Es noticia
El BdE tiene un mes para inhabilitar a Sáenz antes de que se apruebe el nuevo decreto
  1. Economía
EL SANTANDER RECURRE AL CONSTITUCIONAL PARA DILATAR EL PROCESO

El BdE tiene un mes para inhabilitar a Sáenz antes de que se apruebe el nuevo decreto

El Banco de España tendrá que pronunciarse sobre la honorabilidad de Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, de aquí a finales de marzo si no quiere

Foto: El BdE tiene un mes para inhabilitar a Sáenz antes de que se apruebe el nuevo decreto
El BdE tiene un mes para inhabilitar a Sáenz antes de que se apruebe el nuevo decreto

El Banco de España tendrá que pronunciarse sobre la honorabilidad de Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, de aquí a finales de marzo si no quiere ir a remolque de la nueva normativa que relaja las exigencias para los banqueros y que será aprobada en esas fechas, según fuentes cercanas a Economía. Esperar hasta entonces para tomar una decisión evidenciaría trato de favor, a juicio de distintas fuentes y expertos del sector. El Tribunal Supremo hizo pública ayer la sentencia por la que deja fuera del indulto (concedido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero) los antecedentes penales, lo cual le inhabilita para ejercer su función según la normativa actualmente en vigor.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la nueva norma está actualmente en el Consejo de Estado, y no se espera que esté lista para ir al Consejo de Ministros hasta mediados de marzo como muy pronto, pero seguramente esto no sucederá hasta finales. Por tanto, para que se aplique la nueva norma a Sáenz, el gobernador, Luis María Linde, tendría que dilatar los trámites prácticamente un mes, un plazo exagerado porque la sentencia del Supremo sólo tiene que pasar por el servicio jurídico, que puede resolver en cuestión de días, y por la Comisión Ejecutiva, que se reúne casi todas las semanas. Esta comisión es la que debe tomar la decisión definitiva.

 

Además, algunas fuentes cercanas al supervisor aseguran que la voluntad de Linde es tomar la decisión con la normativa actual, sin esperar a que se apruebe el nuevo real decreto. "Después de la sentencia del Supremo, al Banco de España no le queda más remedio que pronunciarse ya, y eso significa aplicar la normativa vigente en este momento", señala una de estas fuentes. Otra, en cambio, pone en duda la voluntad del supervisor: "Parece que Sáenz es el Messi de la banca y no se le puede sacar tarjeta roja porque es muy bueno". No obstante, añade que esperar a la nueva norma "sería un escándalo".

 

El Banco de España podría intentar salvar la cara con un subterfugio: alegar que la sentencia de ayer va a ser recurrida ante el Constitucional para no pronunciarse hasta que lo haga este tribunal. En ese caso, se aplicaría sin duda la nueva norma, y ese es el objetivo de esta dilación del proceso que busca Santander. Sería algo parecido a lo que hizo Miguel Ángel Rodríguez Ordóñez cuando no inhabilitó a Sáenz después de que el Supremo ratificara su condena por un delito de acusación y denuncia falsa con la excusa de que había solicitado el indulto. Sin embargo, otra de las voces autorizadas cercanas al supervisor explica que "esta vez es diferente, porque no estamos hablando de unos meses, sino de varios años, y porque el Constitucional no es un órgano jurisdiccional" (aunque tampoco lo era el Ejecutivo en el caso del indulto).

 

La defensa de Sáenz también ha interpuesto un 'incidente de nulidad' ante el propio Supremo, un instrumento previo al recurso de amparo pero no obligatorio, con lo cual se da otro argumento al Banco de España para retrasar su decisión hasta que se resuelva dicho 'incidente'. Tanto este instrumento como el recurso ante el Constitucional se basan en "la infracción del derecho de igualdad y del derecho a tutela judicial efectiva".

 

La nueva norma elimina los antecedentes

El Tribunal Supremo hizo públicos ayer los argumentos de su sentencia por la que declara la “extralimitación” del Gobierno de Zapatero al indultar al consejero delegado del Banco Santander. Los magistrados entienden que fue una intrusión en la Constitución extender la medida de gracia a la imposibilidad de que Sáenz siguiera ejerciendo su actividad como banquero. Por lo tanto, vuelve a imponer los antecedentes penales a Sáenz, que le inhabilitan para ejercer su cargo de acuerdo con la redacción actual del Real Decreto 1245/1995. Este texto dice que "en todo caso, se entenderá que carecen de tal honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos".

 

La nueva norma que el Gobierno aceleró todo lo posible ante la previsión de que el Supremo iba a fallar en contra del indulto dota de mucha mayor discrecionalidad a la hora de que el Banco de España decida sobre la honorabilidad de un banquero. Así, elimina cualquier referencia a los antecedentes y establece que el BdE habrá de tener en cuenta numerosos factores a la hora de evaluar la honorabilidad en los casos de los condenados. Tres son especialmente aplicables en el caso de Sáenz: "El tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos" [se remontan a 1994], "si los hechos que motivaron la condena o sanción se realizaron en provecho propio" [no es el caso] y "la reiteración de condenas o sanciones por faltas o infracciones" [tampoco es aplicable].

 

En todo caso, el Banco de España se enfrenta a un difícil dilema: "O inhabilita a un consejero delegado reconocido mundialmente, lo que perjudicará la mala imagen de la banca española, o provoca un escándalo que agravará todavía más la inseguridad jurídica de nuestro país", concluye uno de los expertos.

El Banco de España tendrá que pronunciarse sobre la honorabilidad de Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, de aquí a finales de marzo si no quiere ir a remolque de la nueva normativa que relaja las exigencias para los banqueros y que será aprobada en esas fechas, según fuentes cercanas a Economía. Esperar hasta entonces para tomar una decisión evidenciaría trato de favor, a juicio de distintas fuentes y expertos del sector. El Tribunal Supremo hizo pública ayer la sentencia por la que deja fuera del indulto (concedido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero) los antecedentes penales, lo cual le inhabilita para ejercer su función según la normativa actualmente en vigor.

Alfredo Saenz