Sánchez-Camacho desata una tormenta política al renunciar a su escolta de Mossos

El Partido Popular ha vuelto a dar una vuelta de tuerca a su particular duelo con los nacionalistas catalanes: la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, renunció este fin de semana a su escolta formada por Mossos d’Esquadra para pedir la protección de la Policía Nacional. Su decisión provocó una tormenta política porque sus rivales en el Parlament consideran que es una instrumentalización de las fuerzas de seguridad del Estado.

En una carta dirigida el sábado al consejero de Interior, Ramon Espadaler, Sánchez-Camacho dejaba constancia de su decisión. A ella contribuyó la sospecha de que la Policía autonómica ha interferido en la investigación del espionaje que sufrió la diputada del PP por parte, presuntamente, de la agencia de detectives Método 3. El Confidencial fue el primero en hacerse eco de los movimientos de los Mossos respecto al caso, especialmente del hecho de que un intermediario de la Policía autonómica acudiese al despacho del director de Método 3 horas antes de que este fuese detenido. Dicho intermediario abandonó el despacho y se introdujo en un vehículo camuflado de los Mossos. Este fin de semana saltó a la luz que el coche estaba asignado al propio director de la Policía catalana, Manel Prat. 

En su misiva, dada a conocer ayer, Sánchez-Camacho señala a Espadaler que “conocidos los graves hechos que se publican respecto al director general de los Mossos y en relación con la conversación telefónica mantenida por usted con la Delegada del Gobierno, quiero comunicarle mi renuncia a la escolta de Mossos”. La dirigente del PP también alega que, por su condición de senadora, ha de viajar a diferentes puntos de España y la Policía autonómica le negó protección en nueve desplazamientos durante los dos últimos años a diferentes provincias, como León, Valladolid, Salamanca, Málaga, Pontevedra, Ourense, Menorca, Alicante, Valencia, Almería, Granada, Jaén y Sevilla.

El mismo sábado, Sánchez-Camacho pedía públicamente a Artur Mas una “explicación inmediata, clara y concluyente sobre la implicación directa del Gobierno de la Generalitat en el caso de espionaje político en Cataluña”. Y señalaba que eso “sería un hecho inadmisible en cualquier país democrático, provocando una grave crisis de Gobierno. Confío en que el presidente dé una explicación clara, porque las informaciones que vamos conociendo son, día tras día, más difíciles de justificar”. Horas después, llegaba su nueva ofensiva con la carta al consejero del Interior.

“¿Qué quiere tapar el Gobierno catalán?”

El portavoz parlamentario del PP en la cámara autonómica, Enric Millo, también echó leña al fuego. En la clausura del campus de Nuevas Generaciones en Gerona, ayer domingo, Millo criticó a Prat por haber interferido en la investigación. “Yo no me imagino al director general de la Policía o de la Guardia Civil interfiriendo en una investigación judicial que lleva otro cuerpo policial. La presencia del coche de Manel Prat en los alrededores de la casa del director de Método 3 justo antes de ser detenido y el hecho de que recogiese a una periodista que salía de su domicilio es un tema muy grave que se ha de explicar”, afirmó.

“¿Qué hacía el coche de Manel Prat allí? ¿El director de los Mossos estaba dentro del vehículo o el vehículo trasladó a la periodista a donde la esperaba Prat? ¿Qué teme el Gobierno de CiU para interferir en una investigación policial? ¿Qué quiere tapar, sobre todo cuando hemos sabido que el director general de Prisiones, Xavier Martorell, también está relacionado con la agencia de detectives? Todas estas preguntas necesitan respuesta y explicaciones claras y concluyentes”, increpó directamente el portavoz popular. Se da la circunstancia de que Martorell abandonó su cargo de presidente de Convergència en Sant Cugat del Vallès, pero sigue manteniendo su cargo en la Generalitat. 

Las reacciones no se hicieron esperar. El consejero de Interior señaló, en declaraciones a la televisión autonómica, que “mezclar seguridad con política no es apropiado” y criticó el uso político de las fuerzas de seguridad. Espadaler lamentó la decisión de Sánchez-Camacho y admitió que este sábado habló con la delegada del Gobierno, Llanos de Luna, quien le comunicó la intención de la presidenta del PP de renunciar a su escolta. El consejero le respondió que debía ser la propia interesada la que presentase la solicitud. También defendió al director de los Mossos, Manel Prat, negando que acudiese al despacho del director de Método 3. “Reitero de forma muy explícita y clara mi confianza personal y política en Prat y en el conjunto de los Mossos d’Esquadra”, subrayó.

El exconsejero de Interior y actual consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, también arremetió contra la líder del PP, a la que acusó de intentar enrarecer la relación entre cuerpos policiales. En declaraciones al espacio L’Entrevista, del canal Catalunya Informació, Puig señaló que la carta había sido de “una grave irresponsabilidad” y lamentó que la dirigente del PP instrumentalice a la Policía. El consejero justificó también la denegación de protección en viajes aduciendo que quien tiene competencias en el resto del Estado, fuera de Cataluña, es la Policía Nacional, por lo que ha de ser esta quien preste el servicio de escolta.

“La señora Sánchez-Camacho sabe perfectamente que la protección policial para las personas como ella, que tienen responsabilidades en Cataluña y también fuera, está graduada y valorada en función del análisis de riesgo. Y sabe que, si requería protección, la podía pedir a la Policía Nacional, que tiene responsabilidades en todo el resto del Estado. Creo que (lo que ha hecho) es oportunista”, zanjó Puig.

Desde las filas de ERC también hubo críticas a Sánchez-Camacho. El diputado republicano Oriol Amorós señaló ayer que la Policía autonómica realiza correctamente su misión y “mostrar desconfianza hacia su trabajo es impropio de un partido de Gobierno”. Amorós calificó la actitud de Camacho de “deslealtad institucional” y aprovechó para acusar al PP de haber tenido una “actitud muy dudosa en el tema de las escuchas”, por lo que si habría que dudar de alguien sería “de la Policía Nacional”.

Incluso el líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, salió al paso para calificar de “separadora” la actitud de la presidenta popular. “Los separadores hacen discursos separadores y, con sus declaraciones, Camacho está dudando de la profesionalidad de los Mossos, lo que no es una buena práctica para un dirigente político”, criticó.