La Sala de lo Penal desacredita toda la investigación del “caso Faisán”

Hubo chivatazo, pero pudo no ser en el interior del bar Faisán, ni a la hora dada por cierta por el equipo investigador, ni los autores policías. Todo son dudas para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el auto por el que revoca el procesamiento del exdirector de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros como presuntos autores la filtración. Y por si todo esto fuera poco, los magistrados reprochan al juez Pablo Ruz, haber realizado una pésima instrucción.

El fallo de la Sala revocando el auto de procesamiento contra los mandos de Interior se hizo público el pasado 22 de septiembre, pero los magistrados no concluyeron hasta ayer la redacción de los fundamentos jurídicos en la que basan su decisión. Los veinte folios del auto desacreditan sin paliativos la investigación del juez Pablo Ruz que dicen no fue ni “razonable” ni “coherente”. Los magistrados reprochan al instructor haber creído a pies juntillas las conclusiones a las que iba llegando el equipo investigador, al que considera también sospechoso de la filtración (las defensas de los imputados sostienen esta hipótesis), y haber desechado otras vías de investigación sin ninguna justificación.  La única concesión al instructor es que la hipótesis en la que sustenta su procesamiento es “quizá la más probable entre las posibles, pero en cualquier caso no de una certeza”, y que efectivamente, “existen indicios de criminalidad contra los acusados, pero que resultan insuficientes para sustentar su procesamiento”.

La Sala da por cierto que el chivatazo existió, y poco más. Así, cuestiona la interpretación que se ha hecho de la conversación que Joseba Elosua, dueño del Faisán, mantuvo en el interior de su coche con su yerno Carmelo Luquin, a quien contó que una persona desconocida le había entregado un móvil a través del cual otra le había alertado de la operación policial en marcha. El vehículo estaba balizado y la conversación quedó grabada, dejando al descubierto la filtración. El auto dice que es muy difícil “interpretar y extraer conclusiones” de dicha conversación porque transcurre “de forma confusa, desordenada, dispersa, deshilvanada, llena de cortes”.

El auto dice también que no es posible determinar si el chivatazo se produjo dentro o fuera del bar Faisán, o en otro lugar, y en el tramo horario investigado. También resta valor al hecho de que el inspector Ballesteros fuera grabado entrando el establecimiento, y considera que el hecho de que hablara con Enrique Pamies a la hora y lugar en el que los investigadores sostienen que se produjo el chivatazo, hipótesis aceptada por Ruz, “no es un elemento de verificación o corroboración de la hipótesis válido ni definitivo”.

Todos son sospechosos

Tampoco está probado para la Sala que los autores de la filtración fuesen policías porque, dice, “no resulta por principio descartable que esta información (la operación contra el bar que se iba a llevar a cabo esa mañana) pudiera estar en poder de otros sujetos”, entre los que cita a la Policía francesa, la Ertzaintza, la Guardia Civil y los servicios de información.

La Sala reprocha al instructor que solo haya tenido en cuenta las llamadas de teléfono realizadas a través de los operadores de telefonía móvil españolas, pero no las efectuadas a través de operadores franceses que pudieran dar cobertura al lugar donde se produjo la filtración

Los magistrados creen que el juez Ruz “se ha nutrido de material indiciario que le ha sido aportado exclusivamente por el equipo policial designado desde el inicio de la investigación”, pese a que los investigadores “están objetivamente afectados por la circunstancia muy relevante de su proximidad a los hechos o incluso de estar incursos en los mismos”. El equipo policial que acusó a la cúpula policial de la filtración era el responsable de la operación contra el bar Faisán, desde el que operaba una red de extorsión de ETA, circunstancia que las defensas han argüido en reiteradas ocasiones para descalificar su investigación y acusarlos de ser los autores del chivatazo y de haber hecho un montaje para culpar a sus superiores.

La conclusión final de la Sala es que “no se han agotado todas las posibilidades de investigación que la situación ofrece. Se ha seguido exclusivamente la hipótesis investigadora, con exclusión, a juicio de la Sala, de forma no suficientemente justificada, de otras vías o hipótesis posibles”, por lo que devuelve la causa a Pablo Ruz para que “complete la investigación en la forma que crea oportuna”.