Gallardón aleja aún más la Justicia de los ciudadanos con su reforma de la LOPJ

Tener un juzgado cerca de casa se va a acabar. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acaba de dar luz verde a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que, lejos de convertirse en la Justicia del siglo XXI, como él mismo aboga, lo que va a conseguir es alejarla aún más de los ciudadanos. Ha creado un complejo sistema judicial por el que se eliminan juzgados para centralizarlos en un Tribunal Provincial de Instancia, que tendrá sede en la capital de cada provincia.

Esto significa que tendrán que desaparecer todos los juzgados que existen actualmente en los pueblos, lo que obligará a los ciudadanos a desplazarse a la capital de su provincia siempre que tengan que acudir ante la Justicia. Esta reforma, aprobada este viernes en Consejo de Ministros, supone para el ministro “una clara apuesta por la profesionalización de la Administración de Justicia”, lo que conlleva, entre otras cosas, la desaparición de los jueces de paz.

Para el Ministerio, los partidos judiciales eran propios del siglo XIX cuando “los transportes y las comunicaciones eran difíciles y, por consiguiente, convenía una presencia territorial difusa de la judicatura”, según se explica en la exposición de motivos del anteproyecto. Sin embargo, es un avance para el ministro que la Justicia se concentre en las capitales.

Esta decisión es muy criticada no sólo por la carrera judicial, sino por otros sectores como los secretarios judiciales, fiscales y funcionarios, que ven cómo claramente lo que se va a conseguir es alejar todavía más la Justicia de la gente. Además, para hacer esta propuesta una realidad, se tienen que trasladar no sólo todos los jueces a las capitales, sino toda la oficina judicial necesaria para que la Administración de Justicia funcione, lo que supone contar con unos edificios y espacios que a día de hoy no existen.

Golpe para presidentes autonómicos y alcaldes

Se tienen que trasladar no sólo todos los jueces a las capitales, sino también toda la oficina judicial, lo que supone contar con unos edificios y espacios que a día de hoy no existen

En el anteproyecto, Ruiz-Gallardón alerta de que esta reforma queda supeditada a la Ley de Demarcación y Planta. Una vez que esta pase por el trámite parlamentario y entre en vigor, el ministro da un plazo de un año a todas las comunidades autónomas para que envíen al Gobierno su propuesta de organización en materia de demarcación territorial. Esto supone un auténtico mazazo a los presidentes autonómicos y alcaldes, que van a ver cómo en plenas elecciones municipales y autonómicas deben anunciar la supresión de gran parte de los juzgados.

Con las elecciones a la vista, plantear la eliminación de los juzgados tiene difícil venta para el electorado, que ya ha visto que el acceso a la Justicia se le ha complicado con este Gobierno tras la aprobación de las tasas judiciales. Junto a esto, también tendrá que ser modificado el Estatuto del Ministerio Fiscal, que deberá cambiar su estructura después de que hace siete años creara el fiscal de área precisamente para atender los partidos judiciales que ahora se eliminan.

Sustituye al juez decano por un “comisario político”

El Tribunal Provincial de Instancia (TPI) va a sustituir a los juzgados y a las audiencias provinciales. Al desaparecer los juzgados unipersonales, también lo hace el juez decano, elegido hasta ahora democráticamente por el resto de compañeros. En caso de aprobarse este anteproyecto, el presidente del TPI será elegido por el Consejo General del Poder Judicial, algo que para miembros de la carrera judicial es un nuevo intento de politización de la justicia. Hasta ahora, el juez decano tenía la capacidad de convocar juntas de jueces, por las que estos se expresaban y mostraban sus críticas. Estos días, se han convocado varias de ellas para criticar al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, por decir que a los jueces se los controla con “un palo y una zanahoria”. Todas han exigido su rectificación y muchas, su dimisión.

Sin embargo, a partir de ahora estos movimientos ya no van a poder producirse. Se trata, según varios miembros de la carrera, de crear una estructura más porosa al poder político, al ser ahora el máximo representante de todos los juzgados una persona designada por un órgano claramente politizado, puesto que sus miembros son elegidos por el Congreso y el Senado.

Evitar jueces justicieros

Fuentes jurídicas señalan que esta reforma es una muestra del miedo que se tiene al juez instructor, que debe ser controlado. Es más, en causas de especial complejidad, por el tiempo de duración, el tipo de delitos o número de imputados, se puede decidir que sean tres los jueces que instruyan la causa, un formato que algunos relacionan con una intención de controlar las instrucciones y otros interpretan como una manera de ralentizar aún más las investigaciones, al tener que ponerse de acuerdo tres jueces en sus resoluciones.

Para el Ministerio, este nuevo formato permitirá “ganar flexibilidad y maximizar los recursos existentes, facilitando las sustituciones de jueces dentro del mismo Tribunal y reasignando efectivos dentro del mismo órgano judicial para hacer frente a necesidades cambiantes del servicio público de la Justicia”.

Jueces que ya han leído el anteproyecto sostienen que parece que se quieren evitar los 'jueces estrella' como Mercedes Alaya, que investiga los ERE de Andalucía, o José Castro, que ha imputado a la infanta Cristina de Borbón. Desde el Ministerio, defienden que formar un órgano colegiado de tres jueces en ciertas instrucciones libera a un solo juez de tanta presión y responsabilidad, aunque para los más críticos lo que se busca es el control de ciertas causas.

Algunos jueces sostienen que parece que se quieren evitar los 'jueces estrella', como Mercedes Alaya o José Castro. También los 'justicieros', como Elpidio José Silva

También se puede evitar de este modo al juez 'justiciero' como Elpidio José Silva, que envió al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, a la cárcel y que ahora está acusado de prevaricación. Posiblemente, para evitar estos casos y otros como el de la juez de Madrid Coro Cillán, ya apartada de la carrera judicial, se ha incorporado en el texto la obligación de que aquellas personas que han superado las oposiciones deban aprobar unos test psicológicos antes de pasar a la Escuela Judicial, algo que hasta ahora no se hacía.

"Militarizar" la Justicia

Otras fuentes señalan que este nuevo modelo busca jerarquizar y crear una carrera judicial piramidal, semejante al Ministerio Fiscal, lo que podría vulnerar al juez predeterminado por ley. Gallardón busca “militarizar” la Justicia, sostiene el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, quien muestra su oposición a la prohibición de que las asociaciones judiciales puedan emitir valoraciones respecto de causas que están abiertas o de jueces que las instruyen, una 'ley mordaza' para los mismos.

Recuerdan algunas fuentes que el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya intentó establecer este formato y lo rechazó al comprobar la oposición frontal que existía dentro de la carrera judicial. La teoría es que este nuevo tribunal permitirá que se repartan los asuntos entre jueces y así evitará el colapso de ciertos juzgados. A priori parece una buena opción, si no fuera, según estas fuentes, porque se va a dar más causas al juez que ya trabajó y descargar al más lento o el que menos trabajó. “Se quiere dar la sensación que los jueces somos unos vagos”, dice el titular de un juzgado de instrucción, que muestra su más profundo malestar con este nuevo modelo, al que se incorpora, entre otras cosas, agosto como mes hábil.

Desde la oposición tampoco ha sido bien recibido el texto. La portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, ha explicado que el hecho de que ciertos casos sean instruidos por tres jueces en el caso concreto de la Audiencia Nacional no va a suponer un aumento de la eficacia y la rapidez de la instrucción. El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha denunciado que la reforma” pretende lograr más control político de los jueces, pero no un control político democrático, como debería ser la defensa de la independencia del poder judicial”.