Interior recortará el número de personas escoltadas pese a las críticas de Basagoiti

El Consejo de Ministros ha acordado llevar adelante un plan de ‘reordenación’ de los escoltas que en la actualidad vigilan a 1.600 personas amenazadas por ETA. El plan, que conlleva una bajada del número de personas que tendrán vigilancia del Estado, será efectivo en próximas fechas y busca ‘adaptarse’ a la nueva realidad tras el cese de la violencia anunciado por la banda. Una decisión similar fue duramente criticada esta misma semana por el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, cuando el lehendakari Patxi López anunció que se retiraban los escoltas a los viceconsejeros.

Las fuentes consultadas por Europa Press aseguran que se trata de un plan de reordenación en el que se evaluará cada caso y recuerdan que España es el país de Europa con mayor número de efectivos dedicados a la protección personal. Fuentes policiales consultadas han informado de que actualmente hay 1.600 personas escoltadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado con un coste anual de 160 millones de euros. El número de policías y guardias civiles dedicados a estas funciones de protección es de 2.650.

El plan ha sido una propuesta del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que se hará egectivo en las próximas fechas. Precisamente, desde el pasado domingo los viceconsejeros del Gobierno vasco han dejado de llevar escoltas, según anunció el pasado viernes el lehendakari, Patxi López. De esta forma, a partir de ahora únicamente llevan guardaespaldas López y los diez consejeros que conforman el Gobierno vasco.

Esta decisión sentó nada bien al líder del PP vasco, Antonio Basagoiti quien el pasado martes hizo público sus reparos por el fondo y la forma en la que se ha hecho. Dijo no compartir la decisión de retirar la escoltas a los viceconsejeros del Gobierno vasco, no sólo porque "puede parecer precipitada", sino por la forma en que se ha tratado en los medios de comunicación, porque "parece un anuncio publicitario más que de seguridad".

Tanto en el País Vasco como en Navarra, la mayoría de los efectivos dedicados a la protección personal de personas amenazadas pertenecen a empresas de seguridad privada cuyos servicios son sufragados por la Secretaría de Estado de Interior que ahora dirige Ignacio Ulloa. Además el Gobierno vasco también asume parte de esa dotación económica en su comunidad.

Así, en el País Vasco la Guardia Civil se encarga de la protección del delegado de Gobierno mientras que la Policía Nacional mantiene también algunos servicios específicos. Por su parte, la Ertzantza -'Berrozi'- se encarga de la protección del 'lehendakari', sus consejeros y hasta ahora de sus viceconsejeros. La Unidad de Acompañamiento de la policía autónoma vasca también tiene algunos servicios asignados.

No obstante, el grueso de la protección de amenazados por ETA recae sobre las empresas de seguridad de privada que cubren a miembros de la judicatura, la política, alcaldes, concejales, empresarios y algún periodista. En Navarra, la protección del Delegado del Gobierno la ejerce el Cuerpo Nacional de Policía mientras que es la Policía Foral la que se encarga de la seguridad del presidente de la comunidad y su Gobierno. El resto, también es competencia de la seguridad privada que sufraga el Ministerio del Interior.

En el caso de la comunidad foral afecta a un reducido grupo de diputados y senadores navarros y un parlamentario europeo, el presidente y el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) los rectores de las dos universidades navarras, algunos parlamentarios forales y casos aislados de alcaldes y concejales de esa comunidad.