LA NORMATIVA NO OBLIGA A REALIZARLO

El Gobierno defiende el 'fracking', pero no garantiza el estudio de su riesgo sísmico

El Gobierno defiende la viabilidad y seguridad de los proyectos de fracking, pero la normativa no obliga a que dispongan de un informe previo de riesgo sísmico.

Foto: Manifestación contra el 'fracking' en Burgos el pasado mes de mayo (EFE)
Manifestación contra el 'fracking' en Burgos el pasado mes de mayo (EFE)

El Gobierno acaba de defender por escrito la viabilidad y seguridad de los proyectos de fracking, pero la normativa que regula la implantación de esta técnica energética aún en fase de desarrollo no garantiza que dispongan de un informe previo de riesgo sísmico con resultado favorable. Por ahora, el Ejecutivo está impulsando una regulación de los sondeos que facilita el desarrollo de esta técnica en España, a pesar de la fuerte oposición que está encontrando. Su gran impacto en el entorno natural (consiste en la obtención de gas alojado en el subsuelo mediante la fracturación hidráulica de la roca en que se encuentra encerrado) ya ha provocado el rechazo de asociaciones ecologistas e incluso de Gobiernos autonómicos como los de Cantabria y Cataluña.

Sin embargo, el Ejecutivo defiende que se trata de una técnica segura. Así lo ha expuesto en el Congreso y así consta también en su respuesta a nueve preguntas por escrito sobre el asunto presentadas por varios diputados del Grupo Parlamentario Socialista. “El Gobierno está aplicando un criterio de precaución y cautela en la autorización de los proyectos de investigación o exploración para la obtención de hidrocarburos por fractura hidráulica (fracking). Con este propósito, se ha decidido que todos estos proyectos se sometan a una evaluación ambiental”, asegura el Ejecutivo en las nueve contestaciones. Pero la seguridad del fracking tiene una vía de agua. La normativa que regula las declaraciones de impacto ambiental no exige que estos proyectos deban estar sometidos obligatoriamente a una evaluación de su riesgo sísmico, por lo que podrían salir adelante sin que se valore esa amenaza. 

“Lo lógico es que se evalúe ese riesgo, pero la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental deja en manos de las Administraciones competentes y de los técnicos qué es lo que debe pedirse en cada caso concreto”, señala Eliseo Vergara, profesor de la Universidad de La Rioja experto en legislación medioambiental. “Se entiende que en alguna de las fases de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de fracking se medirá su riesgo sísmico, pero no puede decirse que sea obligatorio tener ese factor en cuenta”, aclara este profesor.

Evaluación individualizada

Fuentes del Ministerio de Industria admiten que existe ese vacío, aunque argumentan que cada proyecto será analizado en función de sus características concretas para tratar de detectar todos los posibles efectos adversos. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, encargado de vigilar la idoneidad ambiental de los proyectos, también ha sido preguntado por este diario sobre la situación del fracking, pero no ha ofrecido una respuesta.

Por su parte, el lobby que representa a las empresas del sector del fracking, Shale Gas España, asegura que los sondeos van precedidos de “un estudio geológico detallado que permita identificar las fallas y su actividad”, así como de “un estudio geomecánico de la roca a estimular con el objetivo de conocer la estructura, resistencia y los modelos de fracciones”. Pero las fuentes consultadas insisten, sin embargo, en que la medición del riesgo sísmico depende en último término de que las partes implicadas en el desarrollo del proyecto decidan tenerlo en cuenta.

El precedente de Castor

Eso fue lo que ocurrió en el proyecto Castor, la plataforma de inyección de gas que supuestamente ha provocado una oleada de terremotos en el litoral de las provincias de Castellón y Tarragona que ha reabierto el debate sobre el fracking. La planta consiguió un informe de declaración ambiental favorable, pero esa evaluación no tuvo en cuenta su riesgo sísmico, como Industria ya ha reconocido. La instalación comenzó a bombear gas a la corteza terrestre el pasado mes de junio, pero el 16 de septiembre tuvo que ser paralizada ante los temblores que presuntamente estaba ocasionando en la zona.

Castor no es un proyecto de fracking, sino un almacén subterráneo de gas, pero las similitudes entre ambas técnicas van a dificultar a Industria disociarlas ante la opinión pública tras el pánico desatado por los terremotos en el golfo de Valencia. De hecho, el episodio del Castor ya ha motivado numerosas reacciones populares contra la fractura hidráulica en diferentes puntos de España y ha forzado a los Gobiernos autonómicos a posicionarse.

La trayectoria del proyecto Castor encierra otro curioso paralelismo. El exdiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds Joan Herrera preguntó en 2009 al Gobierno que entonces presidía José Luis Rodríguez Zapatero por la seguridad del proyecto Castor. El Ejecutivo respondió que “el proyecto de instalaciones y su Estudio de Impacto Ambiental ya han sido presentados y sometidos al trámite de información pública, tal y como se establece en la normativa correspondiente” y precisó que la “Evaluación del Impacto Ambiental del proyecto está sometida al Real Decreto Legislativo 1/2008”. Se trata exactamente de la misma argumentación y la misma norma a las que recurre ahora el Gobierno para defender las prospecciones de fracking. Y al menos en el caso del Castor ya ha quedado acreditado que las precauciones que se adoptaron no eran suficientes. El informe de riesgo sísmico del proyecto nunca se hizo.

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