Gallardón lleva al Consejo una ley del aborto que no contenta a nadie

Envuelta en el máximo secreto llega hoy al Consejo de Ministros la esperada y también polémica reforma de la ley del aborto de la que, a la espera de que se conozca su concreción, sí se sabe que no gustará a los sectores tradicionalmente más movilizados en este asunto. Ni a la izquierda, que ya ha anunciado su intención de poner los pies en pared ante cualquier retroceso de lo que consideran un derecho para la mujer, ni a la derecha más tradicional, que tampoco podrá aplaudir al ciento por ciento el texto que hoy presenta el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Así lo han reconocido, en los últimos días, fuentes de toda solvencia del propio ministerio.

Por eso, el secreto total sobre el contenido de la reforma, una de las de mayor calado político y moral de las emprendidas hasta ahora por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, se ha mantenido hasta la recta final sin que se haya filtrado nada. Y es que muy pocos conocen el proyecto de primera mano más allá del Ministerio de Justicia y de la vicepresidencia del Gobierno y la ministra de Sanidad, Ana Mato, con cuyos técnicos se ha trabajado muy estrechamente a lo largo de los últimos dos años. Ni siquiera el Partido Popular ha estado al tanto del trabajo que se ha llevado hasta la fecha.

La nueva ley del aborto, que anula en lo sustancial la llevada a cabo por Bibiana Aído en 2010, plantea la vuelta a una legislación que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en determinados supuestos muy concretos y mejor regulados que en la ley de 1985 para que el pretexto de “daño psicológico” para la madre no se convierta en un coladero para el mayor número de casos. El cambio legal implica, por tanto, que el aborto deja de considerarse un derecho que se pueda ejercer libremente durante las primeras 14 semanas del embarazo y hasta la semana 22 en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre o por graves anomalías en el feto.

El Partido Popular se comprometió a reformar la ley del aborto en su programa electoral y, tal y como justificó Ruiz-Gallardón la semana pasada tras su choque parlamentario con Elena Valenciano, no había razón para no cumplir esa promesa, pues la reforma no conlleva gasto y no está sujeta a aprobaciones de última hora del departamento de Cristóbal Montoro.

Entre las principales novedades de la norma está el hecho de que, por primera vez, ninguna mujer podrá ser sujeto de reproche penal por el aborto pues, como ha reiterado el ministro en varias ocasiones, el Gobierno considera a las mujeres “víctimas” del aborto y no culpables. Además, el texto echa por tierra la posibilidad de que las menores puedan interrumpir su embarazo sin informar a sus padres, uno de los puntos más polémicos de la legislación impulsada por el anterior Gobierno socialista.

Como ya explicó este diario, la ley regulará también, por primera vez en España, el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y enfermeros. Esta objeción podría ir en la línea del planteamiento que, en 1985, postuló el PP de Miguel Herrero de Miñón al respecto. Proponía, textualmente, que “de ninguna forma podrá ser exigida declaración alguna al respecto con carácter general ni previo” a estos profesionales. Y añadía que “el ejercicio de la objeción de conciencia en estos casos no prejuzgará de ninguna forma el acceso a puestos de trabajo en hospitales o centros públicos o privados, ni podrá fundar ningún tipo de discriminación directa o indirecta”.

Desde que el Ejecutivo anunció su intención de reformar la ley de plazos, la interrupción del embarazo en caso de malformación del feto ha sido uno de los asuntos más polémicos.

Gallardón aseguró en julio de 2012 que este ya no será un supuesto para abortar en la nueva legislación, si bien en las siguientes comparecencias se ha limitado a señalar que resolverá las situaciones difíciles para la mujer en caso de malformación del feto cumpliendo los compromisos internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad. Todo apunta a que la nueva ley podría ir acompañada de un catálogo de malformaciones del feto que sí darían lugar a esa interrupción del embarazo.