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Los policías del 'caso Faisán' intentan que la Sala rechace de nuevo su procesamiento
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PUEDEN SER CONDENADOS HASTA A 15 AÑOS DE PRISIÓN

Los policías del 'caso Faisán' intentan que la Sala rechace de nuevo su procesamiento

Enrique Pamies, exjefe superior de Policía del País Vasco, y el inspector José María Ballesteros, acusados del "chivatazo a ETA", recurrirán su procesamiento por el juez

Foto: Los policías del 'caso Faisán' intentan que la Sala rechace de nuevo su procesamiento
Los policías del 'caso Faisán' intentan que la Sala rechace de nuevo su procesamiento

Enrique Pamies, exjefe superior de Policía del País Vasco, y el inspector José María Ballesteros, acusados del "chivatazo a ETA", recurrirán su procesamiento por el juez Pablo Ruz con la esperanza de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revoque su procesamiento como ya hizo el noviembre de 2011. En aquella ocasión la Sala levantó la acusación de colaboración con banda armada y de revelación de secretos que pesaba sobre ellos y reprochó al magistrado haber realizado una pésima instrucción. Si no lo consiguen, serán juzgados por delitos castigados con hasta 15 años de reclusión y su expulsión del Cuerpo.

Ambos policías han sido citados esta mañana por el juez para comunicarles su nuevo procesamiento. José María Fuster-Fabra, defensor de Pamies, manifestó ayer a este diario que recurrirá el auto en primera instancia, para lo que dispone de tres días hábiles a partir de hoy, y posteriormente en apelación ante la Sala si, como es previsible, el primero no prospera. Fabra señaló que aún no ha decidido cuál será la línea de defensa. José Luis Vega, letrado de Ballesteros, no respondió a las llamadas de este diario.

“Complete la investigación en la forma que crea oportuna”. Así concluía el demoledor auto de la Sala de lo Penal que echaba por tierra la instrucción de Pablo Ruz. Éste había procesado mes y medio antes a Víctor García Hidalgo, exdirector general de la Policía; el comisario Enrique Pamies, exjefe superior de Policía del País Vasco, y el inspector José María Ballesteros como responsables de haber  alertado a Joseba Elosua, dueño del bar Faisán de Irún, de una operación en marcha para desmantelar la red de extorsión de ETA que operaba a través de dicho establecimiento.

Pablo Ruz retomó la instrucción y encomendó a la Guardia Civil que evaluara si el trabajo del equipo de investigación policial en el que había sustentado los procesamientos era solvente o cabía la posibilidad de que estuviese “contaminado”, y ordenó nuevas diligencias. Concluida esta segunda investigación, el fiscal Carlos Bautista pidió la semana al juez el procesamiento de Pamies y de Ballesteros y exculpó a García Hidalgo, aunque no concretó los delitos de los que los consideraba responsable. Al día siguiente el magistrado procesó a los policías y exculpó al exdirector de la Policía, como reclamaba el ministerio público. José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, manifestó días atrás que de ser ambos policías los autores del chivatazo, “obviamente no lo hicieron por iniciativa propia, tuvo que existir una orden de carácter político”.

La instrucción del “caso Faisán” se prolonga ya por espacio de seis años y medio, desde que en mayo de 2006 una persona anónima, que juez y fiscal creen que era el inspector José María Ballesteros, acudió al bar Faisán y entregó a su propietario un teléfono móvil a través del cual Enrique Pamies, también según el fiscal y el juez, le advirtió de una operación policial en marcha. En ese momento el proceso de paz se había dado oficialmente por roto tras el atentado contra el aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas (Madrid), aunque el Gobierno y la banda aún mantenían contactos.

Enrique Pamies, exjefe superior de Policía del País Vasco, y el inspector José María Ballesteros, acusados del "chivatazo a ETA", recurrirán su procesamiento por el juez Pablo Ruz con la esperanza de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revoque su procesamiento como ya hizo el noviembre de 2011. En aquella ocasión la Sala levantó la acusación de colaboración con banda armada y de revelación de secretos que pesaba sobre ellos y reprochó al magistrado haber realizado una pésima instrucción. Si no lo consiguen, serán juzgados por delitos castigados con hasta 15 años de reclusión y su expulsión del Cuerpo.