Gallardón designa un equipo para ejecutar con ‘puño de hierro’ todas las reformas pendientes

Poco menos de quince días lleva Alberto Ruiz-Gallardón en el cargo y ya está siendo tildado por algunos sectores de la carrera judicial de "populista". En sus dos únicos actos públicos, el ministro de Justicia ha anunciado una serie de medidas que no han gustado tanto a parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como a alguna asociación de jueces.

Pero hay más. Ruiz-Gallardón deberá tener el aplomo suficiente para enfrentarse a otra parte de la carrera judicial e introducir la figura del fiscal instructor. Él es fiscal de carrera y lo previsible es que defienda esta postura, tal y como ya ha hecho la conservadora Asociación de Fiscales, aunque matizando la versión del anterior fiscal general, Cándido Conde Pumpido, apoyada por el ministro saliente, Francisco Caamaño.

Los miembros de la carrera fiscal defienden el sistema anglosajón con un fiscal que se encarga de las investigaciones. Entienden que fuera de España es difícilmente comprensible que el juez sea quien investigue, quien juzgue y quien condene. Según el borrador del anterior Gobierno, el fiscal iniciaría la investigación mediante decreto y podrá tener a su cargo a un equipo de fiscales en causas complejas y decidir el archivo del procedimiento si no hay indicios de delito.

El nuevo ministro se va a encontrar con un hueso duro de roer, como son los jueces y parte de su Gobierno, que no quiere dar luz verde a una idea promovida por el anterior Ejecutivo. Ruiz-Gallardón ha llegado con muchas ideas al Ministerio, incluso ha nombrado a un equipo de técnicos para que saquen adelante con puño de hierro todas las reformas pendientes. Quiere cambiar leyes que llevan implantadas en España desde el inicio de la democracia, con el fin de dar más credibilidad y confianza al Poder Judicial. Intentará, por tanto, dar más participación al Consejo Fiscal y que sean los jueces y magistrados quienes se encarguen de elegir al grueso de los vocales del CGPJ.

Entre tanto, irá anunciando a cuenta gotas otra serie de medidas que sólo el tiempo dirán si serán viables, como la habilitación del mes de agosto. Hoy por hoy, los jueces eligen sus vacaciones, tienen derecho a disfrutar de 30 días de manera continuada, y ellos mismos son quienes fijan las fechas de los juicios. Por tanto, para conseguir su objetivo, tendrá que limar muchas puntas del tablero judicial.

Su intención de revisar habilitar el mes de agosto para la celebración de juicios no ha sido bien visto para aquellos que estiman que lo ha dicho sin tener un planteamiento real de la situación. Tampoco consideran que esté bien estudiada la modificación en los nombramientos de los vocales del órgano de los jueces y de los magistrados del Tribunal Constitucional.

El ministro de Justicia está dispuesto a hacer un lavado de imagen tanto a su Ministerio como a la Justicia en general. Es consciente de que debe meter mano a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la más antigua de España, que data de 1882. Caamaño consiguió llevar hasta el Consejo de Ministros su reforma, pero las Cámaras no sido lo suficientemente rápidas para lograr su aprobación. Ahora, con el cambio de Gobierno, el proceso deberá empezar de cero.