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Jueces y fiscales presentan un aluvión de informes contra la reforma de Gallardón

El Anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial está levantando ampollas tanto en la carrera judicial como en la fiscal y no se encuentra prácticamente una voz que la defienda

Foto: El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ante Ruiz-Gallardón, al jurar su cargo. (EFE)
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ante Ruiz-Gallardón, al jurar su cargo. (EFE)

El Anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial está levantando ampollas tanto en la carrera judicial como fiscal. Ante la previsión de que iban a saltar muchas voces contrarias, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo Fiscal optaron por dar traslado a la carrera para que expongan sus posturas. Estos días se están ultimando tanto los informes como las propuestas, que principalmente recalcan, según ellos, la intención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de menoscabar la independencia judicial.

 

La última reunión ha sido la de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, que ha valorado negativamente el anteproyecto. La mayoría de los representantes del Ministerio Público del Alto Tribunal expusieron la necesidad de suprimir los aforamientos y no incrementarlos, como en el caso de la Reina y los Príncipes de Asturias, para quienes se ha creado en este texto.

 

Según ha podido saber El Confidencial, en la Junta se expuso la necesidad de la supresión de los aforamientos, aunque reconocen que su eliminación total es imposible porque está reconocido en la Constitución. Entienden que este privilegio es una “anomalía histórica” que debe restringirse al máximo, ya que atentan contra el principio de igualdad de trato ante la ley, también recogido en la Carta Magna, “constituyéndose en un privilegio procesal cada vez más intolerable”.

 

Aforamiento

 

Para los fiscales del Alto Tribunal, el aforamiento es un privilegio de los poderosos. Por eso, debe ser rechazado. Su explicación es que las causas penales contra aforados no pueden investigarse con un mínimo de rigor. En primer lugar, el juez instructor no puede investigar porque al tratarse de un aforado tiene un freno a su investigación, por razón de competencia “objetiva”, “que, en el fondo, es lo más subjetivo que existe”. En segundo lugar, porque mientras el magistrado debate sobre si eleva o no la exposición razonada al tribunal del aforamiento, “los medios de comunicación airean el caso, ‘levantando la liebre’, y dando una oportunidad de oro al investigado para destruir las pruebas de su delito, al amparo del sacrosanto derecho a la información, con lo cual el Tribunal de aforamiento siempre llega tarde, en beneficio del aforado”, destacan. Así, reconocen que los tribunales que estudian las causas de los aforamientos, es decir los tribunales superiores de Justicia o el Tribunal Supremo, son “más sensibles” a las presiones de los propios aforados, que pueden llegar a sus miembros, directa o indirectamente, para que su caso quede en “agua de borrajas”.

 

Fin al fiscal instructor

De esta Junta también ha salido el malestar porque este anteproyecto ha dejado de lado la idea del fiscal instructor que se anunció al principio de la legislatura para que sea el Ministerio Público el encargado de llevar las investigaciones. Es más, fuentes próximas a Justicia aseguran que el Gobierno ya ha decidido dejar de lado el proyecto para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la creación de un Código Procesal Penal. A un año y medio de las elecciones generales, el Ejecutivo no se va a embarcar en un nuevo proyecto.

 

Fuentes próximas a Justicia aseguran que el Gobierno ya ha decidido dejar de lado el proyecto para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A un año y medio de las elecciones generales, el Ejecutivo no se va a embarcar en un nuevo proyectoEstas críticas se unen a las ya planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal, que por primera vez se reúne para lanzar sus preocupaciones por una reforma legislativa. En este caso, han puesto en solfa toda la filosofía de la ley. A juicio de varios miembros del Alto Tribunal, la intención de Ruiz-Gallardón es burocratizar la carrera judicial y menoscabar su independencia limitando, entre otras cosas, la libertad de expresión de los jueces. Su oposición se centra en la parte de la reforma que habla de jurisprudencia vinculante para acabar con las contradicciones en casos similares.

Tanto el CGPJ como el Consejo Fiscal van a estudiar todos los informes y propuestas que se están elaborando antes de emitir su informe sobre la reforma, al ser un texto que afecta al conjunto de la carrera.

 

Ralentizar y controlar los procesos

 

El órgano de los jueces ha nombrado a cuatro decanos para que también elaboren su informe. Precisamente, el anteproyecto quiere acabar con esta figura, algo que va a figurar en el texto de estos representantes porque es el nombramiento más democrático que tiene la carrera, al ser elegido por los propios jueces. Estos decanos van a demostrar su desacuerdo con la limitación de la Justicia Universal, que está teniendo consecuencias tan graves como tener que dejar en libertad a narcotraficantes detenidos en aguas internacionales.

 

En su texto, tienen previsto poner la voz de alarma a la creación de órganos colegiados en las instrucciones, es decir, que sean tres magistrados quienes lleven la investigación cuando la causas sean complejas porque, entre otras cosas, lo que se va a conseguir es ralentizar aún más los procesos. Tampoco se van a mostrar de acuerdo con los tribunales provinciales de instancia, que va a alejar a los juzgados de los ciudadanos, ni ven con buenos ojos que los jueces no puedan expresar públicamente sus opiniones, lo que consideran se entiende como una mordaza.

 

Una vez que lleguen todos estos informes, así como las sugerencias que quiera hacer cualquier miembro de la carrera judicial, el CGPJ y el Consejo Fiscal lo someterán a debate. Una vez que se emitan, será el turno del Consejo de Estado, que no se estima que entregue su informe hasta la vuelta de verano, lo que retrasará la tramitación parlamentaria.

 

Ruiz-Gallardón y el  fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce,  en una reunión del Consejo Fiscal. (Efe)
Ruiz-Gallardón y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en una reunión del Consejo Fiscal. (Efe)

“Un juzgado no es una fábrica”

Desde las bases de la carrera judicial, el sentimiento que hay ante esta reforma, según varias fuentes consultadas, es abiertamente negativo. En líneas generales, los jueces están en contra de la implantación de los tribunales de instancia provinciales, al menos en su formulación actual. A su juicio, se busca hacer desaparecer los juzgados de los pueblos alegando el empleo de “economías de escala”. Ante el estupor del texto, en sus sugerencias al anteproyecto, algunos jueces han recordado que “un juzgado no es una fábrica ni el aumento del número de sentencias o autos es un objetivo deseable, sino va acompañado de una mayor calidad de la Justicia”.

Para miembros de la carrera, el concepto de economías de escala se utiliza como una excusa para la sobreexplotación del juez, así como para la reducción de su independencia. Tal como se lee en el propio texto, el objetivo es facilitar las “sustituciones” y la “reasignación de efectivos”.

También se recela de una organización de trabajo que se asemeja a la de una fiscalía, “lo que comporta la pérdida de nuestros derechos adquiridos”, sostienen estas fuentes. Pero a su juicio lo más grave es que se siente que el nuevo modelo es sólo una excusa para justificar la politización de la vida judicial y que, por tanto, redundará en una merma de la calidad de la justicia que se ofrece a los ciudadanos. Sobre esta idea ya se han pronunciado varias asociaciones de jueces. La Asamblea de Francisco de Vitoria concluyó que “este modelo no es aceptable porque no garantiza suficientemente la inamovilidad y la independencia judiciales”.

La sensación que queda entre los jueces al analizar el anteproyecto es que el objetivo del Ministerio de Justicia es hacer trabajar más a los jueces. De ahí la idea de hacer desaparecer los juzgados y refundirlos en una macroestructura donde los expedientes se repartirían “al libre arbitrio de un comisario político, bajo un estricto control gubernativo”, critican algunas fuentes jurídicas. También se teme la desaparición de las juntas de jueces, donde votan libremente sobre aspectos que les preocupan, y la imposición de unos presidentes designados por el poder político.

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