Cospedal tropieza con el PSOE en su afán por rebajar la factura de los coches oficiales

Los frentes abiertos que tiene María Dolores de Cospedal parecen no tener fin. El último en Castilla-La Mancha podría parecer menor si no fuera porque ha terminado con encierros de trabajadores, la oposición a ultranza del Partido Socialista y el germen de un debate de fondo sobre la utilización de los parques móviles que mantienen las comunidades autónomas a costa de asumir gastos de infartoen época de vacas flacas. Y es que la decisión de la Junta de reducir drásticamente la cartera de servicios que prestan sus vehículos y recolocar a los conductores que los efectúan ha degenerado en un conflicto político-laboral de consecuencias imprevisibles.

Para empezar, el PSOE ha pedido sin ambages la retirada del plan de ajuste, tras décadas en el Gobierno regional avalando desembolsos no pequeños para mantener la flota de vehículos y su plantilla. “La Consejería de Hacienda se propone la elaboración de un Plan de Recursos Humanos en los parques móviles de servicios generales de las cinco provincias de la región justificado con el falso argumento de la austeridad y, alegando, razones fundamentalmente económicas, organizativas y de mejor prestación de los servicios públicos”, expone en una proposición no de ley firmada por su portavoz, José Luis Martínez Guijarro, que presentará mañana en las Cortes regionales.

Todo pese a que los números invitan al menos al análisis. Según fuentes conocedoras de las cifras, el parque móvil que se encontró el Gobierno de Cospedal se eleva a 223 vehículos. Un contingente manejado por una plantilla de 156 conductores, cuyos salarios implican anualmente un gasto de 5,07 millones de euros, más de 800 millones de las antiguas pesetas. El nuevo modelo planteado por el Ejecutivo regional se basa en una mayor utilización de taxis, de coches sin chófer y de transporte público. Una hoja de ruta que apuesta, en paralelo, por reducir en un 50% los conductores adscritos a estos servicios, que no han dudado en convocar encierros para protestar por las medidas.

Los números de la secretaria general del Partido Popular son claros. Prescindir de 76 chóferes le permitirá ahorrar por esta rúbrica 2,47 millones de euros. Los afectados, en tanto funcionarios, serán recolocados en otros servicios de la Administración regional conservando su sueldo. Una fórmula que el PSOE rebate con brío. “Estos empleados públicos aprobaron en su día una oposición para ser conductores de la Junta (…) No opositaron para ser limpiadores, peones, ayudantes de cocina o auxiliares técnicos de educación”, subraya en la proposición, en la que acusa a Cospedal de sustituir a los chóferes por “conductores asesores” con sueldos más elevados.

Un ‘efecto dominó’

El PSOE también ve posible un efecto dominó, que podría acabar en la destrucción de empleo público. “La aplicación de esta medida supondrá que el 50% de este colectivo, será desplazado del puesto en el que están especializados a otros para los que no se les ha dado formación, y además sustituirán a los interinos que vengan desarrollando estas funciones en los distintos centros de trabajo, lo que supondrá la destrucción de al menos 76 empleos públicos”, apuntala la iniciativa parlamentaria. Según el Boletín estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas, el número de empleados en julio de 2009 estaba en 2.636.900. A mediados de 2013 alcanzaba los 2.576.746 millones, apenas 60.000 menos en pleno drama del empleo privado.

Racionalizar el coste del parque móvil manchego es una de las prioridades del Ejecutivo Cospedal, que ha hecho del envite auténtico casus belli. De hecho y según aseguran fuentes conocedoras del proceso, el análisis de los servicios ofrecidos y de los recursos utilizados por parte del Ejecutivo regional ha terminado de convencer a la presidenta del amplio margen de maniobra existente para aquilatar el uso de los coches oficiales y aprovechar mejor a los funcionarios adscritos a la división. El debate no es exclusivo de Castilla La Mancha y está también abierto en comunidades como Extremadura, Andalucía,Galicia o incluso Madrid, que han vividos en los últimos tiempos rifirrafes políticos similares a resultas de sus parques móviles.

El informe de la Consejería de Hacienda sobre el plan de ajuste sí admite que el ahorro que se conseguirá por el traslado de los conductores no será neto. “Será necesario un incremento en el presupuesto del parque móvil dedicado a la contratación de los servicios de taxi”, expone, si bien añade que ese gasto “no sería muy relevante”. Del mismo modo, “la prestación de los servicios ordinarios y de incidencias urbanos e interurbanos, al desarrollarse mayoritariamente a través de empresas externas, también han de suponer un incremento de la partida presupuestaria”. Pese a ello, a Cospedal le salen las cuentas. Otra cosa será que el conflicto laboral en marcha no le estalle en las manos con el exceso degasto público como dramáticotelón de fondo. Para al menos reflexionar.