Bankia, Santander y Telefónica, tres de los mayores errores de transparencia y buen gobierno

El comité de auditoría de Bankia cometió una negligencia grave en sus funciones al aprobar las cuentas de 2011 de la entidad pese a que Deloitte no las firmó. La comisión de nombramientos de Banco Santander omitió su deber al no proponer el cese de su consejero delegado, Alfredo Saénz, tras ser condenado. Y el Consejo de Administración de Telefónica omitió consultar a sus accionistas la propuesta de remuneración de la alta dirección. Son tres de los diez mayores errores sobre transparencia, supervisión y buen gobierno identificados por la Fundación Compromiso y Transparencia (FCyT).

La crisis de confianza en España está agravada por el hecho de que "en nuestro país no hay riesgo moral", subraya Javier Martín, director de la fundación. "Y tiene que empezar a haberlo", añade. La confianza sólo se recupera promoviendo la transparencia, algo de cuya falta empresas e instituciones todavía adolecen sobremanera. Los errores se deben, en algunos casos, a un defecto en la configuración institucional del organismo encargado del gobierno y la supervisión. En otros, se trata de una actitud negligente en el cumplimiento de las responsabilidades de los miembros del órgano de control. Tal y como destacan desde la FCyT, “no basta con que haya unas reglas del juego claras, es necesario que los responsables estén dispuestos a cumplirlas”. En definitiva, hace falta que se empiecen a rendir cuentas por lo que se hace y que los actos tengan consecuencias. 

Sobre la transparencia, Tomás Garicano, director del Centro de Gobierno Corporativo del IE Business School, distingue entre las empresas y los partidos u organismos públicos y señala que sobre estos últimos hay una mayor sensibilidad. En lo que respecta al mundo empresarial, “da la sensación de que al final todos estos casos de falta de transparencia y las acciones en contra del buen gobierno no tienen todo el impacto que pensamos que deberían tener. Es un tema social, de falta de educación y conocimiento”.

Los diez mayores errores para la FCyT son: 

1- Comité de Auditoría de Bankia: el comité dijo en su memoria que su actividad en 2011 se había “desarrollado satisfactoriamente”, algo que para la FCyT resulta incomprensible, dado que Deloitte se había negado a firmar las cuentas. Un balance que, tras ser reformulado en mayo después de la salida de Rodrigo Rato y bajo el mando de José Ignacio Goirigolzarri, pasó de dar un beneficio de 305 millones a registrar unas pérdidas de 2.979.

“A los miembros del comité se les paga para resistir presiones y evitar injerencias e intentos de maquillar las cuentas. Y cobran mucho", afirman desde la fundación. Hubo negligencia grave en las funciones de supervisión de la auditoría, concluye el informe.

2- Comisión de nombramientos de Banco Santander: al no proponer la destitución de Alfredo Sáenz, consejero delegado, por haber cometido un delito de “acusación y denuncia falsa”, la comisión incumplió su deber de velar por la conducta ética de sus consejeros. El caso, que se remonta casi 20 años atrás, sigue coleando y hace unos días el Tribunal Supremo tumbó el indulto que había concedido el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al banquero, dejando fuera los antecedentes penales, por lo que ahora el Banco de España debe pronunciarse sobre su honorabilidad. 

 

En cualquier caso, Saénz ha seguido en su cargo todo este tiempo. El presidente de Santander, Emilio Botín, le defiende a capa y espada: “Es el mejor consejero delegado de la banca española”. Pero desde un punto de vista ético y de credibilidad, su permanencia en la entidad es cuestionable. 

En el informe de gobierno corporativo de 2011, Santander dice que se ratificó a Saénz en su puesto “por considerar que la sentencia no afectaba negativamente al funcionamiento del Consejo, ni al crédito y reputación del banco”. Sin embargo, esta decisión “contraviene, no ya las recomendaciones del propio reglamento del Consejo de Administración y el Código de conducta del banco, sino las reglas éticas más elementales”, subraya el informe de FCyT. 

 

3- Consejo de Administración de Telefónica: en 2011 la compañía tomó una decisión, como mínimo, polémica. Aprobó un paquete de incentivos de 450 millones para sus ejecutivos, coincidiendo con el anuncio de un recorte del 20% de la plantilla. Desde el punto de vista del buen gobierno, lo cuestionable es que no consultó a los accionistas sobre esto. Los ignoró y no lo consideró oportuno porque se trataba de un “tema sumamente estratégico” que podría haber provocado “un debate abierto”, algo que el equipo de César Alierta prefirió evitar. Pero el Código Unificado de Transparencia y Buen Gobierno lo que intenta es, precisamente, que exista ese debate.

Estos tres casos son ejemplos de incumplimiento de una normativa explícita. En otros, el problema es que ha habido errores de juicio en la toma de decisiones, como en la CNMV, el Banco de España, la Asamblea de Madrid, la Asociación Española de Fundaciones o el grupo de empresas del Ibex, con una escasa presencia de mujeres en sus Consejos. 

4- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España no han protegido a los clientes minoristas en el caso de las ventas de participaciones preferentes, un producto que sólo se debería haber comercializado entre inversores sofisticados. Ambos organismos tienen una gran responsabilidad en el actual problema de las preferentes y, según destaca la FCyT, en el caso del Banco de España “está claro que pesó más la necesidad de dotar de solvencia al sistema financiero que su obligación legal de proteger al pequeño inversor”. Ahora, estos ahorradores –que suponen el 80% de quienes compraron las preferentes- han perdido su dinero y están intentando recuperarlo en los tribunales bajo el argumento de que los bancos les han estafado.  

5- El error de la Asamblea de Madrid ha sido no publicar los sueldos de sus diputados en la web, como sí han hecho otras instituciones como el Congreso o el Senado. Esta decisión va en contra de los principios básicos de transparencia. 

6- Por su parte, la Asociación Española de Fundaciones no ha sido capaz de impulsar la transparencia y el buen gobierno en el sector fundacional, no ofrece orientación y regulación como debería hacer.

7- Otro de los casos de error es el de los Consejos de Administración de las empresas del Ibex con una presencia de mujeres inferior al 10%, como Sacyr, Gas Natural, Endesa o Técnicas Reunidas. Pero es que, además, en estas compañías no se han adoptado medidas para corregir este desequilibrio.

Por otra parte, los casos del Tribunal de Cuentas, el Comité de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia y el Real Patronato del Museo del Prado son ejemplos de fallos de instituciones a las que no se ha dotado de los recursos o competencias para llevar a cabo sus funciones.  

8- El Tribunal de Cuentas no tenía –hasta hace apenas unos meses- la facultad de sancionar las infracciones de los partidos políticos. Sus informes sólo sirven de reproche y eso no es un elemento suficientemente disuasorio. La falta de competencia se suma a los retrasos en la fiscalización de la financiación de los partidos por parte del organismo: en 2012 presentó el informe correspondiente a 2007 y en él señalaba que “todos los partidos han incumplido” a la hora de informar sobre las subvenciones públicas y donaciones privadas.

9- El fallo del Comité de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia es su falta de compromiso y eficacia en el control de los contenidos. Una ineficacia que se explica por “su origen viciado, ya que son los propios representantes de las cadenas los que deben valorar los incumplimientos”. 

10- El problema del Real Patronato del Museo del Prado es que no tiene un método de selección transparente de su presidente, como sí sucede en los museos del Reino Unido. Ha sido el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, el que ha nombrado directamente a José Pedro Pérez-Llorca, antiguo político de UCD. 

Ejemplos de errores hay muchos, afirman desde la fundación. Se han escogido estos diez porque querían que en el informe quedaran representados todos los sectores, para lo que han escogido los casos de mayor impacto social. En su escala, el fallo más grave es el del Tribunal de Cuentas, seguido por el de la CNMV y Banco de España, el del Comité de Auditoría de Bankia y el de la comisión de Nombramientos de Santander.