El aborto, la prisión permanente y su continuidad marcan el otoño de Gallardón

La polémica reforma de la Ley del Aborto, la entrada en vigor de la prisión permanente revisable, que algunos comparan con la cadena perpetua, y su propia continuidad en el equipo de Gobierno marcarán el otoño del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Antes de las vacaciones, el exalcalde madrileño anunció que para el trimestre que comienza ahora se procederá a la tramitación de la reforma de la Ley del Aborto, que supone un retroceso a la leyde 1985 y en la que se contempla retirar la malformación del feto como causa para la interrupción del embarazo.

Esta reforma fue anunciada a bombo y platillo por Ruiz-Gallardón en cuanto se hizo responsable de la cartera de Justicia. Asumió esta reforma como algo propio y como una forma de acercarse al lado más conservador del Partido Popular. Iba a ser una medida prioritaria pero, sin embargo, las órdenes del Ejecutivo fueron las de levantar el pie del acelerador. Fuentes ministeriales señalan que esta reforma no es propiamente de Justicia, sino del Gobierno, y es este el que establece las pautas a seguir.

Los pormenores de la reforma todavía no se conocen, pero podría dejar abierta una posibilidad en la que la madre pueda abortar en el caso de que el feto venga con anomalías: cuando hubiera grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada. Es decir, la mujer podría alegar problemas psicológicos para no seguir con el embarazo, si así lo deseara.

El aplazamiento constante de esta reforma no ha dejado en buena situación a Ruiz-Gallardón, que desde que llegó al Ministerio ha sufrido constantes ataques por sus polémicas reformas, como las tasas judiciales o la del Poder Judicial. La nueva Ley del Aborto le iba a ayudar a reconciliarse con el lado más conservador de su partido, que se ve decepcionado por la falta de diligencia en esta reforma.

El anuncio de la reforma de esta ley y el comienzo de su tramitación pondría de nuevo al ministro en el disparadero de todas las críticas en un momento en que su nombre suena como candidato para salir del Ejecutivo en una posible crisis de Gobierno planteada por Mariano Rajoy.

Su salida se rumorea desde hace meses, aunque los portavoces del PP lo han desmentido este verano. Han asegurado que si el presidente hace cambios serán sin importancia y que, de todas formas, él es el único que las sabe. Su posible destitución ya vino de la boca del propio extesorero del PP, Luis Bárcenas, quien aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que desde el entorno de Rajoy se le había prometido la salida de Ruiz-Gallardón si no desvelaba la contabilidad B del partido. De esta manera, se podría modificar la estrategia de la Fiscalía respecto del extesorero, actualmente en prisión incondicional.

Oportunidad para convertir en delito la financiación ilegal

Este mes de septiembre volverá en segunda vuelta al Consejo de Ministros la reforma del Código Penal, y con ella la polémica incorporación de la prisión permanente revisable, que desde algunos sectores se compara con la cadena perpetua, una medida nunca antes se había instaurado en la España democrática, con la única diferencia de que, transcurridos 25 años de condena, la pena puede ser revisada.

La permanencia sin límite de años se podrá aplicar a condenados por terrorismo, magnicidio, genocidio, delitos de lesa humanidad y también a los casos de “asesinato agravado”. En este último supuesto entran los asesinatos de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables, los asesinatos múltiples, los cometidos por organizaciones criminales y los que sean “subsiguientes a un delito contra la libertad sexual”.

Eso sí, el Ministerio ha retirado la custodia de seguridad, mediante la que se permitía mantener a un condenado en prisión una vez cumplida la pena, tras las fuertes críticas del CGPJ.

En esta reforma, el Gobierno tiene la oportunidad de endurecer la financiación ilegal de los partidos y convertirla en delito, precisamente en un momento en que la del PP ha sido puesta en entredicho por la aparición de unos papeles de su extesorero en los que aparecen pagos de donaciones ilegales presuntamente a cambio de adjudicaciones y de sobresueldos a dirigentes de la formación.

El Gobierno quiere endurecer los supuestos y las penas en los delitos de administración desleal y apropiación indebida, cohecho y malversación de caudales públicos, vinculados sobre todo a actuaciones delictivas por corrupción política.

Renovación del CGPJ

Este mes de septiembre será la prueba de fuego de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, aprobada por Ruiz-Gallardón a pesar de las fuertes críticas tanto de la carrera judicial como del propio órgano de los jueces y del resto de partidos. El próximo día 24 se acaba el mandato actual del Consejo y debe ser renovado para formar el nuevo órgano, que para los más críticos, entre ellos parte de los magistrados del Tribunal Supremo, supone un ataque a la independencia judicial.

Fuentes jurídicas señalan que no es previsible que para ese día el Congreso y el Senado tengan el nombramiento de los veinte próximos vocales, y por lo menos hasta octubre no se formará el nuevo Consejo. El bloqueo en los nombramientos de los vocales ha sido una constante de este órgano, que en la última ocasión tuvo hasta dos años de retraso.

Con la nueva reforma, Ruiz-Gallardón ha establecido que el Consejo podrá funcionar con los diez vocales nombrados por una sola Cámara. Es decir, en cuanto el Senado, con mayoría de tres quintos por parte del PP, nombre a sus diez vocales estos pueden sustituir a los nombrados por esta Cámara en el actual Consejo. Si el Congreso se bloquea, el órgano de los jueces funcionaría con los diez nuevos elegidos mayoritariamente por el partido en el Gobierno y los otros diez de la parte del Congreso que se quedarían en funciones hasta que haya un acuerdo.

Además, el Ministerio tiene entre manos el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una de las reformas más ambiciosas del Ejecutivo porque se pretende modificar una norma que data de 1882. El cambio clave que va a presentar Ruiz-Gallardón es la modificación de todo el concepto de la instrucción penal en España y que sea el Ministerio Fiscal el que cargue con el peso de las investigaciones.