Jueces y fiscales, a la huelga sin el apoyo del CGPJ y con su presidente del lado de Gallardón

Jueces de toda España se unen hoy a la oleada de reivindicaciones que sufre el Gobierno en la tercera huelga que secunda la carrera judicial en la historia democrática de España. Un hecho inédito es que a ella se unen los fiscales, que nunca antes habían ejercitado este derecho constitucional. Lo hacen en medio de un clima de profundo malestar hacia las instituciones y bajo la sombra de corrupción política.

Aun así, salen a la calle sin el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, cuyo presidente, Gonzalo Moliner, se ha inclinado por el respaldo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, puesto en entredicho por la polémica ley de tasas judiciales, su abusivo empleo de los indultos y su reformas como la del CGPJ y la Ley Orgánica del Poder Judicial, además de por el incremento de la carga de trabajo a jueces y fiscales, la reducción de los jueces sustitutos y la congelación de las convocatorias de plazas, todas ellas reivindicaciones sobre las que gira la huelga. 

Este plante judicial tampoco está apoyado por las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF), ambas de rama conservadora. En el caso de la APM, a pesar de ser una de las principales opositoras a la reformas de Gallardón, sobre todo a la del CGPJ -que le quita cuota de poder-, el titular de Justicia ha sabido jugar sus cartas y conseguir que la asociación dé un giro de 180 grados y apueste ahora por el diálogo en vez de la confrontación.

En la misma línea está Moliner, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones que no apoya la medida de los jueces. Fuentes de dentro del Consejo achacan su comportamiento a su aspiración a ser reelegido como presidente del órgano de los jueces y del Tribunal Supremo, mandato que finaliza en septiembre.

El CGPJ sí ha criticado a través de informes la reforma planteada por el Gobierno del Código Penal y del CGPJ. Sobre esta última, sostiene que el Ministerio pretende reducir la independencia judicial. Sin embargo, no estima oportuno que la vía para la reivindicación sea la huelga, sino que defiende un diálogo entre las partes. Ese mismo diálogo fue el que Gallardón torpedeó durante meses hasta que la Comisión Interasociativa anunció su intención de ir a la huelga e incluso dio por muerto como interlocutor al ministro.

Este último ha buscado la confrontación al negarse a negociar ninguno de los aspectos de los anteproyectos que ha planteado ni de las medidas que ha acordado. Ahora este enfrentamiento se traduce en una huelga cuyas consecuencias son impredecibles. La primera, llevada a cabo con un 62% de seguimiento en febrero de 2009, le costó el puesto al que fuera titular de Justicia en esos momentos, Mariano Fernández Bermejo. Sin embargo, la segunda, celebrada en octubre de ese mismo año sólo estuvo secundada por un 30%, y no tuvo ninguna consecuencia. A la de hoy se añaden a los 5.100 jueces que hay en activo, 2.400 fiscales. Los funcionarios no van a secundar la huelga, pero sí van a hacer paros de una hora.