Los promotores valencianos ya no construyen: sólo aspiran a que su licencia sirva como aval de deuda

La Fiscalía y la Guardia Civil abrieron entre 2005 y 2008 hasta un total de 4.457 expedientes en 157 municipios por la construcción en terreno rústico no urbanizable. Sin embargo, no ha sido hasta el último año cuando han salido a la luz los principales escándalos urbanísticos, coincidiendo con la caída en picado del precio del suelo y de la vivienda; y haciendo que cientos de proyectos urbanísticos (130 millones de metros cuadrados y 25.000 segundas residencias por año) duerman el sueño de los justos en los cajones de la consellería de la Vivienda o la de Medio Ambiente (o sean vetados por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que esgrime la falta de agua para tanto uso urbano). Esto ha hecho que los promotores ya no quieran el suelo de sus proyectos urbanísticos y tan sólo aspiren a ver reconocida la licencia para utilizarla como aval para refinanciar su deuda.

El enfrentamiento político entre PSOE y PP en la Comunidad Valenciana a cuenta de urbanismo se remonta a la investigación iniciada en el Parlamento Europeo por los abusos denunciados en Bruselas por varios ciudadanos. Los socialistas españoles denunciaron varias veces ante el Parlamento Europeo que la responsabilidad era del gobierno de la Comunidad por mantener la legislación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV). Desde el gobierno autonómico popular se ha denunciado en varias ocasiones que el PSOE haya “alimentado las fieras” por meros intereses políticos. En la actualidad no hay demandas urbanísticas, pero la Fiscalía y la Confederación (dependientes del Gobierno por una parte y la Generalitat por la otra) continúan denunciando ilegalidades.

Las dos leyes urbanísticas citadas fueron desarrolladas en su día por Rafael Blasco, conseller de Obras Públicas del Gobierno socialista de Joan Lerma, a quien sucedió Esteban González Pons, que enmendó las posiciones radicales del anterior definiendo el urbanismo valenciano como “una sandía, roja por dentro y verde por fuera”.

Derrumbe del negocio inmobiliario

Empresarios promotores, como José Luis Miguel (Grupo Onofre), ya preveían en 2006 un cambio de ciclo. Pese a las peticiones de agilización de las licencias definitivas, apenas se han activado algunos de los 175 expedientes para la recalificación y ordenación de suelo que deben realizar ayuntamientos y promotores privados.

Planes urbanísticos como el de Marina d´Or Golf (Oropesa-Cabanes-Castellón), con dieciocho millones de metros a ocupar; el de Rabassa (Alicante), con casi cuatro millones; o el de Mestalla (actual campo de fútbol del Valencia) están atascados a falta de los últimos trámites legales.
Mientras tanto hay nueve casos denunciados por la Fiscalía con detenidos y encarcelados (Zarra, Montroi, Bigastro, San Fulgencio, Benitatxell, Polop, LLiber y Atzuvia) y hasta diez ayuntamientos con cargos públicos imputados  ( Catral, Olocau, Algorfa, Torrevieja, Oropesa, Caballes, Orihuela, La Vall de Laguar, Javea, Denia), con denuncias permanentes de corrupción entre PP y PSOE. A su vez el PSOE ha presentado una querella contra el PP por el caso Gürtel en la que implica a las empresas constructoras y promotoras Lubasa, Piaf, FACSA y Enrique Ortiz.