Garantías no le abre ni expediente informativo. La declaración del exministro ante el juez Pablo Ruz ha añadido tranquilidad al PP, donde insisten en que no ven ningún recorrido al caso de la compra de acciones de Libertad Digital. El extesorero Álvaro Lapuerta acreditó ante el tribunal que pagó la inversión de su bolsillo.

Acebes aseguró por su parte que desconocía la existencia de “caja B” en el PP y negó que hubiera dado el visto bueno a la adquisición de acciones del medio de comunicación, como sostiene Bárcenas. El cruce de testimonios ante el juez contradice la acusación del extesorero y apunta a otro episodio de lavado de su dinero negro. Su mujer sí compró y vendió acciones de Libertad Digital por valor de 149.000 euros, luego invertidos para financiar la adquisición de una casa en el Valle de Arán.