El juez confirma que los abogados de ETA destruyeron pruebas por el error de Interior

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado el ingreso en prisión incondicional para los últimos ocho detenidos por un delito de pertenencia en la organización terrorista ETA. A petición de la Fiscalía, el instructor considera que existe riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas, según fuentes jurídicas.

Todos ellos se han negado a declarar ante el juez. En escasa hora y media pasaron todos ante Velasco para ser interrogados por su pertenencia al frente de makos (cárceles) de la banda terrorista. Se trata de los dos abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, Aitziber Sagarminaga y Egoitz López de la Calle y los expresos de la organización Miren Aitzane Orkoaga Etxaniz, José Miguel Almandoz Erviti, Asier Aranguren Urroz y José Luis Campo Barandiarán Uribarri, quienes han sido trasladados a primera hora de la mañana a la Audiencia Nacional desde las dependencias de la Guardia Civil, donde permanecían desde su arresto.

Según el auto, los ocho integraban, al menos desde febrero de 2013, el órgano de ETA ‘KT Koordinazioa taldea/grupo de coordinación’, que se constituye como enlace que permite la comunicación directa entre la dirección de ETA y sus militantes en prisión. El auto explica que, a la llegada de los agentes a la sede de la calle Elcano de Bilbao, los detenidos aparecieron destruyendo documentos.

“Los detenidos, en contra de lo que venía siendo habitual en las 21 reuniones anteriores contactadas por la Guardia Civil, no aparecieron reunidos, sino dispersos destruyendo documentos, de modo que ha aparecido un pendrive machacado, otros escondidos en cojines o un churro o canutillo con una comunicación de la dirección de ETA de diciembre de 2013 a sus militantes”, dice el auto.

Además, tres de los detenidos trataron de huir del local mientras otros dos vigilaban la calle. Todo ello, junto a la clandestinidad de las reuniones y bajo la apariencia o cobertura de actividades profesionales o políticas, indicaban, según el juez, que este grupo de miembros del KT, al margen de tener comunicaciones directas con la dirección de ETA, contaba con un grado de autonomía tal en la gestión del destino penitenciario de los presos, que "lo conformaba como un brazo operativo más de la ETA misma".

La operación guarda una gran similitud con la llevada a cabo contra los abogados de la banda en abril de 2010 y que desarticuló el colectivo H-Alboka. Como entonces, a los arrestados el miércoles se les acusa de ejercer como la correa de transmisión entre ETA y sus cárceles. Esta operación fue la que trajo polémica porque desde el Ministerio del Interior se informó del operativo antes de que se produjeran las detenciones, lo que provocó la dimisión de su director de comunicación. Según las investigaciones, los arrestados no sólo trasladaban sus mensajes a las prisiones, sino que presionaban a los presos para que se mantuviesen fieles a las consignas de ETA.

Zulueta ya ha sido detenida en tres ocasiones, una de ellas tras la operación contra H-Alboka en abril de 2010, pero finalmente quedó en libertad provisional en diciembre de ese año. Posteriormente, volvió a ser arrestada en julio de 2011 y salió en libertad provisional de nuevo en septiembre de 2012 tras pagar una fianza de 60.000 euros.