La cúpula de Caixa Girona, implicada en una ‘ trama’ de créditos y facturas falsas

La inspección de la Generalitat sobre Caixa Girona ha dado resultados sorprendentes: en los últimos años, bajo la presidencia de Arcadi Calzada, los impagados se dispararon, se facilitaron créditos por millones de euros a altos cargos de la entidad, se externalizaron servicios que eran facturados por familiares o amigos de la cúpula directiva y se emitieron facturas falsas que no se correspondían con servicios prestados. Todo un cúmulo de irregularidades que pueden poner en un brete a la antigua cúpula directiva.

De momento, el juzgado número 2 de Girona ha reabierto una antigua causa -ya archivada en el año 2006- por nuevos indicios de irregularidades. Y todo esto a dos días de que se celebre la asamblea extraordinaria que habrá de aprobar la absorción de la entidad gerundense por parte de La Caixa.

El Confidencial ya había informado en exclusiva de algunas de las irregularidades halladas en la gestión de la caja (ver noticia). En un contundente informe, la dirección General de Política Financiera y Seguros destaca diversas incidencias en el control y seguimiento de los créditos, falta de control en los convenios firmados por la entidad a través de su obra social, descubiertos en las cuentas de tres altos cargos, y la facturación de suministros por parte de altos cargos, lo que es incompatible con la ley.

En total, Caixa Girona tiene un riesgo vivo de créditos facilitados a altos cargos de casi 40 millones de euros. Max Marcó, vicepresidente primero hasta junio del año pasado, es el que se lleva la palma, pues su holding de empresas adeuda a la caja casi 18 millones de euros. Le sigue Albert Berta, consejero que cesó en la misma fecha, con una deuda de 10 millones y Joan Pluma, también cesado, con algo más de 9 millones. El actual vicepresidente primero, Pere Cornellà tiene una deuda viva de 875.500 euros. También se detalla que algunos deudores, como Max Marcó, Jaume Torramadé (actual consejero) o Alfons Vázquez (consejero hasta el año pasado en representación de los empleados) mantenían descubiertos en sus cuentas, que en algún caso superaban un mes.

En el año 2006, una auditoría interna ya descubrió “graves irregularidades”, pero, según el último informe de la Generalitat, “no constan actuaciones de los máximos responsables” de la entidad para subsanarlas. Entre otras cosas, se denunciaban en esa auditoría las vinculaciones de algunos proveedores con altos cargos de la caja. Pero la reciente inspección descubrió también “facturas pagadas sin que el servicio haya sido prestado”, la inexistencia de un registro de cheques emitidos y sus beneficiarios y la concentración en una sola empresa, Imparce Barcelona, del 50% de las obras de arte compradas anualmente por la Fundación. El informe destaca también que cuatro personas vinculadas al patronato (su presidente, Arcadi Calzada, la ex directora Marta Franch, Arcadi Pla y María Bellido) facturaron entre 2005 y 2009 más de 300.000 euros indebidamente, ya que la ley no les permitía ser suministradores de la entidad.

Un proveedor con mucho arte

Especialmente interesante es la relación de Caixa Girona con la entidad Imparce Barcelona, propiedad de Antonio Álvarez Niebla y Emilio Calabrés Hernández. El primero es un conocido marchante que, según fuentes internas de la caja, era amigo personal de Arcadi Calzada. Ambos, además, se dedican profesionalmente a lo mismo. Pues bien, según la investigación de la Generalitat, Imparce Barcelona “es uno de los principales proveedores de obras de arte de la Fundación”.

En la sede de Cap Roig (Calella de Palafrugell, donde cada verano se realiza uno de los festivales de música más importantes de Cataluña), el 74% de las obras de arte fueron suministradas por el amigo del presidente. El negocio ascendió a más de 1,3 millones de euros. En la sede central de Caixa Girona, sólo el 25,44% de las obras de arte fueron compradas a través de Imparce (algo más de 400.000 euros). Pero, según el inventario, el 50,83% del inmovilizado total de obras de arte de la entidad provenía de este suministrador. O, lo que es lo mismo: surtió a la institución de obras de arte por valor de casi 1,8 millones de euros en los últimos años.

A lo largo del tiempo, sin embargo, las compras ascendían a mucho más, ya que, según un acta de la inspección fechada ya en el 2006, la Fundación “compraba anualmente obras de arte a esta empresa por 600.000 euros aproximadamente cada año y, concretamente, en el año 2003 se invirtieron 771.188 euros en cuadros y, en 2004, 533.605 euros”.

Por si fuera poco, en el año 2008 la Fundación Caixa Girona firmó dos convenios con Imparce: uno de ellos supuso el pago de 45.956 euros más IVA por la organización de la exposición “Fernand Léger, el cubista afable”. La organización de la misma exposición en Sevilla y Málaga le supuso otros 74.950 euros más IVA. Además, dice el informe, “Arcadi Calzada Saavedra vendió obras a la entidad a través de la galería de arte de su titularidad, facturando en este concepto durante el periodo 2005-2008 por importe de 141.139 euros (...) lo que sería contrario a lo que establece el artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley de Cajas”.

Intereses familiares y facturas falsas

Otra de las empresas bajo sospecha es AMR Publicidad y Edicions Gràfiques de Girona. Desde el 2005, estas compañías han estado facturando a Caixa Girona importantes cantidades: algo más de un millón de euros hasta el 2007 y entre 600.000 y 700.000 euros a partir de entonces. Ambas empresas, además, están en las mismas manos: Antoni Maria Rigau, que precisamente “es el cuñado del señor Salvador Carrera Comes, alto cargo de Caixa Girona”, dice el informe de la Administración.

El trabajo de estas empresas era insertar anuncios publicitarios en la prensa, “cuando se podrían haber contratado directamente los espacios sin necesidad de intermediario aguno”, señalan fuentes consultadas por este diario. Un documento de la Generalitat fechado a finales de julio pasado señala que ya en el año 2005 existían facturas mensuales de AMR Publicitat “de 1.508 euros en concepto de ‘apoyo técnico y trabajos’ donde el servicio se pagó pero no se llegó a realizar”.

La Generalitat destaca también otro dato ya apuntado en la auditoría interna: las empresas Tesa y Transarte, vinculadas a la ex directora de la fundación Marta Franch, facturaban periódicamente a la entidad. Pero el NIF asignado a las facturas no se correspondía con el de las compañías, sino con personas físicas. En unos casos, correspondían a Sandra Franch, hermana de Marta, y en otros, a Pedro Alonso Granados.