Las patrañas del falso juez que engañó a Correa… y acabó suicidándose

El 15 de julio de 2008, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordena el allanamiento del despacho fiscalista de Andrés Guillamón y Ramón Blanco Balín, situado en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. La operación estaba encuadrada dentro de otra internacional que investigaba una serie de cuentas de defraudadores en el Global Trust Group de Liechtenstein. En la parcela española se veían afectados casi 200 inversores, entre ellos el padre del presidente de la Generalitat, Artur Mas.

El despacho madrileño, según las investigaciones del sumario 211/2008, gestionaba 170 millones de euros de inversores españoles. Los agentes de la Guardia Civil se llevaron decenas de cajas de las oficinas, almacenes y cuartos trasteros. Aquella documentación estaba ligada, aunque los agentes los desconocían, a los negocios secretos entre Blanco y la trama societaria de Correa. En las cajas quedaron depositados algunos documentos que demostraban la contabilidad opaca de Correa y el desvío del dinero negro a Ginebra para ser blanqueado a través de la cuentas del fiduciario helvético Arturo Fasana. Éste trabajaba para la trama Gürtel desde el verano de 2005 pero con el exinspector de Hacienda, Ramón Blanco, desde mucho antes.

La operación dirigida por Pedraz se desarrolla veinte días antes de que Garzón incoe las diligencias previas 275/2008, bautizada con la palabra alemana Gürtel -en alusión al apellido Correa- porque uno de los policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) hablaba teutón. Las cajas con la documentación quedaron precintadas y apiladas en los pasillos y en las reducidas dependencias del Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional. Sin que nadie se percatara, guardaban las escrituras de compraventa de Easy Concept Comunicación y Orange Market, entre otras sociedades de Correa, documentos sobre sus sociedades en paraísos fiscales y los extractos de sus cuentas en Suiza.

Pero resulta poco creíble que todo aquel material no acabara en poder de la UDEF o de Garzón, que seguía la pista de Correa en el máximo de los secretos desde finales de 2007.

Correa se esconde en Panamá y Colombia

A Correa le faltó tiempo para enterarse de las investigaciones paralelas de los jueces Pedraz y Garzón, y puso en marcha toda su maquinaria para salir del atolladero. Por lo pronto, optó por salir de España y refugiarse, provisionalmente, en Panamá y Colombia, durante el segundo semestre de 2008, hasta que amainara la tormenta. Una vez más, Correa se veía ante las cuerdas del ring judicial pero, como ya había logrado librarse de ellas en anteriores ocasiones, se colocó en el rincón del cuadrilátero para zafarse del peligro. Tres años atrás, había superado una situación similar cuando fue detenido su anterior asesor legal, que fue investigado en el conocido como caso Reparaz, un empresario español que se dedicaba a la industria pesquera en Venezuela y fue investigado por delitos fiscales.

El 30 de noviembre de 2005 la Policía, por orden del juez Grande Marlaska, registró el despacho del abogado Luis de Miguel, que tenía en el Paseo de la Castellana de Madrid, y se llevó varios legajos con papeles de Correa.

De Miguel, un gestor experto en la constitución de sociedades instrumentales en paraísos fiscales, había servido de pantalla a sus primeras sociedades. En 1996 había creado para Correa en las Antillas Holandesas la instrumental Awberry License y, un año después, la sociedad Pacsa Limited, en el paraíso fiscal de las Islas de Nieves. Pacsa es el acrónimo de Paco Correa Sánchez.

Entre los papeles intervenidos aparecían varias sociedades de Correa en las Islas Caimány en Estados Unidos, pero como su nombre no figuraba en la investigación inicial, quedó milagrosamente ajeno a aquella causa. Fuera, pero tocado porque ese expediente sería incorporado años después en las pesquisas de la operación Gürtel.

Se encienden las alarmas

Tras la entrada y registro del despacho de Ramón Blanco, las alarmas de Correa volvían a dispararse en septiembre de 2008. Una filtración al jefe de la Gürtel, mientras las diligencias seguían secretas, desvelaba que un sastre con nombre de torero, José Tomás, encargado de las tiendas de Milano y Forever Young de Madrid, había sido citado a declarar en la Fiscalía Anticorrupción por una serie de trajes encargados por la red Gürtel.

Correa se puso nervioso porque sabía que aquellos trajes no eran para él -acostumbrado a marcas de otro nivel como Armani o Hugo Boss- sino para Francisco Camps, el presidente de la Generalitat valenciana, a quien José Tomás le había tomado las medidas en persona. Sin duda alguna, aquella revelación era un contratiempo para sus intereses económicos en la costa mediterránea, en donde había logrado situarse en una posición dominante en algunos contratos con el Gobierno de Camps.

Correa, para salir del atolladero, echa mano a un supuesto magistrado retirado, a quien tiene en nómina desde hace meses. Se llama Juan Pérez Mora y tiene engañados a los integrantes de la Gürtel. Mora se hace pasar por lo que no es: por magistrado y por amigo de Garzón. Pero, por no tener, no tiene ni los estudios de Derecho. Es un tipo espabilado que le ha cogido la medida a Correa y se limita a repetir hasta la saciedad lo que a éste le gusta escuchar. Pero ese juego, finalmente, le cuesta caro al jefe de la Gürtel.

Correa se hace con los servicios del falso juez a través de Antonio Herrero, un empresario de telefonía que le facilitaba todos sus móviles. Muchos de ellos, reservados para no poder ser localizados por la policía. Herrero convence a Correa para que contrate los servicios del juez ful, aduciendo que a él le ha resuelto un pleito con Telefónica. El cerebro de la Gürtel, plenamente convencido de que tiene comprado a un exjuez de la Audiencia Nacional, le pide una vez más que se dé una vuelta por el edificio de la Fiscalía Anticorrupción para verificar lo que ha declarado el sastre Tomás.

-No te preocupes. Es un tema fiscal de Cortefiel. A ti no te afecta.

Se saca de la manga el falso juez que, seguramente, ni se acercó a la sede de la Fiscalía en el Paseo de la Castellana.

En otra ocasión, mientras el sumario transcurre con el mayor de los secretos, el tal Pérez Mora convence a Correa de que todo está controlado. Le dice que ha quedado a comer con Garzón para verificar todo lo referente a su caso. Una persona del entorno del cerebro de la Gürtel, que tiene acceso a la agenda del magistrado, verifica que, efectivamente, Garzón ha quedado a almorzar ese mismo día con un compañero de carrera. Pero era pura casualidad, ya que ni por asomo el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tenía previsto citarse con el juez farsante, persona a la que no conocía.

El falso juez de la horca

A lo largo de la investigación, conforme avanzan los meses del verano de 2008, con Correa fuera de España por miedo a ser detenido, el protagonismo del falso magistrado provoca un efecto muy pernicioso para los intereses de los integrantes de la red Gürtel. Mientras Pérez Mora sigue defendiendo que todo está controlado, la Policía prepara los grilletes para la gran redada.

Cada vez que el juez farsante recibía de sus pagadores un encargo para que averiguar el discurrir de las investigaciones, contestaba:

-Sin novedad en El Alcázar.

Pero el santo y seña era ficticio. Ante esos mensajes de tranquilidad, Correa regresó a España antes de las Navidades de 2008. Un mes más tarde pudo ser detenido porque el magistrado Mora repetía a Correa una y otra vez, hasta cansarse, que no tenía los teléfonos pinchados ni nadie pensaba arrestarlo. La información era falsa ya que los agentes de la UDEF seguían todos sus movimientos gracias a las llamadas telefónicas y a la posición geográfica de sus móviles, a través del equipo SITEL.

Y lo más chocante: según Pérez Mora, parte de la información que facilitaba a Correa le llegaba por boca de Garzón. Algo totalmente falso. A tiempo pasado, algunos de los integrantes de la Gürtel se preguntan cómo Correa pudo ser presa de tal embaucador. Otros barajan la posibilidad de que el falso juez fuera un infiltrado de la Policía o de los servicios secretos. Que, desde el primer día, jugara a una doble carta. Nunca se sabrá porque Pérez Mora se suicidó meses después de la redada policial.

Cuando Garzón arranca oficialmente sus investigaciones sobre la Gürtel ya estaba al tanto de que Luis Bárcenas, el gerente del PP, aparecía como uno de los beneficiarios de la trama de Correa. Las conversaciones grabadas por Peñas desvelaban su nombre, pero esos indicios no quedaron constatados hasta que los agentes de la UDEF estudiaron, pormenorizadamente, la documentación extraída de los archivos de las empresas de Correa. Entre los papeles de la contabilidad figuraban varias anotaciones con entregas económicas a un personaje misterioso que se ocultaba tras las iniciales "LB". Pero, pronto, la Policía supo que pertenecían al entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas.

Pero Garzón no podía actuar contra él si no quería perder la causa. Por su condición de senador por Cantabria, conseguida en las elecciones de 2008, Bárcenas era aforado y sólo podía ser investigado por el Tribunal Supremo, siempre que el Senado autorizara un suplicatorio.

Bárcenas, miembro de la Ejecutiva Nacional del PP, acababa de ser designado por el presidente de los populares, Mariano Rajoy, como nuevo tesorero de los populares. Sustituía a su jefe Álvaro Lapuerta después de veinte años como gerente y número dos de la Tesorería de un partido que, durante ocho años, había tenido responsabilidades de Gobierno, con lo que ello conllevaba en el apartado de ingresos y donaciones.

Lo sorprendente del asunto era que Rajoy, que había sido ministro del Interior entre los años 2001 y 2002 y vicepresidente del Gobierno de Aznar, no conociera los antecedentes inconfesables de Bárcenas cuando lo invistió como tesorero en junio de 2008 en el XVI Congreso del PP en Valencia. Rajoy debía de saber en quién depositaba toda su confianza.

En esas fechas la Policía ya seguía el rastro de Correa y, aunque las diligencias eran secretas, en círculos minoritarios se conocía que Peñas había entregado las cintas grabadas subrepticiamente al cerebro de la Gürtel, en las que ya figuraba Bárcenas. Por todo ello, algunos dirigentes del PP siguen manteniendo que Rajoy debería haber sido mucho más cauteloso a la hora de nombrar tesorero a Bárcenas. Sostienen que el Congreso de Valencia, donde Rajoy superó una dura prueba ante los aznaristas para nombrar a un equipo de confianza, habría sido un buen escenario para deshacerse de Bárcenas.

Tras filtrarse en la prensa el nombre del tesorero del PP como el de uno de los implicados en las investigaciones, Bárcenas, el 18 de marzo de 2009, remitió al juez Garzón un escrito conminatorio. Le decía: "Mi condición de senador por Cantabria le impide a usted la realización del acto de investigación alguna sobre mi persona, bien directa, bien indirectamente, debiendo abstenerse".

Pero Bárcenas no presentó su dimisión como tesorero, "de manera temporal", hasta julio de 2009 y, dos meses después, la Comisión de Suplicatorios del Senado acordó conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo. En abril de 2010, pidió su baja como militante del PP y renunció a su escaño como senador.

El ya extesorero, hasta el último momento negó sistemáticamente lo evidente: su enriquecimiento mientras fue gerente y tesorero del PP. Incluso, en 2011, seguía manteniendo que no tenía cuentas en Suiza y que viajaba a ese país por su afición al esquí y al montañismo.

Poco después, Bárcenas se veía obligado a reconocer ante el juez Ruz que había acumulado en una cuenta en Suiza hasta 38 millones de euros.

La historia se repetía en el Partido Popular. Si a José María Aznar le había estallado el escándalo del tesorero Naseiro nada más ser elegido presidente del Partido Popular, a Rajoy le sucedía algo parecido. El flamante responsable de la caja de caudales de Génova 13 se veía inmerso en 2009 en un proceso de corrupción de proporciones todavía impredecibles.

Y, por los signos externos, todo hace indicar que Rajoy también ha adoptado las recomendaciones que entonces impartió Aznar, que tuvo que enfrentarse a otro importante caso de supuesta financiación irregular. Sobre todo ha seguido a pie juntillas las palabras que Aznar dirigió en agosto de 1990 a Juan José Lucas en la finca Villacreces, de Quintanilla de Onésimo:

-¿Qué hace un corredor de fondo cuando le pegan un estacazo en plena carrera? ¿eh? ¿qué hace?... ¿Se retira? ¡Qué cojones!, lo que hay que hacer es aguantar y seguir corriendo. Eso es lo que voy a seguir haciendo yo.