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Entre Rabat y la cacería con Bermejo, Garzón lanzó la gran redada
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CINCO AÑOS DEL CASO GÜRTEL/BÁRCENAS (III)

Entre Rabat y la cacería con Bermejo, Garzón lanzó la gran redada

El 6 de febrero de 2009 llega la fecha señalada para la gran redada policial contra los integrantes de la red Gürtel. Garzón dirigía el operativo a distancia

Foto: Fotografía de archivo del juez Baltasar Garzón a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE)
Fotografía de archivo del juez Baltasar Garzón a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE)

El 6 de febrero de 2009 llega el día "G", la fecha señalada para la gran redada policial contra los integrantes de la red Gürtel. El entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la califica como la más importante acción judicial contra la corrupción política. La operación además superaba otro récord, algo nunca visto en los más de veinte años de historia de la Audiencia Nacional. El magistrado responsable del caso, aunque llevaba varios meses dirigiendo la investigación, liderabael operativo a distancia.Entre un viaje a Rabat y una cacería en la provincia de Jaén.

Los días 3, 4 y 5, Baltasar Garzón asiste en la capital de Marruecos a una reunión del grupo de trabajo sobre "delincuencia grave" hispano-marroquí. El permiso se lo había concedido la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial una semana antes. Y el día 6 por la noche, horas después de las primeras detenciones de la Gürtel, el magistrado se suma a una cacería en la sierra jienense. Esa noche del viernes Garzón ya duerme en la finca de caza. Lo acompañan en la actividad cinegética el ministro de Justicia, Fernández Bermejo, el comisario de la Policía Judicial y responsable de la investigación, Juan Antonio González, y un grupo de policías y fiscales.

Mientras Garzón apunta y dispara a los ciervos en la sierra jienense, los arrestados de la redada, entre quienes se encuentran Francisco Correa y su primo Antoine Sánchez, quedan incomunicados 72 horas en los calabozos policiales de Moratalaz. El juez no se reincorpora a su despacho hasta el lunes por la mañana. Entre tanto, los detenidos se quejan de las condiciones de insalubridad de las instalaciones policiales, que carecen de sanitarios para hacer aguas menores y mayores. Días después, cuando son trasladados a la prisión madrileña de Soto del Real, todos ellos creen encontrarse en una lujosa suite del hotel Ritz, según recuerda uno de los afectados.

-Aquel calabozo policial era algo insoportable. Sólo se animaba por la noche cuando llegaban los chulos y las putas.

A uno de los jueces de la Audiencia Nacional, compañero de Garzón, le sorprende que el informe de la Fiscalía Anticorrupción, solicitando al juez la detención de cinco de los imputados -Francisco Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez, Isabel Jordán y María del Carmen Rodríguez, la esposa del cerebro de la Gürtel- llegue al Juzgado Central de Instrucción el mismo 5 de febrero, mientras su titular se encuentra en la capital de Marruecos.

Además, por arte de birlibirloque, de la lista de detenidos elaborada por el grupo de blanqueo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, que había sido entregada tres días antes en la Fiscalía, se caía el sexto de los objetivos. Se trataba de Ramón Blanco Balín, el cerebro de la ingeniería financiera de la red, que de esa manera sólo se estaba obligado a comparecer ante el juez en calidad de imputado. En la caja fuerte del despacho de Blanco los agentes hallaron unos documentos que afectaban a un policía próximo al presidente Rodríguez Zapatero, pero nunca fueron incorporados a la causa.

El escrito de la UDEF imputaba a los investigados una serie de delitos que agotaba la tipología delictiva del Código Penal: "Cohecho, prevaricación, fraude, malversación, falsedad, información privilegiada, fraude fiscal, revelación de secretos, blanqueo de dinero, asociación ilícita...." Y, por si se les olvidaba alguno, los policías añadían: "...Y otros".

La operación Gürtel estalla en febrero de 2009, pero no era la primera vez que Francisco Correa se veía envuelto en una investigación de fraude económico. Había sufrido varios avisos pero la Policía nunca se había detenido en él hasta que Garzón decide hincarle el diente, convencido de que es la senda correcta para llegar hasta Aznar y la contabilidad B del Partido Popular.

Se daban varias circunstancias que lo presumían. Correa era amigo de Alejandro Agag, el yerno de Aznar, de quien había sido testigo en su boda de El Escorial en 2002. Y Agag aparecía en los papeles que manejaba el juez contra algunos destacados miembros del clan de Becerril, integrado por una nueva generación de militantes del PP, todos jóvenes y brillantes. Entre ellos, destacaban en sus especiales relaciones con Francisco Correa, López Viejo, consejero de la Comunidad de Madrid, y Jacobo Gordon, socio del yerno de Aznar en las empresas Columela Gestión y Natko.

Pero en lo que no reparaba la Policía era en que Agag no tenía la obligación de tributar en España porque residía en Inglaterra desde hacía años y sus negocios de la Fórmula Uno nada tenían que ver con la Gürtel. Por tanto, el corte de la investigación se quedaba en Francisco Correa, un empresario de segundo nivel a quien en el Juzgado de la Audiencia Nacional le atribuían, erróneamente, su condición de testaferro de Aznar. Agag emitió, nada más estallar el escándalo, un comunicado en el que se desvinculaba de los negocios de su amigo y testigo de boda, Francisco Correa.

La suerte siempre había acompañado a Correa desde que se inició en el mundo de los negocios. Incluso, en una ocasión resurgió como ave fénix de la más absoluta ruina para lograr colocar en Suiza decenas de millones de euros. Pero en esta ocasión, Correa desconocía que con quien se tenía que ver las caras era con el superjuez Baltasar Garzón.

El magistrado llevaba varios meses investigándole en secreto con la ayuda de la UDEF y con los apoyos incondicionales del ministro del Interior, Pérez Rubalcaba y el ministro de Justicia, Bermejo. Aunque la causa era por corrupción y otros delitos graves y el juez disponía de pruebas suficientes para mandar a los cerebros de la trama a la cárcel, nadie negaba que respondía también a una cierta componenda política. Y esa tormenta perfecta colocaba a Correa en una delicada situación. Él, que siempre había despreciado a la Agencia Tributaria -llevaba años sin declarar un céntimo al fisco- y estaba acostumbrado a comprar las voluntades de políticos corruptos, entraba en una espiral sin marcha atrás. Tenía una difícil escapatoria. Y lo peor: aunque la patada iba directa a sus posaderas, el punto de mira judicial estaba dirigido hacia Agag y Aznar.

El magistrado, los ministros de Interior y Justicia y la cúpula ministerial de la Policía estaban convencidos de que todo aquel esfuerzo investigativo valía la pena. Otro de los imputados, Ramón Blanco Balín, un leonés de 56 años, auditor de cuentas, inspector de Finanzas del Estado y exvicepresidente de Repsol con Alfonso Cortina, estaba considerado como una persona muy próxima a José María Aznar desde finales de los 70, con quien había colaborado hasta en la elaboración de un libro para el Centro de Estudios Financieros.

El superjuez no dudaba en que, a través de la trama de Correa y sus investigaciones, iba a toparse, primero, con la implicacióndel yernísimo en una red de corrupción y, segundo, con el suegro en una supuesta trama de financiación irregular del Partido Popular. Por su afición a la caza, tenía la oportunidad de cobrarse dos pájaros de un tiro. Tras sus furibundos ataques desde el escenario de la Puerta de Alcalá contra el entonces presidente Aznar por la participación de España en la guerra de Irak, ahora tenía la oportunidad de imputarlo en una supuesta trama de corrupción. En definitiva, llegar hasta la contabilidad B de la tesorería de los populares, controlada por Álvaro Lapuerta y un tal Luis Bárcenas, tesorero y gerente, respectivamente.

Pero aquel caso no tenía ninguna similitud con la investigación de los GAL. Garzón se equivocaba: ni Aznar era la X de la Gürtel; ni su yerno Agag, Rafael Vera; ni Correa, el subcomisario Amedo. La operación perdía varios escalones políticos, pero ya no tenía freno. Con la implicación de Francisco Camps y otros altos cargos de Valencia y de la Comunidad de Madrid no perdía de vista la estela de la financiación irregular del PP.

Garzón no dinamitaba la caja fuerte de los populares, pero sí su sustituto, Pablo Ruz, cinco años después tras las revelaciones del tesorero. El caso Gürtel pasaba a ser caso Bárcenas y, más tarde, caso de las finanzas del PP. El estratega que abrió la caja de Pandora intuía que la Gürtel iba a tener un mayor alcance. La correa se convertía en soga.

El 6 de febrero de 2009 llega el día "G", la fecha señalada para la gran redada policial contra los integrantes de la red Gürtel. El entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la califica como la más importante acción judicial contra la corrupción política. La operación además superaba otro récord, algo nunca visto en los más de veinte años de historia de la Audiencia Nacional. El magistrado responsable del caso, aunque llevaba varios meses dirigiendo la investigación, liderabael operativo a distancia.Entre un viaje a Rabat y una cacería en la provincia de Jaén.

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