Arranca la reforma de la Administración con venta de inmuebles y movilidad de plantillas

El Gobierno, consciente del rechazo o la resistencia que encontrará en las comunidades autónomas a las propuestas de reducción de su aparato político y burocrático, empezará a aplicar la reforma de la Administración en su ámbito de competencia exclusiva con cambios en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (AAPP), en la del Procedimiento Administrativo, en la Ley de Subvenciones, la factura electrónica o la morosidad en las AAPP.

Mariano Rajoy se propone dar ejemplo de ahorro y agilización en la Administración central para promover el acuerdo con las autonomías que, con sus estatutos blindados en competencias, no aceptan más recortes.

Las 217 medidas de reforma y las 127 propuestas para acabar con las duplicidades de funciones entre los tres niveles de la Administración (central, autonómica y local) serán aprobadas mañana en el Consejo de Ministros, pero como informe y auditoría sobre el funcionamiento del Estado. La mayoría de las recomendaciones no supondrá la redacción de proyectos de ley porque buena parte de esas iniciativas de simplificación están pendientes de negociar con los Gobiernos regionales.

Rajoy adelantó en la primera presentación del informe (quedan varias) cuatro ejemplos de propuestas de fin de duplicidades, que los Gobiernos autonómicos nacionalistas se negarán a aceptar porque no renunciarán a sus servicios de meteorología, órganos de defensa de la competencia, agencias de la energía u oficinas propias para la representación diplomática en el extranjero.

8.000 millones de ahorro por la racionalización

El Gobierno sí tiene avanzados, y con detalle, sus propios planes de racionalización administrativa. En fuentes oficiales dan la cifra de un ahorro de unos 8.000 millones, que es casi la misma atribuida en su día a la reforma local, pero en este último caso contabilizada desde su entrada en vigor el próximo mes de enero y hasta el final de la legislatura. 

Como muestra de su voluntad de ahorro, el Gobierno asegura que está en disposición de sacar a la venta un total de 15.000 inmuebles de titularidad estatal, incluidos algunos edificios singulares, lo que supondría una desamortización de bienes sin precedentes en el Estado.

Instauradas las centrales de compras en los distintos ministerios, el proyecto del Ejecutivo consiste en ampliar su ámbito a toda la Administración central cuando se trate de bienes y servicios compartidos. En el ámbito de la función pública se reformará la ley correspondiente para facilitar al máximo la movilidad interna de los funcionarios y el personal laboral. El objetivo es acabar con los compartimentos estancos de las plantillas de los ministerios y empresas públicas.

Garantizar pagos rápidos a proveedores

El Gobierno también pretende establecer un control centralizado sobre la deuda comercial del sector público dependiente de la Administración general del Estado para garantizar que se pague en tiempo, menos de un mes, a todos los proveedores. La Administración electrónica generalizada será otra de las principales apuestas del Ejecutivo en la materia para mejorar el servicio al ciudadano y, al mismo tiempo, ahorrar en empleo público.

Rajoy insiste en que el Estado ha perdido ya 375.000 empleados públicos en el último año y medio y que ahora se trata de "hacer más con menos". Lo dice frente a quienes le acusan de que le tiembla el pulso para recortar el Estado hasta una dimensión "sostenible" para la economía española. La reforma abre el camino para seguir con ese adelgazamiento de la Administración que también reclama Bruselas, pero no pone cifras de reducción de plantillas.

El jefe del Ejecutivo aclara que trata de abordar un ajuste de la Administración, pero centrado en su aparato burocrático, que no debe afectar a los servicios al ciudadano, a cuyo fin sirve el 75% de los funcionarios destinados a los ámbitos de la justicia, la seguridad, la sanidad, la educación y los servicios sociales en general.