Todos contra todos en la inauguración del nuevo curso judicial

La principal cita de la Justicia, la apertura del año judicial, cuando oficialmente da comienzo el curso, ha estado ensombrecida este año con discursos en contra de las reformas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, protestas de funcionarios en la puerta del Tribunal Supremo y por la situación del Rey, en el punto de mira en una jornada que giró en torno a la lucha contra la corrupción.

Ese día, donde toda la flor y nata de la Justicia se congrega, con cocktail incluido, perdió este año algo más su compostura institucional al escuchar de la boca del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, críticas a algunas de las reformas aprobadas por el Ministerio de Justicia. El presidente saliente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, apoyo indiscutible de Gallardón este último año, también emitió ciertas críticas al ministro.

No es la primera vez que Gallardón se encuentra en un día tan solemne como este con protestas de funcionarios a su paso y bajo las miradas de todos los jueces, fiscales, vocales y cargos públicos allí convocados. El año pasado, cuando desde el Ministerio se comenzaron las ambiciosas reformas de Justicia, también tuvo que padecer el mismo escenario. "Gallardón quiere acabar con la Justicia para todos", coreaban.

La incorporación de las tasas judiciales ha sido durante este último año la batalla de todas las asociaciones judiciales y gran parte de la carrera judicial, con funcionarios judiciales incluidos. Sin embargo, en su discurso, Torres-Dulce aprovechó para lanzar otra crítica. En este caso fue por la intención que tiene el ministro de modificar la instrucción y dejarla en manos del fiscal en la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se está preparando desde su Departamento. Reprochó que en los planes del ministro está el de negar al Ministerio Público "la capacidad de maniobra precisa para llevarla a buen término”. Por tanto, señaló que el proyecto que se está elaborando somete al fiscal a un “constante escrutinio de su actividad investigadora por el tribunal de garantías y por las partes personadas desconocido en el derecho comparado e incompatible con cualquier perspectiva de eficacia”.

Este discurso es probablemente el último que pronuncie el presidente del órgano de los jueces, una institución que debe ser renovada en los próximos días, aunque fuentes conocedoras del asunto apuntan que se retrasará por lo menos un mes, hasta que el PP y PSOE encuentren un consenso.

El próximo CGPJ no será como los anteriores. Gallardón ha aprobado una reforma del Poder Judicial en la que limita sus funciones y rebaja la función de los 22 vocales. Concretamente, sólo estarán dedicados a su función en el órgano cinco de ellos, que se irán rotando, lo que para muchos miembros de la carrera judicial debilita al Consejo y merma su independencia. Respecto a este asunto, el todavía presidente puntualizó que esta reforma introduce “importantes limitaciones en su estructura”, además de modificar a un sistema de elección de los vocales “por cuotas y no por consenso, que es lo que quiso el constituyente”.

Precisamente, en el acto se encontraban varios candidatos a vocales para el próximo CGPJ, como el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza o el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska.

Corrupción ante el Rey

La figura del Rey tampoco pasó desapercibida. Don Juan Carlos permaneció inmóvil mientras el fiscal general del Estado centraba su discurso en la corrupción cada vez más intensa de España, que impide que el país pueda comenzar su recuperación económica. Una corrupción que, según Torres-Dulce, afecta a las principales instituciones del Estado y genera una desconfianza a las inversiones extranjeras, una situación que no cambiará hasta que no se transforme la idea y se demuestre que España lucha contra la corrupción, tal y como consta en la memoria de la Fiscalía referente al año 2012.

Torres-Dulce emitió un discurso especialmente duro contra la corrupción ante un Rey que tiene a su yerno inmerso en una causa judicial precisamente por corrupción y una hija, la infanta Cristina, que también llegó a ser imputada para después ser desimputada por orden de la Audiencia Provincial de Palma en la investigación que instruye el juez José castro, en el caso Nóos. Juan Carlos de Borbón también pudo oír algún que otro grito en contra de la Monarquía, precisamente por los casos de corrupción que se están viviendo dentro de ella.