La pelea entre PP y PSOE por dominar el Poder Judicial paraliza su renovación

La historia se repite. Si la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor en junio, pretendía al menos maquillar la politización creciente de la justicia, no resulta descabellado afirmar que la norma ha fracasado estrepitosamente al poco de nacer. Hoy se cumple un mes desde que expiró el mandato de cinco años del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero la pelea entre el PP y el PSOE por repartirse el control del nuevo órgano de gobierno de los jueces sigue paralizando la renovación de sus 20 miembros. Y la codicia de unos y otros ha arrastrado las negociaciones a un punto muerto.

Populares y socialistas han incumplido yprorrogado ya tres veces el plazo para cerrar esas negociaciones -el próximo vencerá el 5 de noviembre-, mientras CiU, PNV e IU aguardan las migajas que dejen los dos grandes partidos. El PP no tiene prisa porque cuenta con la mayoría necesaria de tres quintosen el Senado para imponer a los 10 vocales que corresponde elegir a la Cámara Alta; y si persiste el desacuerdo, podría simplemente prolongar el mandato de los otros 10 vocales que el Congreso -donde no reúnelos tres quintos- designó hace cinco años, asegurándose así un control abrumador del nuevo CGPJ.

Mientras, elPSOEse debate entre seguir adelante con las negociaciones y amarrar así su cuota de poder en la cúpula judicial o dar un portazo que deje en evidenciala intransigencia del PP y su afán por imponer un CGPJ monocolor. Esas dudas provienen de la solemne proclama que Alfredo Pérez Rubalcabalanzó el pasado 14 de julio, cuando anunció la "ruptura de todas las negociaciones" con el PPa raíz de conocerse los mensajes de apoyo que Mariano Rajoy envió desde su móvil a Luis Bárcenas. El líder socialista es ahora esclavo de aquellas palabrasy rehén deun amplio sector del partido que reclama romper los contactos con el PP y recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.

Control político

Esa reforma, impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón y aprobada el pasado 27 de junio,sólo parece lucir una virtud: haber unido en su contra a todos los partidos de la oposición, asociaciones judiciales -incluida la conservadora, y afínal PP, Asociación Profesional de la Magistratura- e incluso al CGPJ ya caducado, encabezado por su presidente, Gonzalo Moliner. Unos y otros acusan a los populares de imponer una norma que reforzará el control político de los jueces mediante mecanismos como, precisamente, la modificación del sistema de elección de los vocales del CGPJ.

El nuevo sistema es denostado con mayor o menor virulencia por las cuatro asociaciones de jueces, celosas guardianas de un corporativismo muy extendidoen la carrera judicial, porque les resta protagonismo y poder de decisión. El anterior método de elección les otorgaba la facultad de proponer al Parlamento una lista cerrada de 36 candidatos, acorde al peso y la representatividad de cada una de ellas, de la que los dos grandes partidos seleccionaban a los jueces más afines ideológicamente. Ahora, en cambio, cualquier juez que reúna tan sólo 25 avales de otros tantos compañeros de carrera puede presentarse, sin límite de aspirantes.

La nueva normativa ha disparado a 54 la lista de candidatos, de los que 18 tienen la etiqueta de independientes porque no pertenecen a ninguna asociación judicial. Entre ellos, Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; la magistrada de lo Social de Madrid Celima Gallego, esposa del ex ministro socialista José Antonio Alonso, o la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Rocío Pérez-Puig, que ha logrado reunir la cifra más elevada de avales: 210, por encima incluso de varios miembros del Tribunal Supremo y presidentes de tribunales autonómicos.

Salvo la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, que ha presentado una lista con 21 candidatos, las otras tres han rechazado elaborar candidaturas propias para expresar su rechazo a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero ese boicot no ha impedido que algunos de sus miembros hayan buscado avales por su cuenta para formalizar su candidatura. Es el caso, entre otros muchos, de Clara Martínez de Careaga, esposa del ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y miembro de la progresista Jueces para la Democracia, y María Tardón, juez de violencia de género de Madrid y representante de la moderada Francisco de Vitoria.