Método 3 intenta ‘colocar’ nuevos informes de políticos y empresarios

El presidente de una influyente entidad catalana ha recibido la oferta de poder obtener informes confidenciales supuestamente encargados por su antecesor en el cargo y pagados con dinero de esa entidad. El precio, según confirma a El Confidencial un conocido empresario, se acerca a las seis cifras.

Según también ha podido conocer este diario, una persona vinculada a la polémica agencia de detectives ‘Método 3’ fue grabada el pasado martes en el hotel Wellington de Madrid, donde mantuvo varias reuniones, incluso con representantes de medios de comunicación, supuestamente para vender algunos informes en su poder y, en consecuencia, obtener algún tipo de rendimiento económico.

“Aquí se han hecho informes con información sensible de motu propio, para después contactar con alguien a quien le pudiese interesar esa información. Lo que se ofertaba era la posibilidad de contratar a la agencia y, de este modo, se blanqueaba la información. Sería lo que se llama un informe a medida. Ésa es una práctica que ha sido habitual en determinados despachos los últimos años, pero éticamente es reprobable”, señala a este diario un veterano investigador de Barcelona.

Y es que el mundo de la investigación guarda muchos secretos. Hay, por ejemplo, evidencias de que algunos de los personajes que se han dedicado a espiar durante los últimos años fueron, asimismo, espiados tras colocarles en sus ordenadores un sniffer (dispositivo que controla todo el flujo de información que pasa por la máquina).

Otro investigador consultado por El Confidencial confirma que en el mercado negro “están apareciendo muchos informes, que han sido repartidos en lotes”. Los hay de todos los precios, aunque la mayoría de ellos habían sido encargados y pagados hace tiempo. “De lo que se trata ahora es de obtener un rendimiento económico de un material que ya has cobrado y que, en ocasiones, ya ha quedado anticuado”, añade la fuente. Además, añade que esa información que circula bajo mano por el mercado negro es de quien la ha pagado, por lo que el que la vende ahora no sólo está vendiendo una cosa ajena, sino que incurre en descubrimiento y revelación de secretos. En un juzgado de Barcelona, también se sigue una investigación sobre la utilización de datos confidenciales de ciudadanos, aunque se encuentra bajo secreto de sumario.

En el sector de la investigación se afirma que una buena parte de los dossieres que se intentan colocar ahora provienen de una única fuente, que se ha dedicado a acaparar documentos durante los últimos años. “En los lotes entran no sólo una copia de los informes, sino también las facturas que se pagaron por los mismos en su momento. Y ahí, según parece, no se salva nadie. Por ejemplo, hay expedientes encargados por todos los partidos políticos sin excepción, aunque hay dos que son los que más han echado mano de esos encargos”.

Polémica por la nueva ley

Esta situación se produce en medio de la polémica por la nueva ley de Seguridad Privada, que prevé que las empresas de seguridad puedan realizar también labores de investigación, hasta ahora vedadas a los detectives. “Eso es aberrante. A las agencias de detectives se les exige que todos sus accionistas sean detectives, pero esas empresas tienen incluso capital internacional. Si sale adelante la ley, se crea un agravio comparativo”, explica a este diario un veterano detective.

Otra de las novedades es que el investigador privado ha de dar parte a la policía de los encargos que recibe y realizar luego un resumen de sus informes. Es decir, que en vez de llevar un libro registro en su despacho como hasta ahora, ese libro estará en dependencias policiales. “Estamos indignados”, explicita otro veterano detective barcelonés. Y un compañero suyo hace hincapié en que “quien sale beneficiado son las grandes empresas de seguridad. ¿Y quién dirige esas empresas? Pues en ellas recalan muchos altos cargos del Ministerio del Interior cuando pasan a segunda actividad, muchos guardias civiles e incluso muchos militares. Con la ley que pretenden aprobar, lo que habrá es un absoluto monopolio del Estado sobre la información que circula por el mercado”.

Fuentes del Ministerio del Interior, por su parte, señalan que “lo que hace el anteproyecto de ley es obligar a más garantías por la necesidad del control de las agencias de detectives”. La misma fuente añade que las grandes empresas de seguridad no representarán una competencia desleal al resto de detectives (que necesitan el título de Criminología para ejercer), “porque es verdad que podrán ejercer más funciones relacionadas con la investigación, pero estarán sujetas a los mismos controles que los despachos de detectives”.

En el mundo de la investigación, se critica con durezaza intención del Gobierno. “La nueva ley sale después del escándalo de Método 3. Parece que les ha cabreado lo que estaba haciendo ese despacho y ahora lo pagamos todos, cuando la gran mayoría de nosotros trabajamos dentro de los márgenes legales que tenemos”, afirma un detective a El Confidencial.