La judicatura habla de devastadores efectos colaterales por el fin de la justicia universal
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decenas de narcos, pendientes de su liberación

La judicatura habla de devastadores efectos colaterales por el fin de la justicia universal

La reforma de la ley restringe tanto las actuaciones fuera de España que ha dejado al pie de los caballos todas las operaciones en aguas internacionales

placeholder Foto: Incautación de un alijo de cocaína que transportaba un barco con bandera de Surinam. (Efe)
Incautación de un alijo de cocaína que transportaba un barco con bandera de Surinam. (Efe)

La reforma de la Justicia Universal que acaba de aprobar el Gobierno con carácter de urgencia está provocando unos efectos colaterales devastadores, según dicen fuentes jurídicas. El Ministerio de Justicia ha querido con ella acabar con los problemas diplomáticos con países como China o Estados Unidos que provocaban ciertas investigaciones por genocidio, asesinato o lesa humanidad. Sin embargo, la nueva ley restringe tanto las actuaciones fuera de España que ha dejado al pie de los caballos todas las operaciones de lucha contra el narcotráfico llevadas a cabo por la Policía en aguas internacionales, basadas en una colaboración con otros países, principalmente de la Unión Europea. La Audiencia Nacional tiene encima de las mesas varias causas con decenas de presos que tendrán que quedar en libertad y sin ningún cargo.

Dos jueces centrales de instrucción, Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez, ya se han visto en la obligación de dejar en libertad a ocho arrestados cada uno (en total 16) al localizar buques con toneladas de hachís que iban hacia otros países. Al no ser barco español ni personas españolas ni tener como destino final España, la ley no les permite actuar judicialmente contra ellos.

En base a la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, los estados firmantes, entre ellos España, deben cooperar en todo lo posible para eliminar dicho tráfico del mar, y entre las cosas que deben hacer es abordar la embarcación, inspeccionarla y, si se descubren pruebas de su implicación en ese delito, “adoptar medidas adecuadas con respecto a la nave”, quienes estén a bordo y la carga.

Esas medidas de las que habla el convenio son las relativas a la cooperación y así lo han entendido los dos jueces centrales de instrucción y varias fuentes jurídicas consultadas. Explican que la ley aprobada supedita la lucha contra el narcotráfico a los tratados internacionales, los cuales sólo hablan de cooperación internacional y no de actuación judicial y, por tanto, los jueces no pueden intervenir.

Operaciones inútiles

Desde que se ha aprobado la ley, en la Audiencia Nacional se han encendido todas las alarmas porque ven cómo por un cambio de norma muchos narcotraficantes detenidos en alta mar van a quedar libres y sin causa. Según ha podido saber El Confidencial, la Sección Segunda de lo Penal ya ha preguntado a la Fiscalía Antidroga qué debe hacer con una docena de egipcios que tiene pendiente de enjuiciamiento y que fueron detenidos en aguas internacionales con hachís.

Fuentes fiscales aseguran que son conscientes de que la ley es clara y que sus recursos no van a tener recorrido

El Ministerio Público ha informado en contra de su puesta en libertad en base al artículo 17 del convenio, pero fuentes fiscales aseguran que son conscientes de que la ley es clara y que sus recursos no van a tener recorrido, como ya ha ocurrido con Andreu y Gómez Bermúdez. Desde la Fiscalía están perplejos por el aluvión de informes que se les están requiriendo para la puesta en libertad de extranjeros detenidos en barcos con droga.

La Fiscalía se va a oponer a las libertades porque ve cómo todas las operaciones realizadas durante años conjuntamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado así como en cooperación con otros países quedan en papel mojado. Algunas fuentes incluso llegan a hablar de que tres cuartas partes de las operaciones realizadas no van a servir absolutamente de nada con la norma aprobada por el Gobierno.

Tanto Eurojust como varias unidades policiales -como la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), entre otras-, se han reunido con la Fiscalía para buscar alguna solución a este problema ante la perplejidad que produce lo ocurrido. Se están ultimando los informes sobre otros casos similares en todos los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. En la Sala de lo Penal también tienen por lo menos otra causa, pendiente de juicio, de trece marroquíes que deberá resolverse antes de que se sienten en el banquillo de los acusados.

Investigaciones empantanadas

Por un lado, los instructores deben resolver con la mayor urgencia posible si liberan a las personas que mantienen detenidas, porque están siendo retenidas en contra de la ley española, y los tribunales han de decidir tanto la libertad de sus procesados como el archivo de la causa y la anulación del juicio. Todavía está pendiente que el Pleno de lo Penal de la Audiencia Nacional se reúna para decidir las líneas de actuación en temas de justicia universal.

Alberto Ruiz-Gallardón. (Efe)Desde el punto de vista policial, las operaciones que estaban en marcha o las investigaciones que ya habían arrancado se quedan empantanadas hasta que se decida qué nueva línea de actuación se debe seguir. Con la reforma, España no puede encargarse del enjuiciamiento de los detenidos si no se cumplen las premisas marcadas. En aplicación del convenio, se puede colaborar con otros países para arrestar el buque y después entregarlo al país al que corresponde su bandera, siempre y cuando éste lo reconozca y así lo quiera.

Otras fuentes próximas a estas investigaciones explican que el problema que se ha generado no es sólo que se dejen de atrapar barcos con droga -cuyo contenido sí ha sido destruido por orden de los dos magistrados-, sino que las sospechas policiales señalan que esa droga sirve como intercambio para la venta de armas que podrían estar siendo utilizadas por organizaciones terroristas de carácter islamista.

Desde el Ministerio de Justicia se mantiene la vigencia de la ley, aunque no se descarta que se puedan introducir enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a los fallos que haya tenido la reforma, que se aprobó por la vía de urgencia sin pedir informes del Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado. El nuevo anteproyecto, aprobado en Consejo de Ministros la semana pasada, recoge los nuevos artículos sobre justicia universal y tras el debate parlamentario y con los informes, que esta vez sí se van a solicitar, podría haber alguna modificación.

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