El peor año de Gallardón, el verso suelto que ya no rima ni dentro ni fuera de su partido

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afronta el nuevo año con un desgaste político sin precedentes. En dos años de legislatura, ha conseguido ponerse en contra no sólo a todo el sector judicial, sino a parte de su partido e incluso a personas de su confianza. Discrepancias con el fiscal general del Estado, una huelga de jueces y fiscales, fuertes críticas por parte del Consejo General del Poder Judicial por la reforma del Código Penal, enfrentamiento de gran parte de los magistrados del Tribunal Supremo por la reforma del Poder Judicial y, como colofón, la reforma de la Ley del Aborto, han sido algunas de las piedras que se haninterpuesto en su carrera política.

Para acabar su peor año, el Gobierno decidió en los últimos días de diciembre presentar el anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto, elaborado por el departamento de Ruiz-Gallardón, que ha levantado una fuerte polémica no sólo en la sociedad civil, sino dentro de su propio partido. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o el de Extremadura, José Antonio Monago, son sólo algunos de sus compañeros que piden que el documento sea revisado porque, como dijo este último, “nadie puede obligar a una mujer a ser madre”.

La reforma de la ley aprobada por el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era una promesa electoral del PP y cuando Ruiz-Gallardón llegó a Justicia anunció que sería prioritaria en su gestión. Al final, ha tardado dos años en presentarla y, aun así, ha encontrado una fuerte oposición de una parte de su partido. Los cambios que ha ido presentando el ministro han dejado en evidencia su fuerte postura conservadora, a pesar de que en sus tiempos como alcalde de Madrid se le llegó a tachar de ‘verso suelto’ por sus comportamientos más progresistas que la línea general de su partido.

Ruiz-Gallardón ha sufrido un cambio en su toma de decisiones, que le ha pasado factura. También presentó una reforma del Código Penal, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria, con unas figuras más que polémicas, como la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad. Es más, esta última, que permitiría mantener a un recluso diez años más después de cumplir su condena y que recibió un informe en contra tanto del CGPJ como del Consejo Fiscal, tuvo que ser eliminada del anteproyecto porque vulnera “un bien jurídico tan importante como la libertad”.

En esa ocasión, recibió las críticas del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, a pesar de ser un cargo elegido por este Gobierno. La relación entre ambos ha pasado por momentos complicados. Aunque ahora parece que se han dado una tregua, el fiscal general ha estado en varias ocasiones a punto de tirar la toalla y abandonar el puesto por las presiones recibidas. Es cierto que ha sido un año especialmente complejo, con causas judiciales que afectan directamente a miembros del Ejecutivo y que Torres-Dulce ha tenido que bandear lo mejor posible y salir en defensa, en varias ocasiones, de la Fiscalía Anticorrupción.

El ministro de Justicia no ha dejado a ningún sector impasible. La aprobación de la reforma del Poder Judicial puso en pie de guerra a gran parte de la judicatura, magistrados del Tribunal Supremo incluidos. Las modificaciones presentadas por Gallardón suponen, para la carrera, una ruptura del equilibrio de la división de poderes y una subordinación del poder judicial al político.

Gallardón maneja sus fichas

El titular del Departamento de Justicia ha ido moviendo sus fichas y buscando aliados que apoyaran sus cuestionadas reformas. Cuando en febrero, jueces y fiscales convocaron una huelga en contra de ellas y, sobre todo, contra las tasas judiciales, que buscan poner trabas en el acceso a la Justicia, Ruiz-Gallardón se buscó un aliado, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Gracias a que, finalmente, los conservadores no apoyaron las movilizaciones, la huelga no tuvo la unanimidad de apoyos.

Sin embargo, ahora esta asociación no se ha visto recompensada por su esfuerzo y ha comprobado cómo el ministro la ha dejado de lado en la elección de los nuevos vocales del CGPJ, lo que promete un empeoramiento de estas relaciones. Precisamente, la APM fue la única que no apoyó esa huelga, en contra del criterio mayoritario del resto de asociaciones tanto judiciales como fiscales, así como de secretarios judiciales, funcionarios y abogados.

Con sus jugadas, ha conseguido colocar como nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo a su elección, Carlos Lesmes, lo que le garantiza tener un órgano más controlado. Precisamente, fue este magistrado del Alto Tribunal uno de los que defendió elindulto otorgado por Gallardón al conductor ‘kamikaze’, a quien precisamente había defendido el bufete de abogados para el que trabaja uno de los hijos del dirigente ‘popular’. Es más, Lesmes, ex alto cargo de Justicia en los Gobiernos de José María Aznar, había sido el encargado de redactar la ponencia sobre el indulto que tuvo que ser retirada porque no tenía el apoyo de la mayoría de sus compañeros. Finalmente, la medida de gracia fue anulada y la Sala concedió un plazo de tres meses al Gobierno para que motive las razones por las que Ramón Jorge Ríos está en la calle.

Otro capítulo que casi estalla a Gallardón, aunque se consiguió calmar las aguas a tiempo, fue la militancia en el PP del nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos. Efectivamente, el magistrado reconoció que durante tres años estuvo pagando su cuota de afiliado, pero una vez que entró al órgano se dio de baja. Al final se consiguió rebajar el escándalo con una nota de apoyo por parte de los otros once magistrados del TC en la que aseguraban que Pérez de los Cobos no es juez de carrera y, por tanto, no se rige por su ley de incompatibilidades.